El Gobierno español aprueba la «excepcionalidad» de las privatizaciones sanitarias

La ministra española de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado este martes el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud aprobado por el Gobierno. La norma recoge la universalidad del derechos a la protección de la salud y la atención sanitaria.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión en el acceso a la sanidad pública en el Estado español, que impide establecer nuevos copagos y considera la «gestión directa» como el modelo prioritario para la prestación de servicios, estableciendo la «excepcionalidad» de las colaboraciones público-privadas.

La ministra española de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la norma que se envía ahora al Congreso para su tramitación mejora, amplía y «devuelve» derechos a la ciudadanía, aunque este lunes Unidas Podemos expresó sus «serias dudas» de que vaya a servir realmente para evitar la privatización de la Sanidad. «Quiero decir bien alto y bien claro que nace del cumplimiento del programa de Gobierno de progreso», ha expuesto Darias sobre este cambio normativo.

El proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) prioriza la gestión directa de los servicios sanitarios y sociosanitarios, lo que según el Gobierno es una manera de «blindar» la sanidad pública en un contexto en el que varias autonomías tienen externalizados los servicios sanitarios.

De hecho, según ha explicado Darias en la rueda de prensa, la ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria y siempre motivada objetivamente, «solo cuando no sea posible la gestión directa».

Respeto «exquisito» a la competencia autonómica

Las administraciones públicas deberán cumplir una serie de requisitos y motivar las externalizaciones. Según ha dicho la ministra, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o los indicadores comunes para aprobar que los servicios públicos los presten empresas privadas.

A juicio de Darias, esto «respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas» y se basa en el modelo de «cogobernanza». Este es uno de los aspectos del texto que no estaba incluido en el anteproyecto que se aprobó en noviembre.

Para Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno, el PSOE «siempre se ha quedado a mitad de camino en defensa de la sanidad púbica», aunque Darias ha querido dejar claro que es una norma que ha contado con aportaciones de casi todos los ministerios.

«Quiero decir, bien alto y bien claro, que nace del cumplimiento del programa de Gobierno de progreso para garantizar la equidad, la cohesión y la universalidad de nuestro sistema nacional de salud, pero especialmente para ampliar derechos y devolvérselas a ciudadanía», ha afirmado.

Eliminación de copagos

La nueva ley recupera la carta común de servicios única y cierra la puerta a implantar nuevos copagos por servicios públicos. Además, exime del copago sanitario para los productos ortoprotésicos a los colectivos más vulnerables, como ya se hizo en su día con los copagos farmacéuticos.

Estos colectivos vulnerables son las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), los pensionistas con rentas más bajas, los menores con discapacidad reconocida y las personas de rentas bajas por hijo a cargo. En total esos colectivos suman 6 millones de personas.

«Recuperamos la cartera única común de servicios que incluye por tanto todas las prestaciones públicas», ha defendido la ministra.

Universalidad del acceso a la salud

La norma recoge la universalidad del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria, y amplía el derecho a la atención a nuevos colectivos como personas con nacionalidad española que viven en el exterior durante sus desplazamientos al Estado, así como a sus familiares.

Según la ministra, se garantiza así el reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria a las personas solicitantes de protección internacional, a las personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal y también a las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual, y a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en el Estado.

«Esto era algo que ya permitió el Real Decreto Ley del 2018 tras la llegada del presidente Sánchez a la Moncloa, pero había dudas de interpretación», ha expuesto la ministra.