¿Y qué pasará ahora con el embrollo del PAI?

Despropósito o temeridad fueron algunas de las expresiones que emplearon quienes se oponían a la nueva ley del PAI aprobada por el PSN y Navarra Suma. La norma ya está aprobada, pero el escenario que se avecina presenta numerosas incógnitas.

Ya está. El PSN y Navarra Suma votaron el jueves la ley que blinda el PAI y sienta las bases para convertir lo que actualmente es un programa en un modelo. Sin embargo, existen numerosas incógnitas sobre si los planes de estos dos partidos podrán llevarse adelante como ellos desean.

Inseguridad jurídica

La primera incógnita es la inseguridad jurídica. Carlos Gimeno, el consejero de Educación, e Inma Jurío, portavoz del PSN, han hecho esta semana alarde de que la ley aprobada supone un ejercicio de autogobierno. Han destacado que Nafarroa ha hecho uso de sus competencias para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y han acusado a las formaciones abertzales de «españolistas» por recordar que este autogobierno es limitado y que se circunscribe a los límites que marca el Estado, aunque algunos busquen otro escenario. Los recursos al Constitucional sobre leyes o normas navarras son una constante y sobre temas tan diversos como el fracking, la paga extra de los funcionarios o el Fuero Nuevo. «Navarra no es una isla» suelen decir algunos.

En este caso, hay elementos a los que el Estado podría agarrarse sin mayor dificultad para presentar un recurso, un nuevo recurso contra una ley navarra. La normativa impide pedir el conocimiento del inglés para acceder al funcionariado. Solo computan las «lenguas españolas», entendidas como tales tanto el castellano como el euskara, catalán o gallego en sus respectivos territorios. Las no oficiales, como el aragonés o el asturiano, no cuentan para esto. Desde los sindicatos ya se ha apuntado la vía de los tribunales.

El «autogobierno» a lo Gimeno provocará que haya un cuerpo de docentes, los que entren al funcionariado a través de las oposiciones para el PAI, que serán exclusivamente navarros. Sus integrantes no podrán pedir un cambio de destino a otra comunidad, ya que estarán al margen del cuerpo estatal. Esta drástica separación no existe siquiera entre la Policía Foral y la Guardia Civil, donde se ha previsto la llamada «pasarela» si es que llega algún día la competencia de Tráfico. Por si había dudas, una de las enmiendas de Navarra Suma que el PSN aprobó el jueves fija la imposibilidad de que quienes accedan a una plaza de PAI puedan pasarse a una del modelo D o de las líneas en castellano. Estarán, por tanto, con un doble encorsetamiento. Los sindicatos han alertado de esta circunstancia y también se baraja la posibilidad de acudir a los tribunales por esta cuestión.

El vicelehendakari Javier Remírez, que junto a Gimeno elaboró el acuerdo por el que el Gobierno daba el visto bueno a la proposición de ley del PSN, mostró su confianza en que el entendimiento entre los ejecutivos navarro y español (ambos en manos del PSOE en aparentemente gobiernos de coalición) pueda bastar para cortocircuitar el riesgo de recurso. Parece muy optimista cuando el propio Gimeno ha reconocido que ha tenido que acudir al «autogobierno» porque no han sido capaces de llegar a un acuerdo con Madrid.

Consejo de Nafarroa

Ante esta inseguridad jurídica, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, integrantes del Gobierno navarro, pidieron al Consejo de Nafarroa que elaborase un informe para aclarar si la iniciativa del PSN era conforme a Derecho. EH Bildu se sumó a esta demanda. El objetivo era aclarar antes de que se aprobase la ley si esta encaja en el marco legal o no, pero el PSN optó por pisar el acelerador y la norma se ha aprobado sin tener este informe.

Es difícil establecer plazos concretos con este tipo de organismos. Los más optimistas confiaban en que en un plazo de un mes se contase con el informe. Los menos optimistas amplían el plazo hasta los tres meses o más. Dependerá de las ganas que tengan de quitarse de encima una patata caliente. En cualquier caso, antes o después ese informe llegará.

Cabe la posibilidad, por tanto, de que, una vez aprobada la norma, el Consejo de Nafarroa publique un informe que diga que no se ajustaba a la legalidad. En ese caso, habría que desandar todo el camino hecho hasta ahora.

En el debate del jueves, Bakartxo Ruiz, portavoz de EH Bildu, emplazó directamente a Remírez y a Gimeno a que dimitan si, finalmente, el Consejo de Nafarroa emite un informe contrario a la ley que ellos avalaron desde el Gobierno.

Estabilidad

Para entender las prisas con las que el PSN ha quemado etapas y puentes en la tramitación de esta norma, hay que acudir a la «Ley Iceta». Esta ley fue aprobada a instancias de la Unión Europea como uno de los requisitos para que el Estado español recibiese los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia. Entre otras cosas, esta ley señala que hay que acabar con la temporalidad en el sector público, que alcanza cotas alarmantes. Es, por tanto, una nueva exigencia de Madrid (y de Europa) al «autogobierno» de Gimeno.

Prácticamente todos los sindicatos de Educación han señalado que esta ley no dará estabilidad al profesorado y han destacado que habría otras fórmulas para lograr lo que exige la ley.

Nuevo modelo

Implantar un nuevo modelo educativo no es algo fácil. Incluso Navarra Suma, adalid de convertir el PAI de programa a modelo, es consciente de ello. El objetivo es equiparar a quienes estudian en el PAI con quienes lo hacen en el modelo D, una vieja aspiración de la derecha navarra. Como no se logrará de la noche a la mañana, ni para el curso que viene, se han previsto una serie de medidas para el periodo de transición. Estas medidas se incluyeron en la enmienda de Navarra Suma que el PSN aceptó.

Pedro González, portavoz de Navarra Suma, las explicó en el Pleno del jueves. A grandes rasgos, buscan que las familias que opten por el PAI tengan las mismas ayudas que las del modelo D. Actualmente, si alguien opta por el modelo D y este no se ofrece en su localidad, recibe ayudas para el transporte hasta una localidad en la que sí haya esta opción y para el comedor. Otra cosa es que los padres y madres reclamen que el PAI se ofrezca en sus pueblos, como el caso de Mendigorria.

Poner en marcha un modelo no es algo fácil. Tras asumir la enmienda de Navarra Suma, esta tarea corresponderá a Gimeno. Ruiz definió el quehacer como «un follón», poniendo sobre la mesa si se aplicará zonificación como con el euskara (habría que ver cuál es la zona anglófona o la no anglófona), o la incógnita de cómo se organizarán los centros.

Sin decreto y con movilizaciones

La aprobación de la ley del PAI ha coincidido con un alto grado de malestar en los sectores euskaltzales de Nafarroa, que denuncian que el Gobierno navarro no ha elaborado el decreto para regular el uso del euskara en la Administración. A pesar de no haber aprobado nada, sí que han vislumbrado que las directrices serán de que no se tendrá en cuenta el euskara como requisito para entrar a trabajar en la Administración en la «zona no vascófona».

Desde el ámbito de euskalgintza se ha alertado de que este planteamiento conculca el derecho de la ciudadanía euskaldun a ser atendida en una de las lenguas propias de Nafarroa. De hecho, ya estaba en marcha una dinámica para denunciar esta situación. Ayer mismo hubo una concentración en Tutera y ya estaba convocada una manifestación en Iruñea para este sábado en Antoniutti, que acaba de ser resignificada para rechazar el PAI.

Crisis de gobierno

Las relaciones entre los socios de Gobierno se han tensado excesivamente durante el proceso de aprobar la ley del PAI, hasta el punto de que Geroa Bai salió públicamente a decir que había votado en contra del apoyo a la norma del PSN en el Consejo, lo que valió la acusación de no guardar el secreto de las deliberaciones.

De este modo, quedaba en evidencia que el Gobierno de María Chivite asumía una proposición de ley del PSN como del conjunto del Ejecutivo a pesar de que sus otros dos integrantes, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu, no lo compartían. Las malas lenguas dicen que aunque la iniciativa fue presentada por el PSN en el Parlamento, realmente había sido redactada por Gimeno y su equipo del Departamento de Educación.

El cambio político (o el desalojo de la derecha de las instituciones navarras, como se prefiera) se basaba en la confianza entre los socios. Tanto en la pasada legislatura como en esta. Y la confianza es algo que cuesta mucho construir y poco destruir. Los debates en el Parlamento, tanto en las comisiones como en el Pleno, han sido muy broncos esta semana. Entre el PSN y Geroa Bai y también entre el PSN y EH Bildu. Y con Podemos-Ahal Dugu. Y con I-E.

Queda un año para las elecciones y pueden pasar muchas cosas. Pero a día de hoy no parece que la relación entre quienes deben llegar a acuerdos sea buena. Y no se puede olvidar que el PSN ha votado leyes importantes como la del Convenio junto a Navarra Suma. 

La propia figura de Gimeno aparece como incompatible para quienes hasta ahora han sido sus socios.