El Tribunal de la Unión Europea avala el castigo financiero a Polonia y Hungría

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de derecho, y ha rechazado el recurso conjunto de Hungría y Polonia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este miércoles el mecanismo para condicionar el desembolso de fondos comunitarios al respeto de los valores y principios del Estado de derecho tras rechazar los recursos de Hungría y Polonia.

El tribunal de Luxemburgo confirma así la legalidad de un reglamento que está vigente desde el 1 de enero del pasado año y que permite a la Comisión Europea congelar el pago de ayudas (incluidas las previstas en el fondo de recuperación post-covid) si detecta vulneraciones del Estado de derecho que afecten a los intereses financieros de la UE.

Los Gobiernos húngaro y polaco plantearon sendos recursos contra el mecanismo por entender que estaba dirigido específicamente contra ellos, carecer de base jurídica adecuada e interferir en competencias de los estados miembros.

Los jueces europeos concluyen, sin embargo, que el reglamento dispone de una base jurídica adecuada y es conforme con los límites de las competencias y el principio de seguridad jurídica recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la UE.

La normativa que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de derecho fue adoptada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo durante las negociaciones del Marco Financiero Plurianual (MFF) para el periodo 2021-2027.

Budapest y Varsovia siempre estuvieron en contra de su aprobación y llegaron incluso a bloquear el acuerdo para el presupuesto porque este mecanismo había salido adelante con mayoría cualificada entre las capitales.

Los Ejecutivos de Viktor Orban y Mateusz Morawiecki hicieron frente común y plantearon sendos recursos ante el TJUE, mientras que del lado del Consejo de la UE y la Eurocámara se personaron Bélgica, Dinamarca, Alemania, Irlanda, los Estados español y francés, Luxemburgo, los Países Bajos, Finlandia, Suecia y la Comisión Europea.

Aunque defensora del reglamento, Bruselas prefirió esperar a conocer el veredicto de los jueces antes de comenzar el procedimiento contra Budapest y Polonia, que tienen causas abiertas desde hace meses, por ejemplo, por aprobar normativas que atentan contra la independencia judicial.

Con la sentencia ya publicada, el Gobierno comunitario podría lanzar el procedimiento para congelar fondos a estos dos países, algo que podría suponer en última instancia la suspensión de ayudas europeas como las previstas en la Política de Cohesión, un programa del que Hungría y Polonia son importantes beneficiarios con 22.500 millones y 75.000 millones, respectivamente, previstos hasta 2027.

Ira de Budapest y Varsovia

El Gobierno de Hungría ha considerado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la condicionalidad de los fondos comunitarios es «la prueba de que Bruselas abusa de su poder» y ha vinculado este dictamen con el referéndum que tendrá lugar en abril.

En dicha consulta, los ciudadanos húngaros deberán pronunciarse no solo sobre la continuidad del primer ministro, Viktor Orban, en el poder, sino también sobre la Ley de Protección de la Infancia, una controvertida reforma que vincula homofobia y pederastia y limita el contenido LGTBIQ+ en educación.

El viceministro polaco de Justicia, Sebastian Kaleta, ha tildado el fallo de «chantaje financiero». «Un día histórico para la Unión Europea; los Tratados han sido tergiversados por una sentencia política de la UE y, a partir de hoy, cualquier decisión independiente de Polonia estará condicionada por el riesgo de un chantaje financiero», ha denunciado

Multas en marcha

La UE ya tiene activadas varias multas a Polonia que presagian el futuro que les espera a Varsovia y Budapest.

El pasado 8 de febrero, Bruselas anunció que comenzará a deducir de los fondos destinados a Polonia una multa que le impuso el Tribunal de la UE en setiembre de 2021 por desoír la sentencia emitida en abril del mismo año y que le obligaba a cerrar provisionalmente una mina de carbón en Turow, en la frontera con la República Checa y Alemania.

El Tribunal de Luxemburgo concluyó que la mina a cielo abierto de lignito afecta a las aguas subterráneas que discurren hacia la República Checa. Polonia se negó a cerrarla aduciendo que la explotación nutría una planta de generación eléctrica vital para la estabilidad energética del país eslavo.

El TJUE impuso a Varsovia una multa de 500.000 euros diarios y Bruselas ha anunciado una primera deducción de 15 millones de euros por incumplimiento.

Polonia dio a conocer la semana pasada un acuerdo con Praga por el que el Gobierno checo retira su demanda de cierre de la mina a cambio de una indemnización de 35 millones de euros y la citada planta de generación eléctrica, valorada en 10 millones.

Pese a que el caso se ha cerrado, el TJUE y Bruselas han advertido a Polonia que deducirán la multa diaria desde el inicio del incumplimiento a la fecha del acuerdo checo-polaco, lo que suma alrededor de cuatro meses, 60 millones de euros en total.

En octubre de 2021, el mismo Tribunal de Luxemburgo impuso a Polonia una multa diaria de 1 millón de euros a pagar a Bruselas por negarse a paralizar la sala disciplinaria del Tribunal Supremo desde la que Varsovia controla al poder judicial.

Polonia sigue esperando a que la UE apruebe su plan para acceder a los fondos de recuperación, que supondrían 36.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos.