El prefecto recibe a una delegación de Alda para tratar de la crisis de los alquileres
El prefecto de Pirineos Atlánticos, Éric Spitz, recibió en la tarde del lunes a una delegación del colectivo Alda para tratar de las denuncias sobre contratos de alquiler fraudulentos que la asociación ya hizo patente mediante una operación cámping ante la delegación gubernamental en Baiona.
El prefecto de Pirineos Atlánticos, Éric Spitz, recibió en la tarde del lunes 20 de junio a una delegación del colectivo Alda que lleva a cabo desde hace meses una campaña para denunciar la proliferación de alquileres turísticos y sus consecuencias en el mercado de alquiler anual.
Alda ha denunciado, en este sentido, la existencia de contratos de alquiler fraudulentos que hacen que muchas personas se vean desalojadas en los meses de verano o que simplemente no puedan acceder a un alquiler, caso de estudiantes o trabajadores temporales, porque propietarios o agencias favorecen ese uso temporal y especulativo de los inmuebles.
Según ha dado a conocer hoy la asociación, en el encuentro en Pau participaron, además del prefecto, Alain Mespléde y Emilie Dupont, director y subdirectora de la Dirección Departamental de Protección a las Personas, y el director del gabinete del delegado estatal, Théophile Delassus.
En la reunión, solicitada previamente mediante la operación cámping que llevara a cabo el 18 de mayo ante la Subprefectura de Baiona, tomaron parte los representantes de Alda Xebax Christy, Txetx Etcheverry, Malika Peyraut y Lara Saget.
A través de un comunicado, la asociación ha hecho saber hoy que en el encuentro pudo exponer al prefecto Spitz la serie de «prácticas fraudulentas masivas» que se producen en materia de alquileres y de las que son víctimas «jóvenes, familias y jubilados».
Alda pudo evocar igualmente el problema que se plantea cuando los propietarios se niegan a aplicar la ley a pesar de las peticiones de los inquilinos, así como «los intentos de intimidación, amenazas y presiones» a que tienen que hacer frente estos ciudadanos.
El organismo asegura que además de describir de forma exhaustiva esa situación pudo exponer propuestas concretas con vistas a poner coto a «esas prácticas ilegales» lo que permitiría «sanear una situación que precariza más si cabe a las personas que soportan el peso de la crisis de vivienda que se vive en Euskal Herria».
El prefecto y su equipo de colaboradores habrían planteado, por su parte, «ciertas respuestas y soluciones que, de hacerse efectivas, cumplirían con las demandas planteadas por Alda» sobre la cuestión de los alquileres fraudulentos, ha dado a conocer la asociación, que ha valorado como «especialmente útil y constructiva» la reunión, tras la que se compromete a mantener su compromiso para garantizar que todas las personas puedan disponer de «un alojamiento digno y seguro».
Primera reunión con un organismo de la sociedad civil
Se trata de la primera reunión, a esa escala institucional, que se hace pública desde que el 20 de noviembre, la manifestación que congregó a 8.000 en Baiona abriera una nueva etapa en la movilización social en favor del derecho a la vivienda.
A esa gran marcha siguió el anuncio, en febrero, por la Prefectura de Pirineos Atlánticos, de la creación de una comisión estratégica para abordar el problema de la vivienda, que viene de lejos en Ipar Euskal Herria, dada la atractividad turística del territorio, pero que se ha agravado de forma abrupta en los últimos años por la proliferación de los alquileres turísticos.
La comisión echaba a andar bajo la autoridad del prefecto y con la implicación de representantes de instituciones y servicios implicados en la gestión de la vivienda a escala departamental mientras, por su parte, los electos del país secundaban una política más decidida, vía la Mancomunidad Vasca.
Consciente de la gravedad del problema, la institución vasca se dotó de un mecanismo compensatorio para obligar a los propietarios de viviendas turísticas a poner en el mercado bienes para su uso durante todo el año, pero esa norma, ya implementada en localidades como Burdeos, fue recurrida por los multipropietarios, y ha quedado en suspenso por decisión del Tribunal Administrativo de Pau.