Empresas de residencias de Bizkaia afirman sentirse «criminalizadas» por partidos y sindicatos

Las asociaciones empresariales Elbe, Gesca y Lares consideran «preocupante» la «criminalización constante» que partidos políticos y sindicatos hacen de la gestión privada de las residencias con el objetivo de «conseguir generar un conflicto que les reporte un incremento de votos y afiliados».

En un comunicado conjunto difundido este jueves, Elbe, Gesca y Lares han replicado a lo que han descrito como «la última campaña de desprestigio emprendida por agentes políticos sindicales» que han llevado a las Juntas Generales de Bizkaia, donde ha sido aprobada, una propuesta para incrementar el control de las residencias del herrialde.

Estas asociaciones empresariales han afirmado que, además de la «criminalización constante», les preocupa «mucho más la imagen que se está trasladando» a la opinión pública y a la sociedad vizcaina «de una actividad de calidad, regulada inspeccionada y controlada, que es referente a nivel nacional».

Tras exigir que no se utilice esta actividad para la batalla política, han calificado de «igualmente dolorosa la laxitud y el seguidismo de aquellos partidos políticos que han tenido y tienen responsabilidades de gobierno, que son conocedores de la realidad del sector, y que no hacen nada por frenar estos ataques que van contra un modelo de relación público privado que ha demostrado su eficacia en sus 40 años de vida».

Han subrayado que el sector se encuentra inmerso en «un proceso de reconversión sectorial de los cuidados de larga estancia que viene marcado por un nuevo marco normativo y por un modelo de atención, centrado en la persona».

Se trata, han añadido, de «un cambio de paradigma que parece no ser del agrado de algunos agentes político sindicales que prefieren vivir anclados en un modelo que se ha quedado obsoleto y, quizás, este es el problema de fondo».

Desde su punto de vista, «no se han encontrado correlaciones que indiquen que el impacto de la pandemia ha sido mayor en unos centros que en otros por su tamaño, por su modelo de gestión, por sus condiciones arquitectónicas, ni mucho menos por su titularidad».

Una actividad «superregulada»

Además, prosigue el comunicado conjunto, el sector de la atención residencial a personas dependientes es una actividad «superregulada, inspeccionada y controlada, al objeto de salvaguardar los derechos y la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en las residencias».

En este sentido, han remarcado que los requerimientos arquitectónicos, de servicios, y de personal de las residencias para personas dependientes en la CAV, están regulados por los departamentos de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, y de Salud del Gobierno de Lakua, y por los departamentos de Acción Social de las diputaciones.

También aclaran que las condiciones laborales se rigen por un convenio laboral provincial, y por un riguroso control y seguimiento de las correspondientes representaciones legales de los y las trabajadoras y agentes sociales. Añaden que todas las entidades están sometidas a la labor de control e inspección que se llevan a cabo desde el Departamento de Trabajo y de los servicios de prevención de riesgos laborales.

Aseguran que la Fiscalía de Bizkaia realiza inspecciones a los centros, e intervenciones de carácter individual hacia personas vulnerables, para preservar sus derechos.

Y subrayan que, desde el Departamento de Salud del Gobierno de Lakua, se llevan a cabo periódicamente inspecciones sanitarias en materia de legionella, consultas médicas, destrucción de residuos peligrosos, etc.

También precisan que «todas las sociedades mercantiles que gestionan residencias presentan anualmente sus cuentas a la Hacienda Foral y abonan el correspondiente Impuesto de Sociedades».

Por su parte, indican que las entidades sin ánimo de lucro que gestionan residencias tienen que perseguir fines de interés general a los que deben destinar al menos el 70% de sus rentas.

Una ratio superior al 50%

Las tres asociaciones empresariales sostienen que la ratio actual mínima de personal en las residencias de Bizkaia es «superior al 50%». «Es decir, por cada dos personas atendidas en residencias en Bizkaia, hay una persona contratada a jornada completa».

Por último, indican que la actual red foral de residencias de atención a personas dependientes «no existiría de no ser por la iniciativa privada, titular de más del 75% de las plazas».

En cuanto a las condiciones laborales del sector en Bizkaia, las tres asociaciones afirman que las de este territorio son, junto con las guipuzcoanas, «un referente a nivel estatal». Por ello, lamentan que «no se puede estar continuamente diciendo que son condiciones indignas, cuando son aceptadas y firmadas por todos los agentes sociales, tras cada firma de un nuevo convenio».