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Condenado a 22 años el empresario autor intelectual de la muerte de Berta Cáceres

Un tribunal hondureño ha condenado a 22 años y medio de prisión al ejecutivo de la hidroeléctrica DESA Roberto David Castillo por la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, cuya culpabilidad se estableció el año pasado.

Roberto David Castillo, conducido por la Policía a escuchar la sentencia por el caso de Berta Cáceres. (Orlando SIERRA/AFP)

La justicia de Honduras ha condenado este lunes a 22 años y seis meses de prisión al ejecutivo hondureño Roberto David Castillo por la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016, un crimen por el que siete personas ya fueron condenadas en 2019.

La condena contra Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), firma que pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres, ha sido dictada por la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional.

Según la sentencia, Castillo –antiguo miembro de los servicios de Inteligencia militar, entrenado en EEUU–  ha sido condenado como coautor intelectual de la muerte de la ambientalista de la etnia lenca y deberá cumplir su condena en la Penitenciaría Nacional, la principal cárcel del país, en el norte de Tegucigalpa.

El directivo de DESA ya fue considerado culpable hace un año, y estaba a la espera de que el tribunal concretara la condena, que podía ir de los 20 a los 25 años de prisión.

Según el Tribunal de Sentencia, el condenado tuvo comunicación con Douglas Bustillo, uno de los siete condenados en diciembre de 2019 como coautor del crimen, y Castillo trabajó en la financiación, organización y logística del plan para matar a Cáceres.

Cáceres fue víctima del crimen a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de denunciar múltiples amenazas de muerte, por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, que afectaría a los integrantes del pueblo lenca.

El Tribunal dictó también «las penas accesorias de inhabilitación absoluta» mientras dure la condena y ordenó que el condenado «trabaje por el tiempo de la sentencia» en la Penitenciaría Nacional.

«Se declara al condenado responsable civilmente, lo que será objeto de casación en la fase de discusión de esta sentencia», subrayó el juzgado hondureño.

Las defensas tienen 20 días para presentar un recurso de casación, tras el que los tribunales podrían ratificar o modificar la sentencia y ordenar que se repita el juicio.

En diciembre de 2019 un tribunal de Honduras condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.

DESA ha rechazado siempre todas las acusaciones en su contra por parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que la ambientalista era coordinadora general, y la familia de Cáceres.

Cuando hace un año se conoció el veredicto de culpabilidad, el Copinh lo consideró «una victoria popular» no solo para este organismo que fundó la ambientalista, sino para el pueblo lenca y la familia de Berta Cáceres.