Denuncian la muerte de once civiles presentados como guerrilleros en Colombia
La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana ha denunciado que las 11 personas muertas en un operativo del Ejército en Putumayo eran civiles y no guerrilleros, como han afirmado el Ejército y el presidente. La ONU ha pedido a las autoridades que «esclarezcan lo ocurrido».
La Procuraduría colombiana ha pedido explicaciones al Ejército sobre el operativo militar del pasado lunes en el municipio de Puerto Leguízamo, en el Departamento de Putumayo, en el que el Gobierno aseguró que habían matado a 11 guerrilleros de la Segunda Marquetalia, pero la comunidad denuncia que eran civiles y líderes comunitarios.
El presidente del país, Iván Duque, anunció el lunes que en «operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)», con una mujer embarazada entre los capturados.
Las organizaciones sociales han denunciado que entre los fallecidos se encontraba Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) de Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, así como Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.
«Resulta entonces recordar que los ataques contra población civil se encuentran proscritos por el Derecho Internacional Humanitario», aludió la Procuraduría en la carta enviada al comandante de las fuerzas militares, el general Luis Fernando Navarro.
Por ello, le pidió aclarar lo acontecido en la operación militar y le solicitó varios documentos, entre los que figuran la orden de operaciones, el informe de muertes y también que aclare si han abierto una «indagación preliminar o investigación disciplinaria» por lo acontecido.
El Ejército tiene de plazo hasta hoy viernes para responder a las solicitudes y ayudar a esclarecer lo acaecido, aunque el miércoles ya se reafirmó en su relato de que se trató de un operativo militar contra las disidencias de las FARC en la que «el objetivo del ataque era Carlos Emilio Loaiza, alias ‘Bruno’, miembro de la comisión financiera del comando de frontera de la Segunda Marquetalia».
La Representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero, ha pedido a las autoridades que «investiguen y esclarezcan lo ocurrido, garantizando derechos a debido proceso y acceso a justicia».
Damos seguimiento a hechos presentados en Alto Remanso, Puerto Leguízamo #Putumayo, donde habrían perdido la vida civiles, líderes comunales e indígenas. Llamamos a autoridades a q se investigue y esclarezca lo ocurrido, garantizando derechos a debido proceso y acceso a justicia.
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) March 31, 2022
La asociación de las Madres de los llamados «Falsos Positivos» de Colombia ha denunciado en su cuenta de Twitter que «los Falsos Positivos no terminan y como saben que no habrá condenas lo seguirán haciendo. En Putumayo aseguran que 11 bajas reportadas por el Ejército no eran disidencias sino campesinos».
Los Falsos Positivos no terminan y como saben que no habrá condenas lo seguirán haciendo. En Putumayo aseguran que 11 bajas reportadas por el Ejército no eran disidencias sino campesinos | Colombia | NoticiasCaracol https://t.co/QxlC0WdFaq
— Madres Falsos Positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA) March 31, 2022