Una madre maltratada y su hijo piden una prórroga al borde del desahucio en Donostia

Una mujer y su hijo, vecinos de Donostia, viven al borde del deshaucio pese a su extrema situación de vulnerabilidad. Víctimas ambos de malos tratos, sobreviven con un sueldo «exiguo» tras quebrar el negocio que regentaba. Piden a Lakua la prórroga para seguir viviendo en el piso de alquiler social.

Viven al borde del desahucio desde el pasado abril y en paralelo afrontan un procedimiento judicial como víctimas de malos tratos. Una situación límite para una madre donostiarra y su hijo, menor de edad, que «desesperados» reclaman ahora una prórroga que les evite abandonar su piso de alquiler social, propiedad del Gobierno de Lakua.

Rosa (nombre ficticio) y su hijo atraviesan además una precaria situación económica tras la quiebra durante la pandemia del negocio de hostelería que regentaba en la capital guipuzcoana.

No obstante, su drama se remonta años atrás hasta el momento en el que su esposo comenzó a tener episodios de «intensa agresividad» motivada por los celos, en los que presuntamente le gritaba, se encaraba con ella, la agarraba, la empujaba y le insultaba.

«Puta de mierda, zorra, golfa, te voy a cortar el cuello y a joderte la vida», son algunas de las expresiones a las que tuvo que hacer frente durante su matrimonio, mientras su marido propinaba «puñetazos, patadas y golpes a puertas, paredes y a otros objetos del domicilio», en ocasiones en presencia de su hijo menor de edad.

Agresiones físicas

Según recoge la orden judicial de protección de la que goza Rosa, luego llegaron las presuntas «agresiones físicas de carácter más grave»: bofetadas, mordiscos en el labio, agarrones de pelo y hasta un puñetazo en la cabeza, así como mensajes de whatsapp con insultos y amenazas.

Unos «momentos de agresividad» en los que, según los «indicios» existentes, su marido también habría golpeado «ocasionalmente» al hijo del matrimonio «con la mano abierta» en el cuerpo, además de vejarlo a raíz de su físico, llamándole «gordo, foca o tractor».

El marido de Rosa ha sido procesado recientemente por estos hechos por el juzgado de Violencia Sobre la Mujer como posible autor de un total de ocho delitos de violencia machista, y su caso se encamina ya hacia el juicio.

También en los tribunales se dirime la segunda cuestión que quita el sueño a Rosa desde que el pasado 24 de abril, cuando otro juzgado donostiarra admitió a trámite la demanda de desahucio de su vivienda de alquiler social, interpuesta por el Gobierno de Lakua por una deuda de 17.363 euros en concepto de rentas impagadas.

Oposición al deshaucio

De la mano de su abogada, Beatriz Rodríguez Aparicio, Rosa se opuso entonces al desahucio, para el que ya se había señalado el 1 de junio y, tras lograr aplazar inicialmente el lanzamiento, pidió al Juzgado de Violencia contra la Mujer que informara de su situación a los servicios sociales del Ayuntamiento de Donostia con la intención de encontrar «una solución habitacional» para ella y su hijo, atendiendo a sus especiales «circunstancias».

De esta manera, el pasado 25 de mayo, el consistorio donostiarra emitió un informe que acreditó la «situación de vulnerabilidad económica» de Rosa, quien con un sueldo «exiguo» aún debe hacer frente al pago del préstamo con el que adquirió el local hostelero quebrado, actualmente en venta.

La familia fue informada además sobre las prestaciones a las que podría tener acceso en el Servicio Municipal de Atención a mujeres maltratadas, así como sobre la existencia de ayudas de emergencia social.

Al mismo tiempo, se le planteó la posibilidad de acceder a un piso de emergencia social, aunque en su caso no se llevará a cabo hasta después «del acto de lanzamiento de desahucio de la vivienda en la que reside».

Situación de vulnerabilidad

En paralelo, el juzgado consideró acreditada la situación de «vulnerabilidad» de Rosa y su hijo y, en función del decreto de medidas del Gobierno para hacer frente al covid-19 en el ámbito social y económico, acordó suspender el desahucio hasta el 30 de setiembre.

Aunque antes de esta fecha su abogada ya presentó dos escritos solicitando la prórroga de la suspensión y que se diera un nuevo impulso al proceso, el caso atraviesa ahora un momento de «impasse», con el plazo ya vencido y a la espera de que el departamento de Servicios Sociales emita un nuevo informe sobre la «situación de vulnerabilidad» de Rosa y su hijo, para quienes las manecillas del reloj continúan ya su dramática cuenta atrás.