Chulería e incitación a la bronca para evitar la transparencia

La cuestión del espionaje político la ha metido el Gobierno en el terreno embarrado de la bronca política con la esperanza de que vaya confundiéndose todo y se acabe perdiendo el hilo de lo esencial.

El mismo día en el que el Boletín Oficial del Estado publicaba con la firma de Felipe R. y de la ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, «el cese (que no «sustitución» ni tampoco «relevo») de doña Paz Esteban López como Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia», el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acudió al Congreso de los Diputados para tratar de pasar lo más rápido posible el mal trago de reconocer que «es evidente que ha habido un fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno de España», para enfangarse en una nueva pelea en el barro con la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

Pedro Sánchez, tras reconocer públicamente ese «fallo en la seguridad», se jactó de que «lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido lo que hemos hecho siempre: cumplir con la ley, poner en conocimiento de la Justicia estos hechos delictivos y actuar con absoluta transparencia ante la opinión pública». Bueno, y también «relevar» a la directora del CNI, Paz Esteban, no se sabe muy bien por qué, puesto que a renglón seguido aprovechó para «reconocer su trabajo», que lo llevó a ser destituida, «y el de los tres mil funcionarios y funcionarias del CNI» que no consiguieron evitar que le levantaran 2,6 gigas de su móvil, y tampoco que trastearan en el de la ministra de Defensa y en el de Interior, Fernando Grande Marlaska.

Pedro Sánchez no dijo nada de la parte del «buen trabajo» del CNI consistente en espiar a independentistas, incluso a aquellos que sostienen su gobierno. De eso se encargó Margarita Robles, con una chulería y tono amenazante que está siendo ya marca de la casa en sus últimas intervenciones. Haciendo un uso que cabría considerar abusivo de los conocimientos que sobre esos casos tiene en su condición de ministra de Defensa, se permitió el lujo de insinuar (acusar) que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, «no tuvo el valor» de examinar la documentación sobre el espionaje político aportada por la exdirectora del CNI en la comisión de secretos oficiales «por si lo que se iba a encontrar le iba a afectar».

Margarita Robles, con chupa de cuero roja, la mano derecha en el parapeto de la bancada gubernamental y la izquierda metida en el bolsillo del pantalón, mirando a Gabriel Rufián, le espetó que tuvo la oportunidad de examinar esa documentación y las resoluciones judiciales motivadas. «Si lo hizo, sabe perfectamente el contenido y su motivación detallada y si no lo hizo, si prefirió no verlas será porque no querrá saber la verdad o a lo mejor prefiere venir aquí con su frase ocurrente para hacer méritos,yo no sí bien con quien»

Y después, olvidando que estaba allí para responder a los parlamentarios y no para interrogarlos, continuó con un «yo le pregunto: ¿qué hizo usted en la comisión? ¿Vio, examinó, esas resoluciones judiciales? Pues si examinó esas resoluciones judiciales y la motivación, ahí tiene la máxima transparencia, el máximo cumplimiento de la legalidad. Eso es lo que ser patriota constitucional».

Lo que resulta muy llamativo de la línea de defensa que en relación con el espionaje al independentismo ha adoptado el Gobierno y quienes defienden su actuación, es que pretendan hacer ver que el hecho de que 18 de los más de 60 intrusiones contaran con autorización judicial ya los convertían en legales y, lo que es peor, políticamente inocuos. Luego están los palmeros que aprovechan para achacar a los espiados las peores depravaciones.

La cuestión es que en una democracia a ningún Gobierno se le debería ocurrir siquiera espiar a los miembros de un movimiento independentista que nunca ha optado por la violencia ni ha pensado en hacerlo, pero más terrible, lo más indecente, es que lo haga a responsables institucionales y a partidos con los que está continuamente negociando y apoyándose en ellos para gobernar.

Y eso no lo arregla que las órdenes de espionaje tengan la firma de Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado del Tribunal Supremo, y hermano, por cierto, de Enrique Lucas, miembro del CGPJ designado por el PNV y estrecho amigo –según se ha publicado– de Andoni Ortuzar.

Para que el escándalo del espionaje político interior se diluya en un maremágnum inabarcable, el Gobierno de Sánchez ha optado por aparecer también como víctima y ofrecer una cabeza a modo de cortafuegos, lo que sabe que no contenta a los espiados pero eleva la bronca política con la derecha en toda su gama de extremos, y al final ya es imposible casi delimitar de qué estábamos hablando.

Y de lo que estábamos hablando es de un Gobierno que espía a independentistas, entre ellos cuatro presidentes de la Generalitat, y hace como que la cosa no fuera con él porque la orden la ha dado el CNI –ni que fuera un organismo extraterrestre– y las ha firmado un juez, igual que las condenas del procés.