Behatokia publica la lista de 95 presos torturados e insta a abordar sus consecuencias
El cuarto trabajo de Behatokia publicado este viernes pone el foco en la existencia de personas presas torturadas, al hilo de la sentencia europea sobre Xabier Atristain. Y constata con nombres y apellidos que al menos 95 de ellos lo han sufrido, por lo que insta a abordar sus efectos jurídicos.
Un mes después de la sentencia europea contra la incomunicación que ha conllevado la excarcelación de Xabier Atristain, el cuarto informe de Behatokia –grupo de trabajo formado por juristas y emanado del Foro Social Permanente— entra al detalle en la cuestión de las personas presas torturadas. Tan en detalle que publica el listado, con nombres y apellidos, de 95 encarcelados que han acreditado haber sufrido esta lacra, en su mayoría (80) suscribiendo el protocolo del Instituto Vasco de Criminología (IVAC). Es la entidad que realizó el informe oficial sobre tortura del Gobierno de Lakua en 2017, con el forense Paco Etxeberria al frente.
«Los datos que publicamos hoy son reveladores –han expuesto en la presentación del informe Aitzol Asla, Teresa Toda y Agus Hernán–: de las 171 personas presas en el Estado español a 4 de febrero de 2022, 95 sufrieron torturas durante la detención». El Foro Social traslada que «una vez demostrada la aplicación sistemática de la tortura como mecanismo de lucha antiterrorista, consideramos urgente observar y revisar cuáles han sido los efectos jurídicos de esta». Y plantea una vía concreta: «Tras cumplimentar con estas personas el Protocolo de Estambul, entendemos que debería procederse a la realización de un informe que analice de manera rigurosa y exhaustiva en qué medida se han basado las sentencias condenatorias de estas personas presas única y exclusivamente en declaraciones autoinculpatorias».
Los subrayados de Europa
El informe de Behatokia recuerda cómo ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que ha delatado esta realidad, perpetrada «con la pasividad complaciente de responsables políticos, policiales, judiciales y forenses».
Analiza aquí las once sentencias europeas sobre torturas a estos presos en el Estado español, en las que se advierten varias fases que van «in crescendo»: hay unas primeras (2010-12) en las que se constata la ausencia de investigación profunda de torturas; otras posteriores (2014), en las que ya se entra a cuestionar el régimen de detención incomunicada; un bloque posterior (2015-2021) que añade un tono más contundente; y mención aparte merece el fallo del caso Portu-Sarasola, en el que no solo se condenó a España por la falta de investigación sino también por «vulneración del derecho a no ser sometidos a maltrato o tortura».
A todo ello se suma ahora la sentencia del caso Atristain, sobre la que el Foro señala que «sus repercusiones son incuestionables, puesto que la situación que vivió –incomunicación– no es única».
En este cuarto informe de Behatokia se entrevista a su abogado, Zigor Reizabal, que como ya hizo en entrevista a NAIZ profundiza en este carácter general de la situación: «Si en virtud de la sentencia del TEDH hacemos un test de similitud o equiparación de este supuesto con otros, son análogos, equiparables. ¿Por qué? Porque todas estas personas sufren un déficit inicial del derecho a ser asistidas por un abogado de libre designación y sufren también ese déficit de motivación de tal privación».
Trabajo desde 2018
Es en este contexto en el que se hace público el listado, si bien el trabajo viene de antes y tiene que ver con la interlocución mantenida por el Foro Social y EPPK desde 2018. Ya en la segunda reunión, en abril de aquel año, el Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas sugirió al Foro «la necesidad de trabajar la problemática de las condenas realizadas con la sola autoinculpación de las personas presas». Concretamente, se les propuso someterse al protocolo del IVAC.
El resultado es que a día de hoy son ya 80 las personas presas incluidas en el censo del Instituto Vasco de Criminología y hay «otras 15 que, sin estar en él, también han sufrido torturas». En total, 95 casos que, junto a las sentencias europeas, «están delatando los agujeros negros de unas políticas y unas legislaciones de excepción que anulan derechos humanos con el pretexto supremo del ‘antiterrorismo’».