El Gobierno español reforma el delito de sedición, con penas máximas de cinco años de prisión
PSOE y Unidas Podemos han presentado una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, que pasará a llamarse de «desórdenes públicos agravados» y que se castigará con un máximo de 5 años de prisión. Pere Aragonès lo considera un «paso en el camino de la resolución del conflicto».
Los socios del Gobierno español presentan este viernes una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, que desaparece del Código Penal y pasa a denominarse «desórdenes públicos agravados». Lo adelantó el jueves Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta y ha sido el portavoz Patxi López quien ha dado los detalles de la reforma, antes de registrarla en el Congreso.
Según la propuesta de reforma del Código Penal que han presentado PSOE y UP, el nuevo delito de «desórdenes públicos agravados» se castigará con una pena de tres a cinco años de prisión, frente a los 15 años que contempla el actual delito de sedición.
El texto señala que «serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios».
Y añade que «los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público».
En el caso de que los autores sean autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años.
Un delito que tenía 200 años
Patxi López ha señalado que la propuesta persigue modificar el concepto de un delito de sedición que tenía 200 años y que la mayoría de países europeos han ido adaptando a la sociedad actual.
Ha explicado que la proposición de ley también incluye la trasposición de directivas europeas en materia de lucha contra el fraude, falsificación de medios de pago, blanqueo de ganancias obtenidas con acciones delictivas y abuso de mercado, en la medida que otorga medios a las autoridades de la competencia para aplicar más eficazmente sus facultades.
La iniciativa, que requerirá de mayoría absoluta para su aprobación en el Congreso, recoge modificaciones en el Código Penal en lo referente a los delitos contra la integridad moral y una «modalidad específica» que hace referencia a la ocultación del cadáver, así como otras relacionadas con el contrabando de material de defensa y de tecnologías de doble uso.
Sánchez: «Más o menos homologable» a Europa
En su entrevista del jueves, Sánchez también defendió que el nuevo tipo penal que sustituirá al delito de sedición será «más o menos homologable» con otros estados europeos como Alemania, Italia, Bélgica, Suiza o Estado francés y las penas serán las que rigen en los códigos penales de esos países.
Negó que esto sea una exigencia de ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que, por el contrario, lo ha reivindicado «desde siempre» e incluso estuvo sobre la mesa, aunque finalmente se descartó. Al tiempo, señaló que en las últimas semanas hay grupos parlamentarios que han dicho que están dispuestos a acometer esta reforma.
El jefe del Ejecutivo defendió las decisiones «valientes y audaces» que ha ido adoptando para «rebajar la tensión» en Catalunya, y en ese contexto ha justificado la proposición de ley que se presentará este viernes.
El delito de sedición, que recordó que fue redactado en 1822, será modificado y pasará a denominarse de «desórdenes públicos agravados», lo que considera «un paso definitivo» para la «modernización» de estos tipos delictivos.
Sánchez aseguró que la amnistía que pide el independentismo catalán no va a ser aceptada por el Gobierno español y que, con esta reforma, el exiliado president de la Generalitat Carles Puigdemont tendrá que seguir rindiendo cuentas ante la Justicia española.
«Los delitos de 2017 siguen estando presentes en el Código Penal, no como delito de sedición, sino en una nueva tipología de delito», ha recalcado.
Aragonès: Fruto de un acuerdo con la Generalitat
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado este viernes que el delito de la sedición «desaparece, queda eliminado» del Código Penal, permite avanzar hacia el «fin de la represión» sobre el movimiento independentista y supone un «paso adelante en el camino de la resolución del conflicto político» entre Catalunya y el Estado, aunque a la vez ha reclamado más pasos para avanzar en la desjudicialización.
En una comparecencia desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, ha asegurado que la eliminación de la sedición es fruto de un acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno español, y ha defendido que permite «profundizar en el proceso de desjudicialización» ya que supone una «mejora para el conjunto de las personas represaliadas».
«Con la derogación de la sedición es más difícil perseguir injusta y arbitrariamente al movimiento independentista», ha celebrado, si bien ha reconocido que aún «queda camino por recorrer» hasta la «completa desjudicialización del conflicto», sin renunciar a la amnistía.
Así, ha explicado que sigue habiendo «cuestiones abiertas que se podrán plantear en el trámite parlamentario» de la reforma del Código Penal, en alusión, por ejemplo, a la malversación.
«Hay que trabajar más», ha subrayado el president, quien ha hecho hincapié en que de momento lo más relevante es que «el delito de sedición queda borrado, desaparece del Código Penal», y es sustituido por «desórdenes públicos agravados», un concepto que «ya existe» ahora, si bien «la pena máxima pasa de seis a cinco años».
«Hoy damos un paso muy importante para conseguir el fin de la represión y comenzar a construir la resolución del conflicto político con el Estado», ha insistido.
JxCat: «El remedio, peor que la enfermedad»
No ha opinado igual la presidenta de JxCat, Laura Borràs, quien ha asegurado que el «remedio de los desórdenes públicos agravados» puede ser «peor que la enfermedad de la sedición».
«Sánchez hace de Sánchez y veremos si querrá decir ‘el 1-O no fue sedición sino desórdenes públicos agravados’. Estos, si acaso, los hicieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», ha indicado a través de Twitter.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, también ha considerado que la reforma que está hecha «a medida para decir que el 1-O fue delito».
Puigdemont: «No se desjudicializaría nada»
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha lamentado que con la reforma del delito de sedición «no se desjudicializaría nada» porque contempla igualmente penas de cárcel.
«Si te condenan a prisión por organizar y convocar un referéndum de independencia, qué más da si son 15 años de cárcel o son cinco: están criminalizando un derecho», ha argumentado a través de Twitter. «La ganancia individual (pasar menos tiempo en prisión) no implica una ganancia política. No se desjudicializa nada».
Puigdemont, exiliado en Bruselas, ha acusado a Sánchez de ser «un maestro en el arte del engaño», por lo que ha abogado por leer muy bien la letra pequeña de la reforma: «Los ‘anuncios de Sánchez’ nunca son lo que parecen», ha avisado.
También desde el exilio, en su caso en Suiza, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha lamentado que con la reforma anunciada «no podría volver a Catalunya con garantías», si bien ha considerado que la medida es una buena noticia para «el conjunto del independentismo, el de hoy y el de mañana».
«Apoyaremos todas aquellas reformas que dificulten la aplicación arbitraria del Código Penal o que sea perjudicial para la pluralidad y la disidencia política», ha aseverado en un apunte de Twitter.
El diputado de la CUP Carles Riera ha rechazado la reforma y ha criticado a ERC por «vender como victorias políticas los juegos malabares» de Pedro Sánchez.
A su parecer, el camino del PSOE y de ERC pasa «por buscar un nuevo encaje de Catalunya en el Estado y por la estabilidad institucional». «O bien ERC es muy ingenua o bien es algo peor y colabora conscientemente con esta política», que «pone dificultades al camino de la independencia», ha subrayado, al tiempo que ha preguntado qué beneficios pueden obtener de este cambio en el Código Penal los «expresos y los exiliados» independentistas catalanes.
Para la CUP, «estamos ante un nuevo juego malabar del PSOE para contentar a ERC con migajas y que pueda aprobar los Presupuestos del Estado».
El presidnete de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha valorado que la ampliación del delito de desórdenes públicos «es un paso adelante en la persecución del derecho a protesta y la criminalización de la disidencia política» y ha expresado la «enorme preocupación» con que se ve desde el activismo puesto que incorpora el concepto de intimidación.
«¿Quién decide cuándo hay intimidación? ¿Los mismos que decretaron prisión para Jordi Cuixart por participar en una manifestación y ejercer el derecho a protesta?», se ha preguntado. A su juicio, la reforma «facilita todavía más la continua vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía por parte de un Estado que no tolera ni la discrepancia política ni se atreve a afrontar democráticamente el conflicto político».
Desde Euskal Herria
Desde el ámbito vasco, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu considera «positiva» la reforma del delito de sedición, pero advierte de que «no debe ser la única» ya que aún hay «una Brunete judicial y policial que intenta usar cualquier medida contra las personas que están en el exilio» y habrá que «desmontar ese montaje» que idearon «algunos jueces» ya que «lamentablemente no creo que sea una medida total y general» que vaya a facilitar el final del procesamiento a los independentistas catalanes.
Iñarritu ha declarado en Radio Euskadi que «la modificación es positiva y muestra que el diálogo es el mejor instrumento para llegar a acuerdos», que llegan para «desjudicalizar lo que nunca debió de ser judicializado, cuando se aplicó el derecho a martillazos» para perseguir a quienes instalaron urnas en Catalunya con el objetivo de que «la ciudadanía se expresara».
«Nosotros apoyaremos sin ninguna duda la reforma de ese delito y seguiremos negociando durante estos días los presupuestos», ha adelantado, al tiempo que ha instado a «no vincular una cosa con la otra».
.@JonInarritu: «Toda medida que vaya en la vía de sacar de los juzgados este conflicto será positiva, pero no es la única que debe ser tomada para desmontar toda la campaña de represión».
— EH Bildu (@ehbildu) November 11, 2022
Valoración en @RadioEuskadi de la reforma del delito de sedición https://t.co/PRe9JhxZ2l pic.twitter.com/a8csxyeTv6
Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu ha opinado que la sustitución del delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados es «positiva» y «refuerza las vías políticas frente a las vías judiciales» a la hora de abordar «cuestiones políticas», y debería conllevar una reforma del artículo 155 de la Constitución y una «reflexión» sobre el modelo de Estado.
«España tiene uno de los sistemas penales más severos de la Unión Europea y esta modificación creo que lo homologa un poco más a otros Estados», ha argumentado.
Según ha defendido, todo lo que vaya en la vía de «desjudicializar» un conflicto, en el que «el Derecho se había aplicado a martillazos», va «en la buena dirección».
También desde las filas jeltzales Andoni Ortuzar ha considerado que la propuesta del PSOE y Unidas Podemos «suena bien» y parece una «reforma proporcional».
«Todo lo que sea converger con Europa en libertades y derechos es bueno», ha dicho, tras puntualizar que el PNV no establecerá una posición definitiva hasta conocer el texto que presenten PSOE y Unidas Podemos.
Para el presidente del PP en la CAV, Carlos Iturgaiz, la reforma del delito de sedición supone «una nueva traición de Sánchez a España».