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La Fiscalía salvadoreña acusa a 13 personas por la masacre de Ellacuría y otras siete personas

La Fiscalía General de El Salvador ha presentado un requerimiento penal contra 13 personas, incluido el expresidente Alfredo Cristiani, por la masacre de seis jesuitas, entre ellos los vascos Ignacio Ellacuría y Juan Ramón Moreno, y dos mujeres en 1989.

Inocente Orlando Montano, condenado en el juicio por la matanza de la UCA. (Kiko HUESCA/POOL/AFP)

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador ha presentado este viernes un requerimiento penal contra 13 personas, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, entre ellos los vascos Ignacio Ellacuría y Juan Ramón Moreno, y dos mujeres en 1989, según ha informado el fiscal general, Rodolfo Delgado.

«Hace unos instantes se ha presentado requerimiento fiscal contra 13 personas vinculadas al asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, entre ellos, el expresidente Alfredo Cristiani», ha indicado Delgado a través de su cuenta de Twitter.

 

 

La publicación de Delgado está acompañada de un vídeo en el que agrega que este escrito se ha presentado ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, sin entrar en mayores detalles.

Además de Cristiani, son señalados los militares retirados Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López y Joaquín Arnildo Cerna Flores.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de élite mató a los religiosos –entre ellos figuraban dos vascos: el ideólogo de la Teología de la Liberación Ignacio Ellacuría y Juan Ramón Moreno– y a 2 mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana UCA.

Una corte de paz salvadoreña, a raíz de la anulación de una ley de amnistía de 1993 y a petición de la UCA, ordenó en 2017 reabrir el proceso, pero diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación de la Fiscalía General de la República.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó «que no se investigue a los señalados como autores intelectuales de la masacre» en respuesta a recursos de casación presentados por la defensa.

Los jueces constitucionalistas admitieron un amparo presentado por el fiscal Delgado en noviembre de 2021 para que se revisara la resolución en la que se ordenó el cierre del proceso penal. A comienzos de enero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la reapertura del proceso y mandó a la Sala de lo Penal a modificar un fallo con el que había cerrado el caso a petición de la defensa de los militares señalados.

Por esta masacre únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional española condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.