AI acusa a Madrid y Rabat de crímenes y de encubrir los sucesos de Melilla del 24 de junio
Amnistía Internacional ha acusado a Madrid y Rabat de crímenes contra el Derecho internacional y de encubrir los trágicos sucesos en la valla Melilla el 24 de junio, en los que, según sus datos, 37 migrantes murieron y 77 siguen desaparecidos. Así lo recoge en un informe que ha hecho público.
De crímenes contra el Derecho internacional y de encubrir los sucesos de la valla de Melilla del pasado 24 de junio ha acusado Amnistía Internacional a los gobiernos español y marroquí. Estas son las principales conclusiones de un informe que ha realizado sobre esta cuestión y que ha hecho público este martes.
En una comparecencia ante los medios de comunicación, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha señalado que una parte significativa de los 37 fallecidos registrados ese día en la valla de Melilla se produjo «por la fuerza desproporcionada de las fuerzas de seguridad conjuntas».
Al respecto, ha añadido que esas fuerzas de seguridad, «por acción u omisión, cometieron los más graves crímenes contra el Derecho internacional», ya que realizaron un «uso excesivo de la fuerza, se cometieron actos de tortura y violación del derecho a la vida, homicidios y omisión de socorro». En este sentido, ha recordado que las fuerzas de seguridad española utilizaron en su intervención «pelotas de goma y gas pimienta contra personas que estaban asediadas por las fuerzas de seguridad marroquíes».
Nadie procesado ni investigado
Además, una vez registrada la tragedia, «el Gobierno español ha tratado de encubrir los hechos. No ha iniciado de oficio ninguna investigación y ha exonerado a las fuerzas de seguridad de ambos países. Nadie hay procesado o investigado por esos hechos».
Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo «colabora a regañadientes» con algunas investigaciones abiertas, «no se ha interesado por los desaparecidos y ha realizado declaraciones inexactas o falsas sobre los hechos».
Al respecto, Beltrán ha insistido en que «el informe demuestra que el Gobierno español ha proporcionado información no cierta y ha mantenido un discurso de apoyo a las fuerzas de seguridad y minimizando los hechos».
Ha añadido que «hay otras declaraciones no ciertas o falsas, como que los migrantes recibieron atención médica, pero no fue así. La atención no fue rápida y en ocasiones se les negó por completo. La Policía española no permitió el acceso de Cruz Roja a la zona y no hubo respuesta de la sanidad pública. Las autoridades españolas no ayudaron a las personas una vez concluida la actuación policial. La omisión de ayuda de emergencia supuso crueldad y violar el derecho a proteger la vida».
77 desapariciones forzadas
El modo de proceder ha sido muy similar en el caso de Marruecos, según ha criticado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. En este caso se añade la desaparición forzada de 77 personas, sobre la que el Gobierno no ofrece información e incluso «obstruye las gestiones para localizarlas».
«El Derecho internacional obliga a dar información sobre su paradero, pero no han hecho nada. Se han negado a comunicar lista con fallecidos e informar a las familias. Y han impedido a las organizaciones buscar a las personas desaparecidas», ha añadido Guellali.
Como conclusión, Agnes Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha señalado contundente que «estamos informando sobre asesinatos masivos, actos de tortura, devoluciones en caliente y desapariciones. Estamos hablando de asesinatos y de encubrimiento por parte de los gobiernos implicados».
Cambio de política
Por todo ello, desde Amnistía Internacional se pide al Gobierno español que «debe parar esta política violatoria de derechos humanos que ha incrementado los muertos, heridos y desaparecidos. No es la primera vez que ha ocurrido algo así, aunque sea el más grave en 30 años».
También le plantea que cambie «su posición sobre lo ocurrido el 24 de junio y su política migratoria, pasando de una que viola los derechos humanos a una respetuosa con ellos. Una nueva política que no puede basarse en la impunidad de lo ocurrido». En este sentido, añade que «hay que garantizar que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales para poner a disposición de la justicia a funcionarios que han hecho uso ilegítimo de la violencia y que han cometido torturas y desapariciones».
Finalmente, le ha instado a «cumplir y aplicar las recomendaciones de la ONU respecto a la protección de las personas migrantes. Y garantizar el acceso efectivo de las personas al asilo y eliminar las barreras existentes».
«Firme repulsa» de Interior
Tras conocerse el informe, el Ministerio español del Interior ha mostrado su «más firme repulsa» a las acusaciones «sin pruebas» realizadas por Amnistía Internacional. «Lamentamos que se realicen acusaciones contra nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin pruebas, apoyándose solo en testimonios de parte sin contrastar», ha añadido.
Desde Interior valoran el trabajo de la entidad, pero no coinciden con su análisis de la tragedia, pues «en ella la Guardia Civil no tuvo ninguna incidencia».
«No podemos permitir en ningún caso que se acuse a la Guardia Civil de hechos tan graves como supuestas torturas sin base alguna. Estas afirmaciones falsarias son de una extrema gravedad y ante las mismas queremos mostrar nuestras más firme repulsa y reiterar el total apoyo a los agentes de la Guardia Civil que el 24 de junio protegieron nuestras fronteras frente a un ataque violento», concluyen desde Interior.