«Si (Parot) no fuera vasco estaría libre»

En setiembre de 2019, durante una visita de la ministra de Justicia gala, Nicole Belloubet, a Baiona, Jean-René Etchegaray criticó el bloqueo de la Fiscalía Antiterrorista a la liberación condicional de presos con 30 años de cárcel a sus espaldas. «Si no fueran vascos estarían libres», aseveró.

Casi un año después de que el presidente de la Mancomunidad Vasca pronunciara esas palabras, uno de los tres miembros del «comando Argala» de ETA condenados a cadena perpetua en el Estado francés –pena no asimilable al encarcelamiento de por vida al prohibir la legislación francesa la pena de muerte–, Frederic Xistor Haranburu abandonó la prisión de Lannemezan con férreas medidas de control judicial en una medida adoptada, tras 30 años de condena efectiva, como preparación para la liberación condicional.

Los casos de Ion Kepa Parot y de Jakes Esnal siguen en los laberintos de los tribunales franceses, y hasta del Palacio del Elíseo, ya que el presidente, Enmanuel Macron, tiene sobre su mesa una petición para activar la conmutación de pena.

Ello pese a que la sociedad vasca, con el apoyo de la mayoría política del norte del país, ha salido regularmente a la calle para pedir la excarcelación de los presos más veteranos.

Como este sábado en Arrasate, una marcha de 31 kilómetros unió el pasado 10 de julio la capital labortana con la localidad natal de Esnal, Donibane Lohizune. 600 personas caminaron, muchas de ellas portando el peto azul de los Artesanos de la Paz, para pedir la excarcelación de Ion Kepa y Unai Parot y de Jakes Esnal.

Sin polémicas inducidas ni contraprogramaciones. Y es que a ninguna formación política al norte del Bidasoa se le ocurría compartir agenda con la ultraderecha, por cierto, el único sector político que se ha quedado fuera de esa mayoría sociopolítica multicolor que, desde la diferencia, rema en Ipar Euskal Herria en favor del proceso de construcción de la paz y la convivencia, desde la Declaración de Aiete.

A nadie a orillas del Errobi se le ocurriría adosar a los monumentos de memoria a un colaborador de la Gestapo. No encontrarán patrones para un museo del olvido, aunque a París le quede, obviamente, mucho recorrido por hacer para hacer la luz sobre sus responsabilidades, sin ir más lejos, en la llamada guerra sucia.

Volviendo a las palabras del también alcalde de Baiona, Etchegaray tachó de inaceptable la actitud de la Fiscalía de retener a los presos con largas condenas a sus espaldas.

Y no dudó en sumarse a centenares de ciudadanos a la hora de clausurar con un muro simbólico la entrada de la Subprefectura de Baiona un 19 de setiembre de 2020 para protestar con más fuerza si cabe contra la «condena a muerte encubierta que se aplica a los presos vascos».

Sin olvidar mencionar, como lo hace siempre, a las víctimas, aseguró que ese bloqueo, que no permite todavía hoy reparar algunas de las consecuencias más dolorosas del conflicto, «es ajeno al proceso de paz y hasta al curso de la historia».

Es más, envió al Ministerio público un recado advirtiéndole de que al optar por imponer «no una, ni dos, sino una triple pena a los presos» asumía el riesgo de «poner en peligro el clima de paz social logrado en Euskal Herria».

¿Triple pena? Con una dilatada carrera como letrado a sus espaldas, aclaró la innovación conceptual al aseverar que esos presos a los que se mantiene en prisión pese a reunir desde hace años las condiciones que marca la ley ordinaria para acceder a la liberación condicional «de no ser vascos, estarían en libertad». Palabra de un lehendakari.