45 años de una lucha popular que no pidió una ley de impunidad

La Semana pro Amnistía de mayo de 1977 resume la lucha que hace 45 años liberó a los presos políticos y forzó la promulgación de la ley llamada de amnistía; una ley que, sin embargo, más que a la demanda popular, respondió a la necesidad del régimen de garantizar la impunidad.

El pasado día 16 Andoni Txasko, Luis Fuentes y Josu Ibargutxi, miembros de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, recordaban en NAIZ la represión de la década de los años 70 del siglo pasado. Entre aquellas numerosas luchas, destacaban por su dureza y su trágico balance la Semana pro Amnistía de mayo de 1977, de la que se acaban de cumplir 45 años, y concluían su artículo, titulado ‘Hace medio siglo’, con la exigencia de justicia para las víctimas de aquella represión, de la anterior y de la posterior.

En noviembre de 1975 el Gobierno español había decretado un indulto parcial que apenas afectó a los presos políticos y que, lejos de acallar la exigencia de libertad para estos, la acrecentó. En los meses siguientes se fueron constituyendo las Gestoras pro Amnistía en los territorios de Hego Euskal Herria.

El primer presidente del Gobierno español después de Franco, Arias Navarro, dimitió en julio de 1976 obligado por la presión social, las huelgas y movilizaciones cuyo trágico exponente es la matanza del 3 de marzo de aquel año en Gasteiz. Su lugar fue ocupado por el ministro-secretario general del Movimiento, el falangista Adolfo Suárez, a la cabeza del Gobierno de la Reforma cuya naturaleza lampedusiana dejarían en evidencia las luchas populares que alcanzaron su mayor crudeza aquella Semana pro Amnistía del 77.

El 30 de julio de 1976 se decretó la excarcelación de gran parte de los presos políticos, pero no afectó a los acusados de delitos que el régimen consideraba terroristas, entre ellos más de 250 presos de ETA.

La primera Semana pro-Amnistía tuvo lugar entre el 26 de febrero y el 6 de marzo de 1977, y fue duramente reprimida por la Policía y la Guardia Civil. Una semana después, el Gobierno español amplió la amnistía parcial a decenas de presos vascos, pero otros muchos continuaban encarcelados, entre ellos los que en junio de aquel año serían «extrañados» a varios países europeos y el 20 de julio aparecerían en Durango arropados por la Marcha de la Libertad.

En aquel contexto, y ante la convocatoria de las primeras elecciones generales en el Estado español tras la dictadura para el 15 de junio de 1977, el 30 de abril se reunieron en Txiberta (Angelu), convocados por Telesforo Monzon, representantes de todas las organizaciones políticas vascas, un grupo de alcaldes y las organizaciones armadas ETA militar y ETA político-militar. ETA militar planteó no participar en esas elecciones si antes no se producía la liberación de todos los presos políticos. Una delegación de los grupos representados en Txiberta se reunió el 10 de mayo con el presidente del Gobierno español para exigirle la amnistía total antes del 24 de mayo, día en que comenzaba la campaña electoral, así como plenas libertades democráticas. Suárez respondió que la presión de la cúpula militar, controlada por generales franquistas, le impedía tomar una decisión en ese sentido.

La segunda Semana pro Amnistía convocada por las Gestoras, entre el 8 y el 15 de mayo, comenzó con numerosos encierros y manifestaciones que tuvieron como respuesta más represión policial, ante lo cual un amplio abanico de partidos, incluido el PSE –del que formaba parte el actual PSN–, y organizaciones sindicales convocaron una jornada de lucha para el día 12.

Siete muertes

Aquel día el seguimiento de las movilizaciones y huelgas fue masivo en los cuatro herrialdes, y la reacción del Gobierno la habitual, con un saldo de siete muertos y decenas de heridos a lo largo de ese y los siguientes días.

En el barrio donostiarra de Gros una mujer que se hallaba en su casa fue gravemente herida de bala en el pecho. En Errenteria la Guardia Civil disparó contra una manifestación y causó varios heridos, entre ellos Rafael Gómez Jauregi, quien falleció horas más tarde.

Al día siguiente la huelga fue total en Euskal Herria, y también la represión. La Guardia Civil hirió de bala a seis personas en Tolosa y Errenteria, y cerca de esta localidad murió el trabajador de la autopista Bilbo-Behobia Clemente del Caño Ibáñez atropellado por un vehículo cuando retiraba una barricada, según los testigos obligado por la Guardia Civil.

Las dos muertes, los heridos y las agresiones de grupos parapoliciales, popularmente conocidos como «incontrolados», hicieron que aquel 13 de mayo la tensión fuera en aumento. En Iruñea, durante las protestas en el Casco Antiguo por la prohibición de un acto pro-amnistía, miembros de la Policía Armada retuvieron a José Luis Cano y mientras le golpeaban en el interior de un bar, uno de los policías disparó su pistola y causó su muerte de un balazo en la cabeza. El entonces alcalde de Antsoain, del PSE, testigo de lo sucedido, no pudo precisar si el disparo fue fortuito o intencionado, pero aseguró que después del disparo los policías siguieron golpeando a Cano, «pisoteándole la cabeza, los testículos, todo».

Los enfrentamientos se agudizaron en el Casco Antiguo y esa misma tarde murió de un infarto Luis Santamaría, de 72 años, tras el impacto de una pelota de goma en la pared de su balcón cuando presenciaba cómo la Policía apaleaba a un joven. Otrojoven de 15 años fue herido grave de un pelotazo, también cuando se hallaba en el balcón de su casa.

Los ataques a las viviendas con fuego real no fueron excepcionales. Aquella tarde, en el polígono Beraun de Errenteria, Gregorio Marichalar Aiestaran resultó herido de bala en el pecho cuando cuando salió al balcón de su casa. Falleció al mes siguiente.

El sábado 14 se generalizó la la huelga en una Iruñea que amaneció tomada por las fuerzas policiales. El Ayuntamiento condenó «con toda energía» la actuación policial del día anterior.
Ese mismo día la Guardia Civil dio el alto a un grupo de amigos que se dirigían andando por carretera al centro de Ortuella tras celebrar una despedida de soltero y, tras golpearles, abrió fuego contra quienes intentaban huir. Manuel Fuentes Mesa recibió un disparo en la cabeza y murió en el acto.

El domingo, la Policía Armada atacó a unas 2.000 personas que acudieron al entierro de José Luis Cano en el cementerio de Iruñea, y volvió a cargar por la tarde contra los asistentes a su funeral en el barrio de Arrotxapea.

El lunes 16 se convocó una huelga general en Hego Euskal Herria en protesta por las actuaciones policiales. El paro fue total.

Cuando al día siguiente, martes, Francisco Javier Fernández Núñez, vecino de Bilbo que había sido golpeado dos días antes por la Policía Armada, acudió a comisaría a interponer una denuncia, fue agredido por «incontrolados», quienes además le obligaron a beber coñac y aceite de ricino, a pesar –o a propósito– de la afección hepática que padecía. Falleció poco después.

Ley de Amnistía

Siete víctimas en cinco días. Su delito, reclamar la libertad de quienes la habían perdido en su lucha por los derechos y libertades de todos, a sumar a otras muchas de aquel año en el que por un breve período de tiempo se vaciaron las cárceles de presos políticos. Año en el que se promulgó la ley llamada de amnistía que los poderes del Estado presentaron como una especie de cesión de buena voluntad y que en realidad sirvió para garantizar la impunidad de los responsables de los crímenes del franquismo y posteriores.

Josu Ibargutxi, portavoz de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo, aclara que a él y al resto de prisioneros políticos no los liberó ninguna ley, sino la lucha popular. Recuerda, así mismo, que el segundo artículo de la ley llamada de amnistía contiene dos apartados cuya derogación exigen numerosas asociaciones memorialistas y organizaciones políticas, sindicales y sociales; incluso varios organismos de Naciones Unidas han instado a la derogación de esa Ley por considerarla contraria al derecho internacional sobre derechos humanos.

La impunidad, no obstante, se extiende mucho más allá de esa ley. En julio de 1978, tras la muerte de Germán Rodríguez a manos de la Policía en los sanfermines de Iruñea, la de Joseba Barandian dos días después en Donostia y el pillaje protagonizado por 200 policías en Errenteria, el jefe supremo de aquellas fuerzas policiales, Rodolfo Martín Villa, hoy imputado por un juzgado argentino pero protegido por el aparato judicial español merced a la Ley de Amnistía de 1977, describía con sus palabras la naturaleza de la «modélica transición» del Estado español: «Los nuestros son errores, los de ellos crímenes». Ni él ni los demás responsables de aquellas y otras tropelías, anteriores y posteriores, han respondido por ellas a día de hoy.