42.000 personas extranjeras fueron objeto de retención en 2021 en el Estado francés

Cinco organizaciones implicadas en la defensa de los derechos humanos han hecho público este miércoles el informe correspondiente a 2021, según el cual al menos 42.353 extranjeros fueron encerrados durante una media de 22 días con vistas a su expulsión del Estado francés.

Cinco organizaciones que trabajan por los derechos de las personas extranjeras han presentado este miércoles el informe anual correspondiente a la situación en los centros de retención o CRA existentes en el Estado francés.

Bajo un contexto muy marcado todavía por la pandemia y en el que, constatan, «las autoridades sanitarias no se ocuparon» de estas personas, los CRA franceses volvieron a marcar cifras récord de ingresos y también de permanencia.

Aunque la ley fija el objetivo de que estas personas, a las que se detiene sin que medie delito grave, simplemente por no disponer de papeles, sean devueltas al país de origen con la máxima celeridad, de media, en 2021, debieron soportar 22 días de encierro.

La cifra marca un nuevo aumento, ya que en 2020 y 2019 aguardaban de media 16 días antes de que se completara el trámite de salida de territorio francés.

Las asociaciones aseguran que en 2021 no menos de 40.000 personas fueron objeto de retención administrativa en el Estado francés, donde existen 25 CRA.

De ellas, 14.704 fueron encerradas en centros situados en el Hexágono, como el que existe en Hendaia.

En el CRA situado junto al puente de Santiago, que enlaza Hendaia e Irun, fueron retenidas 219 personas, según consta en el informe que firman, entre otros grupos, La Cimade, y que ha sido presentado esta tarde en Baiona.

Aun siendo más desconocida, cabe remarcar que retención conjuga con alejamiento y también con reminiscencia colonial. De hecho, por los cuatro centros de retención de «ultramar» –Guyana, Guadalupe, Martinica, Reunion y Mayotte– pasaron 27.649 ciudadanos.

Destaca por su dimensión y por las deficientes condiciones de vida el centro de Mayotte, por el que transitaron el año pasado 26.485 personas.

El endurecimiento progresivo de las leyes migratorias ha llevado aparejado un aumento de la red de centros en que se retiene a personas por el mero hecho de no disponer de papeles y se les dispensa «un trato carcelario», a pesar de no haber sido condenadas. De hecho, de las 1.069 plazas existentes en 2017 se ha pasado a 1.762 en 2021.

Ello no implica un alivio de la situación de los centros, ya que la «política de cuotas» a la que se consagran todos y cada uno de los ministros de Interior hace que se disparen tanto las entregas inmediatas como los encierros, cada vez por más tiempo, de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular.

Es el caso del CRA de Hendaia. Según el informe, en 2019 la duración media de la estancia en ese centro fue de 15 días, al inicio de la pandemia ese periodo se elevó hasta los 25 días y todavía aumentó en 2021, llegando a los 27 días, lo que contradice el mensaje oficial de que «no hay dificultades para ejecutar las expulsiones», matizan las asociaciones.

Particularmente grave es el incumplimiento por París de los pronunciamientos de la justicia internacional respecto al encierro de menores.

Pese a las sentencias en su contra, las autoridades francesas encerraron a 16 niños –durante un periodo de una semana– en 2020 y en 2021 fueron cinco los chavales que pasaron por esa injusta situación. Entre los encerrados en Hendaia el año pasado, tres se declararon menores, pero los tribunales optaron por declararles mayores de edad.

Clima convulso en el CRA de Hendaia

En 2021, hacen constar los organismos que han elaborado el informe, tres personas se suicidaron en los CRA franceses y fueron bastantes más las que trataron de quitarse la vida o se autolesionaron para alertar de lo desesperado de su situación.

El año pasado fue particularmente duro en el CRA de Hendaia. Ante la sucesión de incidentes graves, La Cimade optó por renunciar temporalmente a intervenir en el centro hendaiarra.

La asociación salió del centro no sin hacer patente su denuncia tras una cadena de incidentes, dentro de la que se contabilizó un incendio, una protesta violenta que dejó heridos a tres migrantes y a dos policías y una tentativa de suicidio.

El Tribunal de Baiona insistió en la política de castigo a detenidos que se negaron a hacerse la PCR preceptiva de cara a que se pudiera proceder a su entrega al país de origen. El tribunal no mostró clemencia ni siquiera en el caso de un ciudadano tunecino, con arraigo familiar en el Estado francés, que protagonizó un «gesto de desesperación», optando por coserse la boca.

¿Dónde son detenidas las personas que acaban en un CRA?

Según recoge el informe, 3.132 personas fueron detenidas para su expulsión a la salida de prisión, lo que desmonta la polémica que de manera recurrente fomenta la ultraderecha sobre la necesidad imperiosa de reforzar los mecanismos represivos a fin de que los extranjeros que delinquen sean expulsados del Estado francés.

De hecho, es un campeón en lo que se refiere a la emisión de órdenes de alejamiento. Emite por sí solo un tercio de las medidas de expulsión del territorio. En 2018, la administración gala dictó 100.000 órdenes.

Ello no quiere decir, sin embargo, que su balance sea más efectivo que en otros estados, ya que muchas de esas órdenes, hasta el 42,5% en 2021, no pueden ejecutarse, ya por la situación de cierres de fronteras, ya por otras diferencias con los países de origen.

Ello lleva a que la retención se convierta más que en un tránsito, en un pesado destino para los afectados. De hecho, el número de personas encerradas durante el periodo máximo legal de tres meses se ha multiplicado por cinco entre 2019 (70 personas) y 2021 (396).

Retenciones en la muga y X expulsiones en caliente

Siguiendo con el lugar en que son interceptadas las personas extranjeras, en 2021 fueron 2.994 las que fueron arrestadas en controles policiales, 1.818 más cuando acudieron a la administración –en no pocas ocasiones respondiendo a una cita para completar su dosier que suele convertirse en una trampa– y 1.006 fueron retenidas en la frontera.

Los arrestos en la muga dan lugar a un número de retenciones muy inferior al de entregas en caliente, máxime desde el restablecimiento de los controles permanentes en frontera que París también mantiene por su cuenta y riesgo, pese a las advertencias de Bruselas o a las quejas ante el Consejo de Estado por la violación de derechos y los perjuicios a las personas de las zonas transfronterizas que se derivan del incumplimiento del Tratado de Schengen.