Colectivos sociales califican de «insuficiente» la Ley de Vivienda de Nafarroa
Diferentes colectivos sociales han denunciado que la Ley de Vivienda de Nafarroa es «insuficiente» y han exigido «unos mínimos que garanticen una vivienda digna».
Como «insuficiente» han calificado la Ley de Vivienda de Nafarroa los colectivos sociales hARITU Elkarlaguntza Sarea / Red de Apoyo Mutuo, Pah-hut Navarra Nafarroa, Martes al sol, París 365, Jaki Toki, Txantreako Asanblada Okupa, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Navarra y SOS Racismo Nafarroa.
Así lo han hecho este martes los portavoces de estos colectivos, Mikel Urabaien, Ane Martínez y Oumar Ndiye, en una rueda de prensa frente al Parlamento de Nafarroa en la que han exigido «unos mínimos que garanticen una vivienda digna». Entre ellos, han indicado «la calificación definitiva de las viviendas de protección, el aumento del parque de vivienda público y el empadronamiento garantizado».
Martínez ha recordado que, según la tasa AROPE del 2021, que mide índices de pobreza y exclusión social, «en Navarra un 11,4 % de las personas encuestadas no pudo hacer frente al pago de gastos de vivienda y facturas de suministros a su debido tiempo, el doble que en 2020».
Y ha denunciado que la Ley de Vivienda del Gobierno español y la correspondiente del Ejecutivo navarro «se venden en titulares como actos revolucionarios, cuando la letra pequeña dice otra cosa bien distinta».
En este sentido, Urabaien ha señalado que «a pesar del supuesto compromiso del Gobierno de Navarra de mantener de manera indefinida la propiedad pública de los parques de vivienda de protección oficial, lo que recoge realmente la propuesta de ley es que tras 21 años, este tipo de vivienda podrá entrar al mercado y, en consecuencia, perder su calificación pública».
Un «falso periodo ‘indefinido’» que ha calificado de «parche cortoplacista que, a la larga, volvería a dejar en la calle a muchas familias, tal y como ha ocurrido en los últimos años en Rotxapea, Berriozar, Sarriguren, San Jorge o Buztintxuri».
El segundo punto de la ley que preocupa a los colectivos es el Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA), que calcula el porcentaje de renta que los vecinos de un lugar concreto destinan al pago del alquiler. «Esta es una herramienta que podría ser útil para regular y rebajar los desorbitados precios del libre mercado, pero que será estéril si no se actualiza anualmente en función de precios y salarios», ha apuntado Martínez.
También ha puesto el acento en que «muchas de estas medidas y prestaciones no se adecúan a las situaciones reales de las personas que sufren mayores desigualdades, como las de rehabilitación o las desgravaciones fiscales propuestas. Además, el dinero de estas ayudas acaba nuevamente en la mano de pequeños rentistas, bancos o fondos buitres».
Y Ndiye ha lamentado que «esta modificación de ley no facilita de ninguna manera el empadronamiento. Muchas personas seguirán sin tener acceso a múltiples servicios y prestaciones como recibir formaciones oficiales o ayudas de vivienda, por ejemplo. Si la ley sigue adelante, las personas en situación administrativa irregular seguirán sin poder optar al censo de vivienda protegida ni a las ayudas David-Emanzipa».