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Eguesibar tendría que devolver todas las multas de tráfico gestionadas por una empresa privada

Aunque se ha mostrado dispuesto a devolver las multas por exceso de velocidad registradas en la avenida Unión Europea, el Ayuntamiento de Eguesibar tendría que abonar todas las sanciones gestionadas por una empresa privada, ya que tienen errores de tramitación, según el TAN.

Imagen de la avenida Unión Europea, donde se instaló el radar que generó las multas declaradas nulas por el TAN. (AYUNTAMIENTO DE EGUESIBAR)

El Ayuntamiento de Eguesibar tendría que devolver todas las multas de tráfico gestionadas por una empresa de tráfico que se encarga de esta cuestión, ya que tienen un error en su tramitación que las hace nulas, según ha recogido en una resolución el Tribunal Administrativo de Nafarroa.

La cuestión de las multas por exceso de velocidad lleva más de un año generando un profundo malestar entre el vecindario de Eguesibar. Sin hacer ninguna campaña informativa y sin contemplar otras opciones para el calmado del tráfico, el Consistorio gobernado por Navarra Suma se decantó por instalar un radar en la avenida Unión Europea, «a sabiendas de que por ahí pasa muchísima gente y que iba a recaudar muchísimo dinero», recuerda Ainara Gonzalez, concejala de EH Bildu en este Ayuntamiento.

Y las previsiones se cumplieron, con un volumen tan elevado de sanciones que hasta la asociación vecinal Urbi creó una guía para asesorar sobre la cuestión de las multas de radar móvil en Sarriguren.

Lo hacía ante «lo que consideramos una abusiva actuación municipal». Así califica el hecho de que «cada vez más se da el caso de la puesta en marcha en muchos ayuntamientos de un sistema de control de velocidad de tráfico por medio de radares instalados en coches camuflados». Fórmula a la que se llega a recurrir incluso en «grandes localidades que disponen de Policía Municipal propia».

Y lo hacen a pesar de que «el sistema de multas por radares móviles es una perversión y una mala práctica administrativa». Según explica Urbi, ese sistema consiste en contratar a una empresa privada que dispone de un radar homologado y verificado periódicamente que lo camufla en un vehículo particular y que coloca en lugares diferentes para detectar infracciones por exceso de velocidad que queda reflejado en una fotografía del momento.

Pero es que, además, la empresa «se encarga de toda la tramitación administrativa de los expedientes sancionadores: recabar los datos del vehículo y de la persona titular; elaborar y notificar el boletín de denuncia; incluyendo la contestación a las posibles alegaciones y recursos que puedan presentarse».

Esta fórmula supone que «al Ayuntamiento no le cueste un euro, pues la empresa privada cobra un porcentaje sobre las multas cobradas. Y en esto consiste una mala práctica administrativa, pues la función sancionadora de la administración no puede ser delegada en una empresa privada, y lo que se hace es un paripé, apareciendo el jefe de la Policía como instructor y la alcaldesa como el órgano sancionador, cuando en la realidad no intervienen para nada, ni siquiera los servicios jurídicos municipales en los casos de recursos, siendo la empresa privada la que hace todo».

En estos aspectos radica precisamente el talón de Aquiles del sistema, tal y como ha puesto en evidencia el Tribunal Administrativo de Nafarroa a la hora de resolver el rosario de recursos interpuestos por conductores afectados por las multas.

Un radar no puede ser «sujeto denunciante»

En su resolución sobre esta cuestión, destaca que la correspondiente denuncia analizada «no cumple con los requisitos establecidos al no constar identidad alguna del denunciante», ya que el documento está «sin firma alguna» y «sin que conste la identidad de quien formula la denuncia».

Algo así no es posible, recalca el tribunal, ya que «alguien debe ser el denunciante, sin que pueda ser el sujeto denunciante el radar que ha captado la fotografía del vehículo. Y las denuncias anónimas no se admiten».

Así está respondiendo el TAN a todos los recursos presentados y por ese motivo, el Ayuntamiento de Eguesibar decidió asumir por primera vez el problema que tenía entre manos con esta cuestión. A finales de enero anunció que devolverá el importe, casi 70.000 euros, de las 1.400 multas por exceso de velocidad impuestas basándose en las fotografías del radar instalado en la avenida Unión Europea entre setiembre y diciembre de 2020.

Le ha costado lo suyo, puesto que ya en febrero de 2021, EH Bildu advirtió al equipo de gobierno de Navarra Suma de que se habían detectado irregularidades en las denuncias.

Entonces el PSN planteó que se solicitara un informe al respecto a una entidad independiente. La propuesta salió adelante en Pleno y cuando ese informe recogió las irregularidades, NA+ reaccionó encargando un contrainforme a la misma empresa que gestiona las sanciones, que, como era de esperar, negó el problema. Entonces fue cuando el equipo de Gobierno decidió esperar a la resolución del TAN, que finalmente ha ratificado el carácter nulo de las multas.

El radar de Olatz

Pero esa nulidad afecta a todas las sanciones, no solo a las relacionadas con la avenida Unión Europea, ya que en su resolución, el TAN «no habla de una avenida concreta o de un periodo concreto», así que afecta a todas las que cuenten con ese defecto.

Ainara Gonzalez recuerda que en Olatz se puso un radar del mismo tipo y que en las sanciones impuestas en esa zona que han podido estudiar también aparecen los mismos errores. Por lo tanto, su importe debería abonarse a pesar de que el Consistorio de Eguesibar no ha hecho ninguna mención a las mismas y cuyo volumen total se desconoce, porque «el Ayuntamiento no tiene los expedientes, que obran solo en poder de la empresa, lo que pone en evidencia su nulo control sobre los mismos».

EH Bildu considera que el Consistorio no puede mirar hacia otro lado con esas otras denuncias y que debe actuar de la misma forma, es decir, devolviendo el importe, «porque el TAN ya ha fallado al respecto y no entregar ese dinero supone recaudarlo indebidamente». Por ello, la formación abertzale apunta que «el Ayuntamiento debe revisar los expedientes y declararlos nulos».

Los afectados siempre tienen la posibilidad de reclamar la devolución a través de una instancia, «porque ya hay una sentencia y el Consistorio no puede decir no», pero «no debería ser así. Lo lógico es que el Ayuntamiento dé el paso», señala Gonzalez.

Anulación de todas las multas

De hecho, así se acordó en la sesión plenaria celebrada este martes a través de una enmienda que apoyaron todos los grupos, salvo NA+ que se abstuvo, y en la que se pide la «anulación de oficio de todas las multas que contengan la irregularidad que el TAN dice en su resolución, la carencia de firma del instructor».

Una vez resuelta esta cuestión, todavía quedaría una última derivada: la responsabilidad de la empresa que gestiona las sanciones. El equipo de Navarra Suma ya ha anunciado que se las va a exigir y desde EH Bildu consideran que «debería devolver el tanto por ciento que se lleva de las multas, más los gastos que ha ocasionado lo ocurrido, por ejemplo, en correos».

En cualquier caso, desde la formación abertzale tienen claro que en este escándalo de las multas por exceso de velocidad en Eguesibar hay «una responsabilidad compartida del equipo de gobierno, por dejación de funciones, y de la empresa, por mala gestión».