A juicio diez acusados de participar en una trama de prostitución de menores tutelados en Araba
Este lunes arranca en Gasteiz el juicio contra una decena de personas acusadas de participar en una red de prostitución de menores tutelados en un centro dependiente de la Diputación de Araba. El Ministerio Fiscal pide penas que suman más de cien años de cárcel.
El próximo lunes, 26 de setiembre, arrancará en la Audiencia Provincial de Araba el juicio contra diez personas acusadas de pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación. La vista se prolongará en principio hasta el 3 de octubre, con un total de cinco sesiones.
El primer día está previsto que comience con la declaración de los acusados, para quienes el Ministerio Fiscal pide penas que suman más de cien años de cárcel por los delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores de edad y delitos contra la salud pública.
El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) informó el pasado jueves de que tras la declaración de los acusados el juicio se retomará el miércoles 28 cuando se iniciará la declaración de las víctimas, que, pese a que ya son mayores de edad, testificarán a puerta cerrada tal y como se acordó en el auto de admisión de pruebas.
El jueves 29 de setiembre continuará la declaración de las víctimas y el viernes será el día de los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en este caso. Finalmente se ha previsto que el 3 de octubre tengan lugar las periciales y los informes finales.
Seis años de proceso judicial
Este caso saltó a la luz en noviembre de 2016 cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando a varios hombres por pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación tras recibir una denuncia del director del centro de Sansoheta, situado en Gasteiz, donde se acoge a personas con problemas graves de comportamiento cuya tutela ha sido retirada a los progenitores.
En este caso también está personada como acusación particular la Diputación de Araba que se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal y la Asociación Clara Campoamor como acusación popular que reclama penas que oscilan entre los 3 y los 29 años de cárcel.