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Concentración en Bilbo por unas sanciones impuestas por protestar contra el BBVA

La Plataforma contra el BBVA y los colectivos que impulsan la campaña EHk Kapitalari Planto! han llevado a cabo una concentración ante los juzgados de Bilbo para denunciar las sanciones impuestas en aplicación de la Ley Mordaza a raíz de una protesta en la Junta de Accionistas del BBVA.

La protesta ha tenido lugar ante la sede del BBVA. (Oskar MATXIN / FOKU)

Activistas de los grupos que forman la Plataforma contra el BBVA y los colectivos que impulsan la campaña EHk Kapitalari Planto! se han concentrado este lunes ante los juzgados de Bilbo con motivo del juicio por las sanciones puestas a unas personas que en marzo de 2019 tomaron parte en una protesta con motivo de la celebración de la Junta de Accionistas del BBVA que anualmente tiene lugar en el Palacio Euskalduna.

El objetivo de aquella protesta era «denunciar que los beneficios del BBVA estaban, y siguen estando, ‘manchados de sangre’», ya que «el BBVA es el banco español que lidera las inversiones en industria armamentística, financiando empresas productoras de diferentes tipos de armas que posteriormente son utilizadas en diversas guerras, provocando la muerte y el desplazamiento forzoso de millones de personas a lo largo y ancho del mundo».

A consecuencia de aquella movilización, seis personas «fueron sancionadas por la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco utilizando la Ley Mordaza». Las sanciones fueron recurridas «por entender que la protesta y la movilización social son derechos fundamentales de la ciudadanía».

Además de denunciar la ligazón de este banco con la industria bélica, la Plataforma contra el BBVA ha subrayado que «a pesar de haberse beneficiado de más de 13.000 millones de euros del rescate bancario, la entidad ejecuta cada año centenares de desahucios que afectan a los sectores de población más dañados por la crisis económica».

Asimismo, ha añadido que la entidad bancaria con sede en Bilbo «forma parte del bancario que presiona para profundizar en la privatización de las pensiones» y «financia macroproyectos extractivistas con gran impacto social y medioambiental por todo el planeta».