Plataformas contra los peajes llaman a empoderarse ante los «injustos» sobreimpuestos
Las plataformas Laudio-Zumarraga-Durango, AP-68 Doainik, A-636 Peajerik Ez y AP-8 Peajerik Ez han arremetido contra los impuestos y han exigido el derecho a la movilidad «segura, eficiente y ecológica» que aportan las vías rápidas.
En un comunicado conjunto, las plataformas contra los peajes de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba han llamado a la ciudadanía a empoderarse ante el «injusto sobreimpuesto de los peajes» y han exigido el derecho a la movilidad «segura, eficiente y ecológica» que aportan las vías rápidas.
Laudio-Zumarraga-Durango, AP-68 Doainik, A-636 Peajerik Ez y AP-8 Peajerik Ez han criticado que «el tema de los peajes se deja caer a la opinión pública como algo que solo pretende cubrir una necesidad recaudatoria por parte de las diputaciones». Sin embargo, han advertido que sus promotores no alcanzan a ver las repercusiones que esta medida «totalmente innecesaria e injusta» llevará consigo.
En ese sentido, han indicado que los transportistas incidirán ese precio en sus portes y los distribuidores en el precio de venta, «rebotándolo a la ciudadanía que seguirá mermando su poder adquisitivo».
También han criticado que se diga que la financiación de las vías de alta capacidad suponen un coste «que está fuera del menú», y que se trate como algo que sobrepasa lo que las administraciones están obligadas a ofertar hoy en día: «Esto es, que solo están dispuestas a sufragar las decimonónicas carreteras, y las autovías y autopistas las tuvieran que pagarlas sus usuarios sí o sí».
«Sería lo mismo que si, en sanidad, Osakidetza mantuviera los consultorios y cuartos de socorro y cobrara peaje en ambulatorios y hospitales. O si educación conservara las escuelas de barrio y las de artes y oficios, y cobrara por los colegios e institutos de formación profesional», han señalado.
Igualmente, han advertido de que la concepción de que las vías de alta capacidad son un «lujo», conlleva a que las clases medias y bajas se vean excluidas del derecho a una movilidad segura y eficiente, viéndose obligados a transitar por las saturadas nacionales, como N-634, N-620 o la BI- 625, «poniendo con ello en serio riesgo su vida, el bien más preciado a proteger por las instituciones».
Por todo ello, han asegurado que la ciudadanía debe «empoderarse ante la injusta situación que supone el sobreimpuesto de los peajes», y exigir a las instituciones que se respete, como uno más, su derecho a una movilidad segura, eficiente y ecológica, derechos que aportan las vías rápidas.
Instituciones
Frente a esta «ultra visión liberal» de entender la financiación de los servicios que deben prestar las administraciones, las plataformas han considerado que «no es exagerado, y sería demostrable, afirmar que las diputaciones ingresan miles de millones por el amplio conjunto de impuestos que soporta la tenencia de un vehículo».
«Impuestos dinámicos que se mantienen desde su compra hasta que se retira al desguace, en contrapartida a solo unos cientos de millones con los que se cubre las inversiones y gastos de la totalidad de la red viaria del territorio», han censurado.
Por otro lado, las plataformas han denunciado que se invoque a la Unión Europea «como adalid de la imposición de los peajes», cuando la Comisaría Europea de Transportes y movilidad «no se cansa de declarar que Europa no obliga a ningún estado a instaurar peajes».
Según han indicado, la UE solo legisla para que, en aquellos países que lo hacen, cumplan en su desarrollo con todos los derechos, «de la misma manera que legisla, por ejemplo, con la elaboración de chorizos».
«Ni en el farragoso texto de la concesión de los fondos europeos de recuperación post covid, se deduce la condición 'sine qua non' de implementación de peajes para acceder a los fondos europeos», han subrayado.