«SOS Aiaraldea», unidos para avanzar en derechos

Tras el plante de los trabajadores de Tubacex ante más de un centenar de despidos, las movilizaciones no se han detenido en Aiaraldea. Sectores muy diversos han unido sus luchas en torno a ocho puntos para avanzar en derechos, que son los que construyen futuro.

En los últimos meses Aiaraldea ha sido noticia a modo de telón de fondo de la huelga de Tubacex, un conflicto que ha captado la atención por la unidad demostrada por la plantilla y por las sinergias con otras plantas, sectores y movimientos populares. Alcanzado el objetivo, detener los despidos, el conflicto se ha cerrado, pero la respuesta social en las calles no empezó ni se ha cerrado con esta histórica huelga. La prueba es un vídeo tras la movilización en Urduña, en el que trabajadores con distintos ‘buzos’ resaltan que «la huelga indefinida de los trabajadores de Tubacex ha sacudido Aiaraldea» pero «no todo es Tubacex, no solo es Tubacex».

La movilización en la calle se ha avivado al calor de una dinámica de escucha activa de la situación por la que atraviesan distintos sectores, de la puesta en común de sus problemáticas y de su difusión y socialización a través de Aiaraldeko Greba Batzordea. Agentes sindicales, comités, movimiento feminista, jóvenes, pensionistas, comerciantes, trabajadoras del sector de cuidados, estudiantes, baserritarras... siguen activados en la lucha por un futuro digno, para «poder estudiar, vivir y trabajar en Aiaraldea». Todas esas voces se han unido en un llamamiento a «no arrodillarse» ante el mantra de que la precariedad en el trabajo y en los servicios es consustancial a tiempos de crisis. Tampoco aceptan que se asuma el desmantelamiento industrial como inevitable. «Hay empresas que han desaparecido o amenazan con despidos después de ingentes beneficios y ayudas públicas, por un calculo de beneficios», resaltan.

A raíz de la huelga general de enero de 2020, un diagnóstico común y una movilización compartida por sindicatos, movimiento feminista y de pensionistas, junto a trabajadores de distintos ámbitos, comenzó a poner en relación, a través de Aiaraldeko Greba Batzordea, todas las problemáticas que afectan a las expectativas de futuro, especialmente para los más jóvenes. La tasa de paro en este colectivo se sitúa alrededor del 40%.

Tras la huelga, la llegada de la pandemia dejó a Aiaraldeko Greba Batzordea en una especie de standby, pero con las señales de alarma encendidas, y la mirada puesta especialmente en las altas tasas de siniestralidad que ya se estaban registrando en la zona y en la delicada situación de varias empresas.

«Allá donde mirabas veías una situación de precarización que hacía prever que iban a estallar conflictos», comentan participantes en Aiaraldeko Greba Batzordea en conversación con NAIZ en Amurrio. Durante la entrevista, a raíz de la dinámica de lucha que acaban de poner en marcha en torno a los puntos de emergencia, comentan que los motivos de la última huelga tenían fotografías claras en Aiaraldea. Unidas todas ellas, la panorámica era preocupante, porque muestra una deriva sin freno, según indican.

En un escenario de precarización generalizada de las condiciones de trabajo, la otra luz de alarma en la zona tiene que ver con una de sus expresiones, la siniestralidad laboral hasta tasas que no se conocían. En los últimos cuatro años, once personas han muerto en accidentes de trabajo en la zona y dos vecinos de Aiaraldea en municipios cercanos, pero 2020 fue un año especialmente trágico. Cinco trabajadores perdieron la vida en accidente laboral en la comarca.

«En los últimos años ha sido una masacre, como resultado de unas condiciones de trabajo cada vez más precarias, hasta en Tubacex, y en algún caso, como en Zorroza, en situaciones de explotación, por lo que contaban compañeros». Uno de los fallecidos en Tubacex era un trabajador de 21 años, con contrato de prácticas. Se da la circunstancia de que jóvenes de la comarca han sido procesados recientemente por denunciar estas muertes y uno de ellos sancionado con más de 4.000 euros tras rociar con pintura roja la planta de Laudio. «Lo volveríamos a hacer» mantienen ambos jóvenes, militantes de Ernai, en un vídeo difundido en redes, en el que defienden el derecho a la protesta ante una realidad que no puede normalizarse.

Sanciones por protestas, carteles...

El caso no ha pasado desapercibido en las mismas redes, en las que usuarios han destacado que mientras el sistema permite que se den condiciones de precariedad que pueden llegar a acabar con la vida de trabajadores, se persigue y se castiga la protesta; pero también la denuncia a través de carteles. En Laudio, la nueva ordenanza de limpieza del Ayuntamiento, gobernado por PNV y PSE, fija multas de hasta 1.500 euros por colocar carteles, con la que ya se ha sancionado, por ejemplo, al movimiento feminista.

No será a través de carteles, pero ya está en las redes y en unos días, encabezado por un «SOS Aiaraldea», llegará a las casas el documento consensuado multitud de agentes, resultado de un proceso de escucha de distintas problemáticas y recopilación de realidades, que lleva meses en marcha, y que no se ha limitado al sector industrial. Detrás hay varias rondas de conversaciones con múltiples agentes, deteniéndose de forma particular en los más precarizados y menos visibilizados, los sectores feminizados.

Con el impulso del movimiento feminista, dos sesiones en plena calle, micrófono en mano, han dado voz a testimonios de trabajadoras que han podido contar en primera persona cómo se trabaja en algunas residencias privadas, qué está pasando en la ayuda a domicilio y hasta dónde llegan, por ejemplo, las infracondiciones de trabajo a las que se ven sometidas mujeres migradas. En estos encuentros han participado trabajadoras que secundaron la huelga de residencias en Bizkaia y del colectivo Trabajadoras No Domesticadas para explicar sus experiencias de lucha. «El sector de los cuidados es amplio y las condiciones muy diferentes, pero hay ámbitos como el de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, en el que los testimonios son impactantes, y además trabajan solas, no tienen ninguna articulación, así que estos encuentros tienen también una parte de reconocimiento y de acercamiento a personas que no tienen ninguna red de apoyo y que ahora tienen al menos una conexión», señalan.

De hecho, resaltan que al cobijo de Aiaraldeko Greba Batzordea se han generado redes de apoyo y solidaridad. Según precisan, «no es un instrumento para resolver un determinado conflicto», la función es más «acompañar y solidarizarse con una lucha que en un momento dado puede ser particular pero cuyos fines son compartidos y respaldados en defensa de derechos, de condiciones dignas..., e informar y decidir de forma asamblearia cada paso que se va a dar».

Una de las fortalezas de la plataforma ciudadana es, precisamente, el alcance de su difusión en redes, desde donde se informa de las movilizaciones y de las asambleas. «Normalmente son cada quince días, y se celebran en la calle, en las plazas, donde todo el mundo tiene abiertas las puertas», remarcan. Es la dinámica que han seguido en el último año y que ha dado lugar a encierros, por ejemplo, para impulsar una reflexión colectiva.

Ahora mismo hay dos conflictos laborales en la zona con movilizaciones en la calle, la huelga de Artiach por un convenio digno y las protestas de las trabajadoras del centro residencial para personas con discapacidad de las Madres Mercedarias. En paralelo, hay otra protesta que afecta al sector primario en primera instancia, pero que está siendo también contestada a nivel comarcal en defensa de las pequeñas explotaciones y los productos locales frente a la clausura del matadero de Laudio decidida por el gobierno municipal, pero con afección para toda la comarca.

Por ello, el documento que han consensuado empieza exigiendo inversiones en el sector primario, una apuesta por la producción de kilómetro cero, además de la reapertura del matadero. Reclaman el desarrollo de un plan para la recuperación del empleo, con impulso específico a la contratación de residentes en la comarca y en particular de mujeres, e inversiones urgentes en sectores castigados por la crisis como hostelería, comercio o cultura. Entre los ochos puntos, se recoge la demanda de pensiones públicas y dignas sin recortes ni privatizaciones, y medidas concretas y compromisos reales para acabar con la extrema precariedad de los sectores feminizados.

Mirando a los servicios públicos, la tabla de demandas que han suscrito un abanico de muy diferentes agentes exige acabar con la privatización para dignificar las condiciones de trabajadores y usuarios y emplaza a inversiones y medidas reales en educación, cuidados o sanidad, entre otros. El documento reclama garantizar el derecho a una vivienda digna, la intervención en los alquileres privados y la ampliación de alquileres públicos, y apunta también la necesidad de un plan de empleo para jóvenes.

Desde los pabellones en ruinas de Somolsa, una más de una extensa relación de cierres, distintos sectores han dejado sentado de forma coral que no van a «permitir que la comarca tenga como propósito favorecer a las empresas y a las empresarias». «Quieren hacernos creer que pueden despedirnos, como hicieron en Valvospain? ¿Quieren comprar nuestro silencio, como hicieron en Tubacex? ¿Quieren abandonarnos igual que hicieron en Lipmesa, Gama o Somolsa?», han planteado en un emplazamiento a instituciones, con alusión a que no cabe ya la resignación como respuesta.