El Govern pregunta a los colegios si el castellano cuenta con un uso «curricular y educativo»

El Govern de la Generalitat ha enviado un cuestionario a los colegios para ver si se ajustan al decreto del catalán aprobado este lunes. Aunque se evita usar porcentajes, el cuestionario interroga sobre si el proyecto contempla el uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano.

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha enviado la mañana de este martes un documento con instrucciones y un cuestionario asociado a los centros educativos catalanes, para validar que sus proyectos lingüísticos se adapten al nuevo decreto aprobado este lunes, en el día en que termina el plazo de ejecución de la sentencia que impone un 25% de castellano en la educación catalana. Entre las preguntas está si se evita el uso del porcentaje en la enseñanza y uso de las lenguas.

En dicho envío, firmado por el consejero Josep Gonzàlez-Cambray, la Conselleria explica a los equipos directivos que si responden positivamente a las siete preguntas del cuestionario durante el mes de junio, con asesoramiento de la Inspección de Educación, su proyecto lingüístico quedará validado a efectos de la normativa vigente.

En caso contrario –si se responde que no a una o más preguntas– los centros dispondrán del próximo curso para modificar el proyecto lingüístico, que requiere aprobación del consejo escolar de centro o de la titularidad del centro, en el caso de los concertados.

Asimismo Gonzàlez-Cambray les asegura a los directores que «el Departamento de Educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida» y añade que la inspección educativa debe hacer un seguimiento de su aplicación.

El cuestionario pregunta si el proyecto lingüístico «evita el uso de porcentajes» en la enseñanza y uso de las lenguas, y si prevé que el catalán es la lengua normalmente usada como lengua vehicular y de aprendizaje, y la lengua de uso normal en la acogida de alumnado recién llegado.

También interroga sobre si el proyecto contempla el uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano, y si incorpora «criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular» para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas.

Educación también pregunta si el proyecto tiene en cuenta la diagnosis de la realidad sociolingüística del centro y si recoge los resultados de las pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas.

Entidades y sindicatos piden la nulidad del 25%

Plataforma per la Llengua, Ustec·STEs, Intersindical-CSC y el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) han pedido la nulidad de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que impone un 25% de castellano en la educación catalana por una «infracción muy grave» en la asignación del juez Javier Aguayo.

En una rueda de prensa este martes, la directora de Plataforma per la Llengua, Rut Carandell, ha explicado que plantean un incidente de nulidad de actuaciones por una supuesta vulneración del derecho a tener un juez ordinario predeterminado por la ley: «No es la justicia quien dice qué juez te toca, sino que el propio juez decide a qué juicio va».

En concreto, el recurso, consultado por Europa Press, impugna que Aguayo, uno de los jueces que dictó la sentencia, no estaba asignado a la sección que emitió el fallo (la quinta), sino que estaba adscrito a la primera.

Pudo cambiar de sección porque, en tanto que presidente de la Sala Contenciosa-Administrativa, según las reglas de composición del TSJC puede presidir las secciones de su sala cuando «se trate de asuntos con especial trascendencia económica, social o mediática».

Vox pide aplicar el 155

Vox y el PP llevarán al Tribunal Constitucional (TC) el decreto que ha aprobado el Govern en rechazo de la sentencia del TSJC, tal como han anunciado en sendas ruedas de prensa el portavoz de Vox, Juan Garriga, y la diputada del PPC Lorena Roldán.

Vox, además, se querellará por desobediencia contra los miembros del Ejecutivo catalán que consideren «responsables» de este aprobar el decreto. Este mediodía, el partido ultra ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para solicitar la aplicación del artículo 155 y la intervención de la autonomía en Catalunya «para garantizar los derechos de todos los catalanes» ante lo que consideran «un acto de rebeldía de la Generalitat».

El PP, según ha explicado Roldán, esperará a que sigan los trámites parlamentarios antes de acudir al alto tribunal. Preguntada por si se querellarán contra el Govern, Roldán ha respondido que es el Gobierno del Estado quien debería garantizar que se cumplan los derechos, aunque han dicho que pondrán en conocimiento de Fiscalía la «actitud» del conseller de Educación, Josep González-Cambray, «para que se tomen las medidas oportunas».