Un juez español propone investigar una denuncia contra Petro por un secuestro en 1981

Horas después de confirmarse que el candidato de izquierdas Gustavo Petro ha pasado a la segunda vuelta con el mejor resultado en las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo en Colombia, un juez español ha ofrecido a la famiia de un periodista querellarse contra el exguerrillero.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha admitido a trámite una denuncia contra el candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, por haber integrado el grupo armado M-19 al que se le atribuyen una serie de muertes y secuestros, entre ellos el de un periodista que tendría nacionalidad española cuando ocurrieron los hechos.

En un auto que se ha hecho público este lunes, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 expone que, dado que la Fiscalía se ha opuesto a la admisión de la denuncia, «debe acordarse una inicial diligencia de investigación, en orden a ofrecer a los herederos de la víctima del secuestro, Fernando Gonzales Pacheco, la posibilidad de ejercer acciones penales» como querellantes.

También considera «importante» el juez «corroborar la nacionalidad española de Fernando Gonzales Pacheco» y ve «esencial confirmar, con las autoridades competentes de la República de Colombia, que el denunciado, Gustavo Francisco Petro Urrego, no goce de estatuto de amnistiado ni indultado, y especialmente, que no haya sido investigado, absuelto o condenado por los hechos objeto de este procedimiento».

La Fiscalía, que informó en contra de la admisión de la denunciada, ha recurrido ya la decisión del juez en apelación ante la Sala de lo Penal.

Denuncia presentada en marzo

En la denuncia interpuesta en la Audiencia Nacional el pasado 18 de marzo, según recoge el auto, se acusa a Petro de haber incurrido en delitos de «lesa humanidad», «crímenes de guerra» y «genocidio» como integrante del grupo «narcoparamilitar M-19».

Los denunciantes sostienen la que la condición de Petro con respecto a estos hechos no sería «ni de condenado, ni de amnistiado o indultado» en Colombia, sino que «en la actualidad el denunciado tendría la consideración de ‘desmovilizado’ del grupo que integraba».

Gadea hace referencia al secuestro por el M-19 de «una víctima que, al parecer, ostentaría la nacionalidad española». A este respecto, señala que en «fuentes abiertas» le atribuyen como lugar de nacimiento el Estado español, «por lo que es lógico pensar que ostentaría nacionalidad española de origen».

Y explica que la persecución de los delitos que serían «objeto de esta investigación solamente serían perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal». En este caso, el agraviado serían los herederos de Gonzales.

«Por tanto, la denuncia debe ser admitida, a los solos efectos de ofrecer a los familiares de Fernando Gonzales Pacheco la posibilidad de querellarse, en ausencia del Fiscal, y practicar, simultáneamente una inicial investigación en orden a consolidar la conexión que fundamente la atribución de los hechos a la jurisdicción española», concluye el magistrado.