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La banca española carga contra el impuesto temporal a sus ingresos y está dispuesta a recurrir

Ante el impuesto temporal a sus ingresos que el Congreso español aprobó el jueves, las principales entidades financieras del Estado han mostrado su rechazo y algunas han expresado voluntad de recurrirlo si fuera necesario.

La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, ha advertido de que «no es el momento más acertado» para gravar al sector financiero. (Europa Press)

Las principales entidades financieras españolas han vuelto este lunes a dejar clara su oposición al nuevo impuesto que gravará temporalmente los ingresos del sector, a falta de cerrar el trámite parlamentario, e incluso han adelantado que estarían dispuestas a recurrirlo si lo consideran necesario.

El Congreso español dio el visto bueno el pasado jueves a una proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a empresas energéticas y banca. El texto final incluye un gravamen del 4,8% a los intereses y comisiones de la banca.

Este lunes, en el XIII Encuentro del Sector Financiero, en Madrid, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha asegurado que recurrirán el impuesto «al día siguiente de pagarlo».

En la misma línea, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha dicho que la tasa será perjudicial para el crecimiento económico, y ha acusado al Gobierno español, sin mencionarlo explícitamente, de querer restringir la actividad de la banca, que es lo que se persigue cuando se ponen nuevas tasas a un sector determinado.

Por su parte, el consejero delegado de Santander España, António Simões, ha dicho que la tasa «no es la mejor forma de combatir la inflación» y que será mala «para la economía española».

Según ha dicho, los 3.500 millones adicionales en impuestos que se quieren recaudar equivalen a 50.000 millones menos en crédito a la economía real que podrá conceder el sector, por lo que se trata de una decisión «equivocada» en un momento en el que banca tiene que estar preparada para apoyar a la economía.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado que la entidad estudiará detenidamente el texto final del nuevo impuesto, para comprobar que se ajusta a derecho, antes de decidir si lo recurren o no, como es su obligación como gestores.

También ha sido muy crítico el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, que ha acusado al Gobierno de articular la tasa «con prisas» y no caer, por ejemplo, en la contradicción que supone que el texto prohíba trasladar el gasto a la clientela, y que el supervisor europeo, la EBA, les aconseje que lo hagan siempre que afronten gastos extraordinarios.

El consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, ha advertido de que, si la tasa sigue adelante, es «muy probable» que la recurran, pues consideran que se basa en argumentos inciertos, ya que el sector no tiene beneficios caídos del cielo y está por ver si los mayores tipos de interés se traducen en más beneficios.

El de Unicaja Banco, Manuel Menéndez, también ha dicho que la tasa no está justificada porque, entre otras cosas, la subida de los intereses no implica aumentos de los beneficios, ya que también influye el coste del riesgo, por no hablar de los años en los que las entidades han tenido que hacer negocio con unos intereses negativos.

«No es el momento»

En representación del sector, la presidenta de la patronal de la banca española, la AEB, Alejandra Kindelán, ha insistido en que este no es el momento más acertado para gravar al sector con un nuevo impuesto, que ha calificado de negativo «para la seguridad jurídica».

Y desde el punto de vista del supervisor europeo del sector, la EBA, el presidente del organismo, José Manuel Campa, ha dicho que aunque se tienda a pensar que con mayores intereses los bancos obtendrán más beneficios –la tesis del Gobierno español para impulsar la tasa– la realidad puede ser muy diferente.

Y es que, el «deterioro constante de la economía puede suponer un menor flujo de crédito», con lo que el negocio bancario se reduce, y además, tendrán que asumir mayores costes de financiación y el contexto económico actual afectará también a la calidad de activos, con un aumento de la morosidad tanto en hogares como en empresas.