Cáritas realiza en 2022 en Nafarroa un 14% más de atenciones que el año pasado

Cáritas de Iruñea y Tutera ha atendido a 5.404 personas en 2022, 671 más que en 2021, lo que supone un 14,18% de aumento y un cambio de tendencia, ya que el pasado año se registró un descenso del 20% debido a la pandemia.

El número de personas atendidas por Cáritas en Nafarroa en 2022 han aumentado un 14% respecto al año pasado. Este incremento se traslada también al total de personas beneficiadas, que asciende a 13.202, un 19,76% más que el año anterior, según ha señalado este jueves en rueda de prensa el presidente de la organización, Ángel Iriarte.

En 2022 se ha registrado un significativo aumento de las personas que acuden a Cáritas por primera vez. En 2021 hubo un pequeño aumento, pero este año se han disparado los datos con 1.558 personas, un 56% más. Es un incremento que se debe, en parte, al aumento sustancial en el servicio de inmigración, con un 41%, relacionado con la reapertura de las fronteras tras la pandemia.

Son datos «preocupantes» para Iriarte, que ha puesto el foco en un fenómeno «digno de estudio». El Centro San Miguel de Alde Zaharra de Iruñea, para personas sin hogar, ha atendido a 459 usuarios, un 53% más que el pasado año. El dato de atención de antes de la pandemia, en 2019, fue de 217 personas y este año se han atendido más del doble, y 75 al día.

El 35% de las personas que acuden al centro no tienen ningún tipo de ingresos por no reunir los requisitos para solicitar la Renta Garantizada. Además, el 35%, 185 personas, son menores de 25 años, algo que preocupa especialmente a Cáritas.

Que Nafarroa sea el territorio con menor tasa de pobreza no significa nada, según Iriarte, ya que los datos de atenciones de Cáritas demuestran que hay muchas personas sin recursos.

Iriarte ha señalado problemas que se están «cronificando» y ha indicado como uno de ellos el acceso a la vivienda. «Sigue ahí, como hace 10 años, y no hay políticas que indiquen que la situación pueda cambiar. Es urgente que los políticos dejen las cuestiones que solo les importan a ellos y hagan un pacto entre todas las fuerzas para crear un plan realista que dé cabida a todas las personas y que esté formulado a largo plazo», ha señalado.

La actual situación inflacionista tiene como consecuencia directa «el aumento del coste de la vida y también es una amenaza para el mantenimiento y generación de empleo», según ha explicado Iriarte.

24.000 intervenciones de Cáritas Gasteiz

Por su parte, Cáritas Gasteiz ha realizado un total de 23.787 intervenciones, según los últimos datos disponibles, que corresponden al 31 de octubre, unas cifras «ligeramente al alza» con respecto al año pasado, según datos ofrecidos por la propia entidad.

A finales del mismo mes, estaba acompañando a 8.910 personas y el perfil sigue respondiendo fundamentalmente a migrante y mujer, a las que este año hay que añadir las personas solicitantes de asilo que provienen de Ucrania o Colombia, entre otros.

El importe destinado a ayudas económicas ha crecido y rondaba los 418.023 euros a finales de octubre, a lo que hay que añadir la gestión de 250.514 euros procedentes del Gobierno de Lakua dedicados a atender a las familias refugiadas de Ucrania, lo que hace un total de 668.537,81 euros, casi el doble que en 2021.

Las demandas más comunes fueron las relacionadas con la vivienda, en cuanto al acceso, pago de suministros o alquileres, así como la necesidad de regularización para personas migrantes como vía de arraigo, y el apoyo ante la crisis generada por la subida de los precios, tanto en alimentación como en suministros, material escolar, ropa y otros productos que componen la cesta básica.

La primera estimación de los datos disponibles permite constatar, han asegurado desde la entidad, el crecimiento de la desigualdad dentro de la sociedad, así como señalar situaciones «cronificadas de pobreza» en la Diócesis de Gasteiz, que están haciendo aumentar el número de personas en situación de exclusión, siendo la principal dificultad para la integración social, la exclusión residencial derivada de no poder cumplir los requisitos exigidos para el acceso a una habitación o vivienda en alquiler debido a lo desorbitado de los precios.