Colectivos antidesahucios exigen la retirada de dos demandas contra inquilinos en Donostia
Varios colectivos antidesahucios han exigido la retirada de las dos demandas de desahucio presentadas en noviembre contra sendas familias del barrio donostiarra de Ategorrieta por finalización de contrato e impago de rentas, respectivamente. En situación similar se hallan otros cuatro inquilinos.
Las plataformas Inquilinos Azora, Stop Desahucios y Alokairu Benta-Berri han dado cuenta de las demandas de desahucio que pesan sobre dos familias de Donostia, ambas residentes en el barrio de Ategorrieta.
Según han explicado en un comunicado, uno de los casos afecta a «una familia monoparental vulnerable con cuatro hijos menores y receptora de la RGI, que tiene fijado el desahucio para el 3 de marzo».
Además, representantes de estos colectivos se han reunido este viernes con los grupos municipales para informarles de esta situación y para solicitar que, en cumplimiento de la moción aprobada en el pleno de setiembre, la Corporación «intermedie con I.V.-Azora, no solo para evitar la subida impagable del 33% de los seis inquilinos con los contratos finalizados, sino para impedir estos desahucios y otros que puedan venir por finalización de contratos y/o impago de rentas de inquilinos vulnerables».
Han recordado que, desde julio, I.V.-Azora ha enviado seis burofaxes a «inquilinos con ingresos modestos» de las viviendas propiedad de este fondo de inversiones en Ategorrieta anunciándoles el vencimiento de sus contratos, que finalizaban entre agosto y noviembre, ofreciéndoles uno nuevo con un 33% de subida sobre los que están abonando, que oscilan entre 750 y 900 euros. De no aceptar, tendrían que «desalojar las viviendas alquiladas sin reformar ni amueblar».
Ante la negativa de estos seis inquilinos, que «siguen pagando la renta y no las abandonan», en noviembre Azora presentó la primera demanda contra aquel cuyo contrato había sido el primero en finalizar, el 31 de agosto.
A continuación, ha interpuesto la demanda por impago de alquileres contra una mujer con cuatro hijos menores que, «como consecuencia del covid, desde marzo de 2020, dejó de pagar la renta de una vivienda interior sin reformar, por la que paga 890 euros de alquiler».