Urkullu apela a que un texto de Nuevo Estatus tiene que tener garantías de salir en Madrid
El lehendakari ha señalado en el Parlamento que «el derecho a decidir no está regulado jurídicamente», ha recordado los impedimentos del TC a la Ley de Consultas y, por ello, ha concluido que el acuerdo sobre un Nuevo Estatus «debe ofrecer un camino efectivo y con garantías a la ciudadanía»
La cuestión sobre el Nuevo Estatus y el derecho a decidir está de nuevo en el debate entre lo que pueda querer la mayoría de la ciudadanía vasca expresada en sus propias instituciones y en una consulta, y lo que tiene garantías de ser finalmente aprobado en Madrid. Y el lehendakari ha apostado hoy por «huir de las definiciones maximalistas del derecho a decidir para pasar a una concreción específica que evitaría especulaciones e imprecisiones», por ofrecer «un camino efectivo y con garantías de destino de la ciudadanía».
En esta ocasión, Iñigo Urkullu ha vuelto a poner un nuevo concepto ante la opinión pública: «pacto de ejercicio de soberanía compartida». Y ha pedido que no se desprecie ninguno de «estos conceptos, todos son importantes».
El debate se ha suscitado por una iniciativa de Maddalen Iriarte que ha recordado al lehendakari que en julio de 2018 PNV, EH Bildu y en buena medida Elkarrekin Podemos acordaron las bases y principios para la redacción de un Nuevo Estatus Político con dos bases: los derechos históricos y el principio democrático. Ha apuntado que ve «con preocupación» que Iñigo Urkullu sí hace en sus intervenciones referencia a los derechos históricos pero no hace mención al derecho a decidir, por ello le ha cuestionado directamente si cree que ese derecho a decidir debe ser un elemento imprescindible del Nuevo Estatus.
Sin responder al núcleo de la pregunta, el lehendakari ha admitido las dos bases, derechos históricos y principio democrático, y ha apuntado que entiende el derecho a decidir como una materialización del principio democrático y que no hay argumentos para ir en contra de que la sociedad pueda decidir libremente su futuro.
Iriarte: «¿Por debajo del Nuevo Estatus de 2004?»
Maddalen Iriarte ha vuelto a tomar la palabra y ha puesto sobre la mesa «¿para qué aprobamos las cosas en este Parlamento? ¿Qué valor le damos?». Pero también le ha cuestionado abiertamente al lehendakari «¿qué valor tiene su palabra?», porque «en 2013 puso 2020 como límite para lograr el derecho a decidir». Ha querido saber también si entiende que en la modernización de los derechos históricos está el derecho a decidir.
En cuanto a las continuas apelaciones de Iñigo Urkullu a que se llegue en el Parlamento a un acuerdo desde la diversidad, le ha recordado que ya lo hubo en julio de 2018. Ha repasado párrafos del prólogo que la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha escrito en el libro ‘La erosión silenciosa’, en el que se detalla la forma en la que el Estado está erosionando el Estatuto e incluso las competencias ya transferidas. Y ha planteado si lo que se pretende es que se redacte un Estatus sobre el que dentro de unos años se escriba un libro similar o si se va a dar cauce al derecho a decidir para dar respuesta a los retos de este pueblo. «¿Se pretende un pacto por debajo del Nuevo Estatus de Ibarretxe?» que se aprobó en 2004, ha preguntado.
La portavoz de EH Bildu ha llamado la atención sobre que desde el PNV se está planteando «si hay agua en Madrid» para iniciar los trabajos del Nuevo Estatus. Maddalen Iriarte ha puesto el acento en que «donde sí hay agua es en este Parlamento, en las Juntas Generales, en los ayuntamientos, en la mayoría sindical y en amplios sectores de esta sociedad, que son a quienes nos debemos».
Urkullu: «Huir de maximalismos»
En su respuesta a Maddalen Iriarte, el lehendakari ha afirmado que «la cuestión no es el decidir sino el cómo hacerlo para poder materializarlo». Ha recordado que «el derecho a decidir no está regulado jurídicamente. Como bien sabe, este Parlamento aprobó una Ley de Consultas y se recurrió al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional emitió un dictamen desfavorable». Sobre esa base, Iñigo Urkullu ha concluido que la «labor de este Parlamento es acordar la articulación jurídica para que la ciudadanía tome la decisión, para ofrecer un camino efectivo y con garantías de destino de la ciudadanía».
Ha sostenido que «creo que en el tiempo y contexto político institucional y social en el que vivimos el llamado derecho a decidir debe basarse en el logro de un pacto político e institucional que luego deberá ser refrendado por la ciudadanía». Y es ahí donde ha incidido en que «para poder afrontarlo habría que huir de las definiciones maximalistas del derecho a decidir para pasar a una concreción específica que evitaría especulaciones e imprecisiones».
No ha hablado de consulta habilitante
La posición del lehendakari es que «la diversidad es un valor que hay que proteger y fomentar. Creo que es posible avanzar en un Nuevo Estatus, aprovechando la pluralidad que refleja este Parlamento». «Creo que es posible llegar aquí a un acuerdo institucional, para que después, la sociedad, vía referéndum, decida» ha afirmado.
Leídas estas palabras de forma literal, parecería que el lehendakari está apostando por que lo acordado en el Parlamento de Gasteiz sea llevado directamente a consulta ciudadana, sin pasar antes por las Cortes, como recoge la fórmula para la reforma de los estatutos. Sería un apoyo decidido a la llamada «consulta habilitante» que zigzaguea unas veces sí y otras no tan claramente, en las propuestas del PNV.
Sin embargo, fuentes de Lehendakaritza consultadas por NAIZ precisan que Iñigo Urkullu no ha dicho eso. Añadiendo que en este momento no se ha pronunciado directamente y que si alguna vez quiere hacerlo, ya lo hará.