El Ayuntamiento de Donostia muestra su preocupación por el nuevo encarcelamiento de Atristain
La Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Donostia ha aprobado una declaración en la que muestra su preocupación por los reiterados recursos de la Fiscalía contra el tercer grado del preso Xabier Atristain y ha pedido que las progresiones de grado «puedan ser la norma y no la excepción».
Con el apoyo de PNV, EH Bildu y Podemos, la abstención del PSE y el voto en contra del PP, la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Donostia ha aprobado este viernes una declaración en la que muestra su preocupación por los reiterados recursos de la Fiscalía contra el tercer grado del preso Xabier Atristain.
Una vez aprobada en la citada comisión, la declaración deberá ser ratificada en la Junta de Portavoces del próximo martes. El pasado junio, el Consistorio donostiarra aprobó otra declaración similar con motivo de la anterior encarcelación de Atristain.
En la misma, se recuerda que el preso donostiarra, por decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP), a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, por segunda vez consecutiva, ha vuelto a ingresar en prisión y ha sido regresado a segundo grado.
En este sentido, pone el acento en que «hace varios meses, la Justicia Europea emitió un fallo contra la decisión judicial española, en la que denunciaba el hecho de que este preso había sido juzgado y condenado en base a su declaración sin la asistencia judicial a la que tenía derecho y tras haber denunciado la práctica de tortura».
Y la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Martutene, en dos ocasiones, ha aprobado y trasladado, para su ratificación a la Administración Penitenciaria, su propuesta de progresión a tercer grado y acceso a la libertad condicional, con pulsera telemática, de Xabier Atristain.
Por todo ello, desde la Corporación Municipal donostiarra, «trasladamos nuestra preocupación por los reiterados recursos de la Fiscalía a las resoluciones de los órganos penitenciarios, que son los que mejor conocen la evolución de los presos y presas en sus centros penitenciarios».
Y solicita que, «desde el máximo respeto a las resoluciones judiciales, estas puedan hacerse compatibles con las decisiones de los diferentes órganos de la Administración Penitenciaria y, de esta forma, las progresiones de grado y/o los permisos penitenciarios, puedan ser la norma y no la excepción».
Otros trece presos a la espera
Tras haber informado Sare sobre el caso de Atristain en la comisión municipal, su portavoz Inaxio Oiarzabal ha destacado la aprobación de la declaración y ha puesto el acento en que «hay otros trece presos en espera de la resolución del recurso de la Audiencia Nacional y con el riesgo de volver a la cárcel».
Oiarzabal ha recordado que, en relación con la política carcelaria, «últimamente ha habido avances, pero también retrocesos, y el caso de Atristain es un claro ejemplo de ellos» y ha mostrado la preocupación de Sare ante la posibilidad de que «haya más presos que pueden verse en esa situación».
Un caso esperpéntico
Lo que está sucediendo con Atristain es conocido y resulta muy definitorio. En marzo del año 2010, este donostiarra se entregó en una comisaría de Biarritz, al saber que era buscado por las FSE tras el arresto en febrero en Gipuzkoa de Ibai Beobide. Un mes después fue entregado a Madrid, y la Audiencia Nacional le dejó libre.
Volvió a ser arrestado en setiembre de ese año, y entonces se ordenó su incomunicación durante cinco días, siendo atendido por un letrado de oficio, sin que permitieran la asistencia de un abogado de su confianza. Se autoinculpó de diversos hechos a consecuencia de las torturas que detalló y de amenazas como detener a su novia. Y en ello se basó la condena impuesta por la Audiencia Nacional.
Cumplió dos años de prisión provisional y en setiembre de 2012 recuperó la libertad a la espera de juicio. Este tuvo lugar en 2013, y fue condenado a 17 años de cárcel. Pero Estrasburgo declaró injusto ese proceso debido a la falta de garantías jurídicas en el periodo de incomunicación, una constante en casi todos los casos de presos vascos. Ello no ha evitado que Atristain haya vuelto a prisión y que otros presos que también fueron condenados tras periodos de incomunicación sin asistencia de letrados de confianza sigan en la cárcel.