López Obrador manda investigar a jefes de la Marina por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

El presidente de México ha dado la orden de investigar a los jefes de la Marina que aparecen en un vídeo aparentemente manipulando pruebas del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado este martes de que ha dado la orden de investigar a los jefes de la Marina Armada que aparecen en un vídeo supuestamente manipulando pruebas en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa muertos en 2014 en el estado de Guerrero.

«Sobre ese vídeo al que haces referencia, de la Marina, me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía, todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo», ha comunicado López Obrador.

En la grabación a la que ha hecho referencia el presidente mexicano se ve a un grupo de altos mandos de la Marina participando supuestamente en la manipulación de pruebas en el basurero de Cocula, escenario de la conocida como «verdad histórica» con la que el anterior Gobierno intentó solventar el caso de los estudiantes desaparecidos.

«Está abierta la investigación, es un compromiso que tenemos de dar a conocer lo que sucedió con los jóvenes. Y esta comisión de expertos presentó su informe, antes lo hicieron conmigo, me mostraron toda la información que tenían, que iban a darla a conocer, y se va a continuar con la investigación, ellos van a continuar un año más colaborando», ha recalcado López Obrador.

Investigación del GIEI

Ese vídeo es parte del trabajo de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el que se denuncia la «contrainsurgencia» que habrían llevado a cabo las autoridades militares para infiltrarse en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, así como su participación en la falsificación de pruebas.

«Sabíamos que había participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina (Semar), sobre todo en detenciones, pero ignorábamos el contenido de este video», señaló en conferencia de prensa Claudia Paz, miembro del GIEI.

Los hallazgos, dijo, se basan en fuentes documentales del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y de la unidad especial de investigación del caso Ayotzinapa.

El grupo señaló, además, que las autoridades «simularon» durante años la investigación y no solamente ocultaron información fundamental que pudiera haber ayudado a conocer el paradero de los 43 desaparecidos, sino que manipularon los datos existentes.

Sin embargo, López Obrador ha enfatizado que «se está entregando toda la información» y que «se han abierto todos los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada. Toda la información del Ejército se ha puesto a disposición de la comisión y de la Fiscalía, esa es la instrucción que tienen y se está cumpliendo».

Que declare Peña Nieto

Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, por su parte, han pedido que se llame a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto para que exponga lo que sabía de la supuesta alteración de pruebas en el basurero de Cocula.

También han mostrado su enfado con el actual presidente del país, ya que consideran no ha cooperado lo suficiente para encontrar a los estudiantes y depurar las responsabilidades.

«La verdad histórica»

El 28 de enero de 2015, el entonces titular de la Fiscalía, Jesús Murillo Karam, aseguró que la «verdad histórica» consistía en que los jóvenes fueron ejecutados, «incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan», por orden de antiguas autoridades locales que hacían parte del grupo criminal Guerreros Unidos.

En septiembre de 2020, una última investigación de la Fiscalía concluyó que las autoridades del anterior Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto habían cometido una serie de irregularidades al difundir que los jóvenes fueron ejecutados por este grupo criminal al ser confundidos por una banda rival.

«Los jóvenes desaparecidos quedaron en medio de un choque de intereses del narcotráfico. Fue una coincidencia letal, enquistada en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos que tenían presencia en ese lugar», denunció el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien habló de un «encubrimiento generalizado» por parte de las autoridades.

Las actuales autoridades fiscales han solicitado cerca de un centenar de nuevas órdenes de detención por ese caso, después de que fueron liberados al menos 70 imputados, que esgrimieron en su defensa haber sido torturados.