Nuevo paquete de medidas para compensar la inflación en el Estado francés
Aunque comparativamente sigue siendo más baja que la de la mayoría de socios de la UE, la inflación también está marcando máximos en el Estado francés, comprometiendo el poder adquisitivo de los hogares.
El Gobierno francés ha presentado este jueves un proyecto de ley con un nuevo paquete de medidas para compensar el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de la población, con un costo estimado de 20.000 millones de euros este año.
Un «escudo de tarifas» frente al gas y la electricidad
El llamado «escudo de tarifas» del gas y de la electricidad se ha prolongado hasta diciembre y tendrá un costo adicional de 15.000 millones de euros.
En el caso del gas, el precio está congelado desde octubre para los particulares, lo que les ha permitido evitar un incremento del 50% hasta el 1 de julio. Para financiarlo, el Estado tendrá que poner unos 5.700 millones de euros, a condición de que este hidrocarburo no suba más.
En el caso de la electricidad, el incremento este año se ha limitado al 4% para los particulares y las pymes. Si se les hubiera aplicado los precios de mercado, el incremento hasta ahora habría sido del 35%. Financiar esa diferencia necesita al menos 9.800 millones de euros de dinero público.
El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, atribuye a este «escudo de tarifas» el hecho de que el Estado francés haya conseguido ser el que tiene la tasa de inflación más baja de la eurozona (5,8% en junio).
Reducción progresiva del bono para los carburantes
La subvención al carburante que está en vigor desde el mes de abril va a continuar hasta el 1 de diciembre, pero su cuantía irá disminuyendo progresivamente. De los 18 céntimos de euro por litro actuales se bajará a 12 céntimos en octubre y a 6 céntimos en noviembre. Al Estado le está costando unos 800 millones de euros al mes.
Esta ayuda de la que se están beneficiando todos los conductores será sustituida por una selectiva destinada a las personas asalariadas y trabajadores autónomos que necesitan el coche para trabajar, a condición de que formen parte del 50% de la población con los ingresos más bajos; potencialmente son once millones de hogares.
La nueva subvención, de entre 100 y 300 euros, estará modulada en función del nivel de ingresos y de la composición de la familia, con una prima para quienes vivan a más de 30 kilómetros de su puesto de trabajo o recorran más de 12.000 kilómetros al año por razones profesionales.
Revalorización de pensiones y prestaciones sociales
Las pensiones, que habían subido un 1,1% en enero, tendrán una revalorización adicional del 4% con efecto retroactivo desde el 1 de julio para compensar el aumento de la inflación.
Esa misma revalorización del 4% se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de julio a las prestaciones sociales, que habían aumentado un 1,8% en abril.
Ocho millones de familias con bajos recursos recibirán en setiembre una ayuda excepcional de 100 euros, a los que se añadirán 50 euros por hija e hijo que permite compensar las dificultades por la escalada de los productos alimentarios.
Las becas para estudiantes se revalorizarán igualmente un 4% y quienes están en situación más precaria podrán seguir utilizando los comedores universitarios el curso próximo por un euro por comida. Estas medidas tendrán un costo presupuestario de 7.400 millones de euros.
Aumento de los sueldos de funcionarios y de la «prima Macron»
Los funcionarios y empleados de las administraciones públicas van a tener un incremento de sueldo a partir de julio del 3,5%, la mayor progresión desde hace 37 años. Eso se añadirá al aumento del 1,5% establecido en la primera parte del año, con lo que la progresión final será del 5%. El costo será de 3.700 millones de euros.
La denominada ‘prima Macron’, que está exenta de cotizaciones y que las empresas pueden pagar a sus empleados como una forma de remuneración al margen del salario a condición de que su remuneración mensual esté por debajo de tres veces el salario mínimo (por debajo de 3.900 euros netos), podrá ser de hasta 3.000 euros, en lugar de 2.000 como hasta ahora.
Supresión del canon audiovisual
El canon audiovisual que pagan 23 millones de hogares (138 euros al año) y que sirve para financiar la radio y la televisión públicas se suprimirá a partir de 2022. Eso beneficiará también a empresas de hoteles, cafés y bares, que también debían abonarlo. El Estado tendrá que compensar su desaparición con 3.200 millones de euros.
Limitación a la subida del alquiler
La subida anual de los alquileres quedará limitada a un máximo del 3,5%, cuando el índice oficial con el que se calcula su revalorización habría permitido este año aumentos superiores al 5,5%.