La ANC y Òmnium, señaladas por la Fiscalía por sedición

Los últimos detenidos del miércoles recobraron ayer la libertad con cargos, mientras el Estado sumó una nueva querella contra el 1-O. En este caso por sedición, y apuntando directamente a las entidades soberanistas.

Día de calma tensa en Catalunya, donde el silencio apenas consigue imponerse ante la avalancha de rumores sobre las próximas operaciones del Estado. La sonrisa se mantiene, pero la tensión existe. Serán las fiestas de La Mercé más raras en Barcelona, esa ciudad con «un compromiso con la vida colectiva, con un nosotros sin nombre, hecho de todos nuestros nombres». Son palabras de la filósofa Marina Garcés, que ayer leyó el pregón de los festejos. Un buen asidero en tiempos acelerados.

Porque el mambo –o el rock&roll, como prefieran–, siguió ayer. El portavoz del Gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, rescató del baúl de los diccionarios la palabra «tumultuaria» para definir la movilización ciudadana de respuesta a la macrooperación del pasado miércoles. No fue casual, ni mucho menos. La barroca palabra se encuentra también en el artículo 544 del Código Penal, que es el que regula el delito de sedición –hasta 15 años de pena de prisión–: «Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes». Apenas una hora más tarde, cosas de la separación de poderes, la Fiscalía presentó una nueva querella precisamente por dicho delito. En este caso, por las movilizaciones ciudadanas que el miércoles pasado respondieron a la macrooperación de la Guardia Civil.

La presentó la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se apunta a una fiesta en la que ya están el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y el Tribunal Constitucional. La denuncia no se dirige personalmente contra nadie, pero apunta directa y explícitamente a los dirigentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Sugiere que están detrás de la manifestación «tumultuaria» que impidió la salida de la Guardia Civil del departamento de Economía y que destrozó los vehículos del instituto armado allí aparcados.

Los rumores y las especulaciones corren como la pólvora estos días, y entre ellos tiene un lugar destacado la posible detención de Sànchez y Cuixart. El riesgo parece evidente. Ayer, el primero denunció la constante vigilancia a la que la sede de la ANC está sometida por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) –vaciaron de material de propaganda del 1-O su sede–, mientras que el segundo se refirió directamente a la posibilidad de ser detenido: «No tenemos ninguna vocación de martirio y tenemos la conciencia muy tranquila, pero si caemos nosotros, nuestro lugar lo ocuparán otros. Tenemos mucha gente detrás».

Detenidos en libertad

Cuixart realizó estas declaraciones en el Arc del Triomf, donde ayer dieron por finalizada la movilización permanente, después de la puesta en libertad (con cargos) de los detenidos el miércoles, tres de los cuales declararon ante el juez. Caras cansadas y momentos de emoción. ¿Quién se imaginaba hace una década, o menos, que dirigentes del Govern se encontrarían en esta tesitura?

Entre los liberados, el número dos del vicepresident, Josep Maria Jové, que ha recibido por partida doble. Mientras estaba detenido, el TC le impuso una multa diaria de 12.000 euros por seguir organizando el referéndum pese a estar suspendido. Ayer el Govern anunció que cesó a Jové de su cargo como secretario general de Economía «para protegerlo».

Las multas han hecho mella también sobre la Sindicatura Electoral, cuyos cinco miembros fueron multados con otros 12.000 euros diarios –y con 6.000 los miembros de las Sindicaturas comarcales–. Ayer el Govern les pidió que, realizada la mayor parte de su trabajo, que consistía en desplegar la logística del referéndum, se disolviesen y trasladasen las tareas de vigilancia del proceso electoral a las entidades de observación. Algo que tendrá que detallarse mejor en los próximos días. De momento, ayer Junqueras aseguró que ya habían realizado el núcleo principal del trabajo encargado.

Para quien el dinero no es un problema, por lo que parece, es para el Ministerio de Interior. Según se supo ayer, el coste de los barcos en los que se alojan las FSE –sí, el buque con el dibujo de Piolín– cuestan a las arcas públicas 300.000 euros diarios.

Algo que el ministro, José Ignacio Zoido, parece que tratará de justificar enviando más policías y guardias civiles a Catalunya. Así se lo hizo saber ayer al consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, que aseguró que «ha decidido desplazar a Cataluña unidades de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». «Actuarán en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal», añadió. Por su parte, Forn consideró que «están preparando la intervención encubierta de los Mossos».

Los apuntes del día

Yogures en vez de urnas

No hay que restar importancia al despliegue de las FSE, pero tampoco conviene renunciar al humor. Tras el buque de Piolín, ayer la Guardia Civil entró en una empresa siguiendo una falsa pista que no era más que una broma de Whatsapp: en vez de urnas descubrieron embalajes de yogures.

ERC reformula el mensaje de campaña

«Rajoy o República». Es el nuevo lema de la campaña de ERC, adoptado ayer tras la escalada represiva. «La situación nos ha empujado a hacer este cambio; esto ya no va de independencia, va de democracia, de derechos civiles», explicaron. Una forma de tratar también de ensanchar el 1-O.