Nafarroa y la CAV, aún sin presentar informe de abusos eclesiásticos en este día límite
La Fiscalía General del Estado español continúa a la espera de que los fiscales superiores de las comunidades autónomas envíen sus informes con las denuncias y querellas en curso sobre abusos sexuales a menores en instituciones religiosas.
Los fiscales superiores de las comunidades autónomas apuran el plazo, que vence este lunes, para remitir a la Fiscalía General del Estado español sus informes con las denuncias y querellas en curso sobre abusos sexuales a menores en instituciones religiosas.
En su oficio del pasado 31 de enero, el Ministerio Público daba un plazo de díez días a los 17 fiscales superiores autonómicos para el envío de toda la documentación relativa a procedimientos «incoados tanto en sede judicial como fiscal».
Sin embargo, todo apunta a que Fiscalía será flexible con los tiempos, ya que no todos los fiscales superiores han podido entregar sus documentos y la propia fiscal general, Dolores Delgado, admitió la semana pasada que no se sabe cuándo se podrá disponer de la información, precisamente por ser laborioso obtenerla.
Hasta la fecha, han cumplido con el trámite los fiscales autonómicos de Castilla-La Mancha, Alicante, Extremadura, Asturias, Baleares, Galicia y Canarias.
Galicia es con siete, hasta el momento, la comunidad que más asuntos penales tiene en trámite en los juzgados de instrucción sobre delitos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.
Le siguen Baleares, cuyo fiscal superior, Bartomeu Barceló, ha informado de que hay cinco investigaciones en marcha en esta comunidad, los mismos de los que notificó el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández. El fiscal superior de Canarias, Luis del Río, remitió su informe con dos casos abiertos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y ningún caso en Las Palmas.
En Euskal Herria
Mención aparte merece el caso de Nafarroa, donde a falta del informe oficial del fiscal superior, la semana pasada se hizo público un documento, realizado por la UPNA por encargo del Gobierno de Iruñea, que ha identificado a 31 agresores y 59 víctimas que son «la punta del iceberg».
En cuanto a la CAV, la Fiscalía adelantó el 2 de febrero que presentarían su informe pero no concretó cuántos casos incluía hasta la fecha.