PNV y PSE acuerdan con el PP la Ley de Empleo Público, tildada de «xenófoba» por LAB y ESK
PNV y PSE han acordado el dictamen de la Ley de Empleo Público Vasco con la coalición formada por PP y Ciudadanos. EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han votado en contra del dictamen de una norma que, en opinión de LAB y ESK, presenta un «corte xenófobo».
La Comisión de Instituciones, Gobernanza Publica y Seguridad del Parlamento de Gasteiz ha aprobado el dictamen del proyecto de Ley de Empleo Público Vasco. Lo ha hecho con los votos a favor de PNV y PSE, y la abstención de la coalición formada por PP y Ciudadanos, que ha alcanzado un acuerdo con los partidos que forman el Gabinete de Iñigo Urkullu.
Según ha informado la agencia Efe, han pactado la creación de la escala de puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias, propiciando que estas plazas salgan a concurso público.
EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han votado en contra de una norma que regulará la actividad de más de 100.000 trabajadores, y que establece, en el artículo 72.5, que, «por medio de ley del Parlamento Vasco se podrá eximir del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario en determinados ámbitos o sectores de actividad».
«Teniendo en cuenta las necesidades objetivas», se podrá eximir del requisito de la nacionalidad en tres ámbitos: sistemas y tecnologías de la información; personal médico especialista y personal de enfermería de Osakidetza; y plazas de la Ertzaintza y de la Policía Local que «requieran para su provisión el conocimiento de las lenguas y de la cultura de aquellos sectores de inmigración especialmente implantados en el territorio».
«No se puede discriminar»
Esta idea ha sido criticada por EH Bildu, que «no se puede discriminar a nadie por su origen». En declaraciones a NAIZ, la parlamentaria soberanista Rebeka Ubera ha incidido en que la nacionalidad «no puede ser un factor para trabajar en la Administración». «Más aun cuando somos un pueblo de acogida», ha remarcado.
En la misma línea se ha pronunciado Patxi Nicolau, de ESK, que ha alertado del «corte xenófobo» del proyecto de ley. «La eliminación del requisito de nacionalidad para que sea sustituido por el requisito de residencia debería ser para el acceso a todo el empleo público, en todas las administraciones», ha apuntado.
«No consigo entender porque en el Gobierno Vasco no puede haber un técnico jurídico originario de Senegal, si la formación es la misma que la de una persona de Gasteiz», ha explicado, reclamando que no se excluya a personas migrantes extracomunitarios.
«Neoliberal y subordinada»
LAB, por su parte, ha denunciado que se trata de una norma «neoliberal y subordinada». Ha censurado que el Gobierno de Lakua «no tomó en consideración las propuestas de LAB, y sin ninguna negociación ni comunicación en esta legislatura, nos hemos enterado hoy por sorpresa la aprobación del dictamen, un paso más para su aprobación en el parlamento».
«La única novedad que hemos conocido en los últimos días es la que se contempla la posibilidad de rechazar el criterio de nacionalidad para varios puestos. Esto, más que reconocer y reparar la aportación de diversos sectores de la sociedad, deja aún más en evidencia la instrumentalización de las y los trabajadores, y es totalmente xenófobo», ha manifestado.
Y ha destacado que la norma «niega la negociación colectiva y perpetúa el modelo de imposición; abre de par en par las puertas a la privatización de los servicios públicos; perpetúa los recortes realizados; posibilita una gestión mercantilista y partidista de las administraciones públicas; continúa dependiendo de la legislación estatal en materia de empleo, sin ambición; y No recoge garantías para la estabilidad del empleo».
«Los servicios públicos son garantía de derechos fundamentales y para protegerlos necesitamos una ley propia, no como esta que es un mero desarrollo de leyes foráneas», ha añadido, y ha anunciado que el próximo 22 de noviembre realizará movilizaciones en los centros de trabajo a favor del empleo, el poder adquisitivo y la capacidad de decisión en los mismos, e«n contra de lo que representa este proyecto de ley».
Tras la aprobación del dictamen, la ley deberá ser ratificada en el pleno del Parlamento autonómico.