Elkarrekin Podemos-IU se suma a los acuerdos para el pacto de Educación en la CAV

PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU llevan días negociando y cerrando acuerdos para el futuro pacto de Educación de la CAV. En este contexto, la formación morada ha decidido hacer público este miércoles el preacuerdo que alcanzó con las fuerzas del Gobierno de Urkullu.

Elkarrekin Podemos-IU ha hecho público este miércoles el ‘Preacuerdo en Educación’ alcanzado con los partidos del gobierno de coalición, PNV y PSE, hace unos días en el proceso de negociaciones y pactos que se está dando entre los grupos parlamentarios, antes de que el viernes la Ponencia apruebe un documento de bases para un pacto educativo en la CAV.

En una comparecencia en los medios informativos, la portavoz del grupo Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, y el parlamentario Iñigo Martínez Zatón, han afirmado que los principales logros del preacuerdo se enfocan a poner a la escuela pública en el centro del sistema educativo y a acabar con la segregación escolar, que la coalición morada considera que es el principal problema. Sin embargo, en el texto presentado la cuestión del final de la segregación no está explicitado de forma tan nítida.

El primer punto del preacuerdo contempla «aprobar un Plan Estratégico para la Escuela Pública» para la mejora de su calidad y otras «medidas encaminadas a mejorar el valor añadido de sus centros, la consolidación de las plantillas actuales, la creación de nuevas figuras educativas, la estabilidad del profesorado, la renovación y mejora de sus infraestructuras».

Según el documento, el plan «promoverá» la «creación de centros públicos en nuevas zonas urbanas, la ampliación de las plazas públicas, especialmente en las zonas urbanas más densas, por los mecanismos de planificación que se estimen más eficaces para ese fin y asegurando que toda familia que desee una plaza en una escuela pública pueda acceder a ella».

Aboga también por «reforzar el Consorcio de Haurreskolak, convirtiéndolo en un servicio público de oferta universal, de calidad y gratuita».

«Desarrollar normativas»

En cuanto a la enseñanza concertada, el documento propone «desarrollar la normativa que permita la publificación de centros que respondan a las necesidades de la planificación de oficio de la Administración educativa».

Y, también, «desarrollar la normativa necesaria para que los centros de interés social se sujeten a las auditorías que se estipulen y a las normas de transparencia contable que permitan asegurar el carácter finalista en el empleo del dinero público, y la unificación de criterios, también auditables, entre todos los centros del servicio vasco de educación en la afluencia de otras fuentes de financiación. Dicha normativa contemplará la creación de la unidad administrativa que se determine para realizar las tareas de auditoria económica».

Gorrotxategi ha asegurado que con estas medidas no se podrán concertar, entre otros, colegios privados que segreguen por sexo, aunque no aparece así en el documento entregado a los medios. También han añadido que supone «el fin de la concertación universal», una reivindicación tanto de la formación morada como de las alegaciones presentadas por EH Bildu.

Inicialmente, en su primera propuesta, Elkarrekin Podemos-IU proponía ir acabando con la enseñanza concertada. En las alegaciones presentadas para la búsqueda de estos acuerdos, lo rebajaba a que la enseñanza pública tuviera una cuota de participación en el sistema no inferior al 65%. En el preacuerdo no figura nada de esto. Gorrotxategi ha reconocido que la cifra de su reivindicación no se recogerá explícitamente en el pacto educativo, pero que sí que podrá lograrse con las medidas que han acordado.

Oficinas municipales para «acompañar»

Uno de los principales retos que propone Elkarrekin Podemos-IU es acabar con la segregación por motivos sociales, como ha repetido Martínez. En la rueda de prensa han apuntado que esto se evitará con la creación de oficinas municipales de matriculación, que centralizarían los procesos de matriculación, que dejarían de realizarse en los propios colegios, con el objetivo de evitar la «selección de alumnado» por parte de los centros concertados.

Este es el deseo de Elkarrekin Podemos-IU y, probablemente de otras fuerzas de izquierda, pero no es lo que textualmente está recogido en el preacuerdo con PNV y PSE hecho público. De lo que habla el documento es de «habilitar oficinas municipales o zonales para acompañar en la solicitud de la preinscripción telemática y en los procesos de matriculación». Se contempla el acompañamiento, no la decisión o la determinación.

El sexto y último punto del preacuerdo delimita la planificación del desarrollo de este pacto escolar y señala que «para el despliegue del conjunto de actuaciones recogidas en el presente desarrollo programático nos marcamos el horizonte del 2034, dividido en dos sexenios de planificación: 2022-2028 y 2028-2034».

Debate lingüístico

Ante el anuncio del preacuerdo, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha dicho no conocerlo en profundidad. «Estamos en las últimas horas y conviene ser prudente antes de hacer ninguna valoración», ha comentado. Ha agradecido el «gran trabajo» que está haciendo los miembros del Gobierno –PNV y PSE– y también el que viene haciendo, durante más de año y medio, el grupo de EH Bildu en colaboración con el Departamento de Educación para trabajar «en pro de un pacto educativo».

En las últimas dos semanas los grupos parlamentarios están debatiendo y negociando sus respectivas propuestas y ya se han ido cerrando acuerdos en distintas materias. La fuentes consultadas por NAIZ se muestran optimistas sobre la posibilidad cierta de alcanzar un consenso entre PNV, EH Bildu, PSE y EP-IU.

En estos momentos, las conversaciones se estarían centrando en el papel del euskara como eje central del sistema educativo y lengua vehicular, después de que el PSE planteara que hubiera tres lenguas vehiculares, el euskara, el castellano y el inglés o el francés.

El viernes se votarán las propuestas en la Ponencia de Educación y ya es muy probable que se dé un acuerdo entre las fuerzas que suman 68 de los 75 escaños del Parlamento, quedando fuera únicamente la derecha española.