Belloch asume que conocían la tortura en Intxaurrondo: «Era lo único que hacía mal Galindo»

El que fue ministro de Interior y Justicia en la época final del Gobierno de Felipe González, Juan Alberto Belloch, protagoniza la última muestra de justificación de violencia estatal. Ha dicho en una entrevista que torturar «era lo único que hacía mal Galindo».

«Como luchador antiterrorista, Galindo era el mejor». Y torturar a detenidos vascos «era lo único que hacía mal». Son palabras el exministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch en una entrevista este domingo al diario digital ‘El Español’, que dirige Pedro J. Ramírez.

Belloch fue ministro de Interior desde 1994 hasta que el PSOE perdió las elecciones de 1996. Son los dos años en que afloraron algunos casos de guerra sucia; el más conocido, la identificación de los restos de Joxean Lasa y Joxi Zabala que habían permanecido diez años abandonados en una morgue de Alacant. Ello puso en el ojo del huracán al todavía entonces jefe del cuartel de Intxaurrondo, Enrique Rodríguez Galindo. Pese a abrirse una investigación judicial sobre él, acabó recibiendo el fajín de general antes de que concluyera la legislatura.

Al respecto, Belloch dice 17 años después que «había dos aspectos: el judicial y el antiterrorista. El judicial: si Galindo había cometido un delito, debía ser investigado como cualquier otro ciudadano. Y lo fue. Pero como luchador antiterrorista era el mejor», asegura. Galindo acabaría años después condenado a 75 años de cárcel por el secuestro, torturas y muertes de los dos jóvenes refugiados tolosarras.

Es en este contexto en el que Belloch señala que Galindo merecía dicho ascenso a pesar de la tortura, que «era lo único que hacía mal». Aparte de la banalización de esa lacra, con la declaración de la evidencia que el Gobierno español era plenamente consciente de lo que ocurría en aquellos calabozos y lo amparaba.

En su momento ya se publicó que el Ministerio de Belloch había abordado el asunto con los responsables de Intxaurrondo. Y que incluso la entonces secretaria de Estado de Interior y hoy ministra de Defensa, Margarita Robles, habría protagonizado una tensa entrevista con Galindo en una visita al acuartelamiento, en la que le habría instado a cerrar algunas instalaciones usadas para torturar.

Mirado en perspectiva, lo que el informe del IVAC encargado por el Gobierno de Lakua demuestra es que en realidad aquel gobierno buscó evitar nuevas condenas por tortura, eliminando las pruebas al respecto. Así, el último caso que ha llegado a condena judicial en el Estado español es de 1992 y se produjo en Bizkaia.

De hecho, en 1995, año en que Belloch fue ministro de Interior y de Justicia de principio a fin, el equipo de Paco Etxeberria tiene registrados 99 casos de tortura. En 1994 y 1996, en que dirigió el Ministerio parcialmente, fueron 125 y 88 respectivamente.

Roldán y el Cesid

Esta parte de la entrevista publicada el domingo no ha tenido apenas repercusión pública, ocultada por la que se lleva el titular y que tiene que ver con los tejemanejes de los aparatos del Estado para resolver la fuga del ex director de la Guardia Civil y corrupto Luis Roldán.

Belloch indica que uno de los mayores miedos del Gobierno de Felipe González en la década de los 90 era «que Luis Roldán apareciera asesinado» porque habrían pasado a la historia «como agente ejecutor».

«Temía que el Cesid asesinara a Roldán para que no tirara de la manta y pasáramos a la Historia por ese crimen», indica Belloch, quien reconoce que «había muchas posibilidades de que ocurriera».

En este contexto, reconoce que pagó 300 millones de pesetas a un intermediario del espía Paesa para detener a Luis Roldán. «No hubo negociación con Paesa. Negocié con otra persona que no ha salido nunca en los medios. No pienso dar su nombre. El pago se efectuó en mi despacho del ministerio en una maleta».

Foro Social: «Inaceptable revictimización»

El Foro Social Permanente se ha hecho eco de estas declaraciones de Belloch sobre la tortura para indicar que «son inaceptables los relatos autojustificativos por parte de quienes tuvieron altas responsabilidades. Al igual que en el caso de José Barrionuevo, se hace necesario el amparo político e institucional a las víctimas del Estado. Tienen el mismo derecho a no ser revictimizadas».