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CERMIN pide que se tenga en cuenta a las personas con discapacidad en protocolos de emergencias

La asociación CERMIN ha solicitado en el Parlamento de Nafarroa que, a la hora de fijar protocolos para situaciones de emergencia, como en el caso del covid, se tenga en cuenta a las personas con discapacidad, ya que en la pandemia se violaron derechos de este colectivo, como recoge en un informe.

Presentación en el Parlamento del informe de CERMIN sobre el impacto del covid en las personas con discapacidad. (Iñigo URIZ/FOKU)

Que en los protocolos para emergencias como la pandemia del covid se tenga en cuenta a las personas con discapacidad es la petición que ha formulado la asociación CERMIN en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Nafarroa, donde ha presentado un informe en el que ha recogido cómo ha sido el impacto del covid en este colectivo y plantea una serie de recomendaciones.

La presidenta de CERMIN, Mari Luz Sanz, ha explicado que el citado informe «no tiene carácter de reproche», sino que pretende ser «un aprendizaje para que cuando vuelva a pasar no ocurran situaciones similares y podamos tener unos protocolos claros ante situaciones de emergencia que se pongan en marcha en el mínimo tiempo posible».

El informe, que tiene un carácter «cualitativo, de recogida de lo que la gente había vivido y quería expresar», se centra en cuatro ámbitos en los que se quería comprobar qué derechos de las personas con discapacidad se habían vulnerado. En concreto, se ha trabajado, a través de grupos específicos, las áreas de salud, empleo, educación y centros sociosanitarios.

En el terreno de la salud, se han identificado, entre otros, problemas como la suspensión de procesos de valoración, de los tratamientos y del servicio de rehabilitación, cierre de centros de día, aumento de problemas psicológicos y un confinamiento que les afectaba especialmente, porque son personas que «no pueden estar encerradas tanto tiempo en sus domicilios».

En el ámbito de empleo, el principal problema identificado ha sido la «suspensión de las incapacidades temporales nada más finalizar el estado de alarma», por lo que las personas con discapacidad «tuvieron que volver a sus centros de trabajo sin haberse extinguido el virus». Del mismo modo, las principales problemáticas que afectan al colectivo de personas con discapacidad en cuestión de empleo «empeoraron» con la pandemia: «salarios insuficientes, dificultad para acceder al empleo ordinario y aislamiento de los procesos de inserción en el mercado laboral».

Respecto a la educación, se observa un «descuido» de los procesos de atención individualizada y especializada para el alumnado con discapacidad, situación «que se repitió con la vuelta a la educación presencial y los grupos burbuja». Tanto en los centros de educación especial como en los ordinarios, el principal problema identificado fue que, «pese a la implicación de los profesionales, las familias no tenían el tiempo ni la formación necesaria para seguir todas las indicaciones».

Y en los centros asistenciales fueron una constante los criterios cambiantes, se cerraron sin alternativa de atención y hasta abril 2020 no se realizaron pruebas PCR en residencias. En el terreno de las residencias, Sanz ha criticado que «el paternalismo hacia los residentes ha sido el gran fallo». Se les aplicaba una serie de limitaciones «sin que nadie les haya pedido su opinión. Ha sido con buena intención, pero se ha coartado la libertad de acción».

Tras la detección de estas vulneraciones de derechos, en el informe de CERMIN se hace una serie de recomendaciones. Algunas de ellas pasan por «garantizar los servicios presenciales a las personas con discapacidad, no suspender los diagnósticos y tratamientos, articular medidas de especial protección para las personas con discapacidad que viven solas e implementar políticas activas de empleo para frenar la desigualdad».

También se plantea «elaborar protocolos concretos que atiendan al alumnado con discapacidad en situaciones de excepcionalidad, garantizar que la comunicación sea accesible y comprensible para todas las personas y prestar una atención de urgencia y especializada hacia las personas con discapacidad en residencias y centros, como uno de los grupos sociales más vulnerables de esta pandemia».

Buena acogida del informe

Tras su exposición, los diferentes grupos han valorado la presentación del informe, que ha tenido una acogida positiva de forma unánime. Desde Navarra Suma, Jorge Esparza lo ha calificado de «ejercicio de responsabilidad» y de «bofetada de realidad, porque desgrana los problemas reales para esta población, y a la vez es un regalo para que las administraciones se preparen de cara a la siguiente crisis».

Por el PSN, Nuria Medina ha destacado que durante la pandemia, «el espíritu de aprendizaje del Gobierno de Navarra ha sido desde el primer minuto y se han ido modificando las cosas según teníamos más información» y ha hecho votos porque si llega a producirse una situación similar, «tengamos los servicios públicos reforzados para afrontarla».

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha destacado que «lo que sobrevuela en el informe es que, al final, son los factores estructurales los que han hecho que la covid afecte más a las personas con discapacidad. Partían de una situación de desventaja y la covid las ha dejado más en relevancia». Ha recordado que la pandemia y el informe son anteriores a la aprobación de la nueva Ley de Discapacidad de Nafarroa y que «sería interesante valorar las carencias a la luz de la nueva ley foral. El desarrollo y el cumplimiento de la ley es la mejor garantía para que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan con covid o sin covid».

Desde EH Bildu, Patricia Perales ha señalado que «tenemos que ver el documento como un aprendizaje, ya que a las administraciones nos corresponde garantizar los derechos de las personas con discapacidad». Ha recordado que en las situaciones de crisis, «se buscan soluciones estándar y, en la pandemia, se han llegado a aplicar medidas sin sentido a personas con necesidades específicas. Falta a veces ese prisma más específico». Y en relación al informe, ha indicado que es «una herramienta útil, porque se identifican esas situaciones y sirve para tomar medidas que impidan que se vuelvan a repetir».

Finalmente, por Podemos, Mikel Buil, ha considerado que el informe es «un documento valioso y muy útil», y ha valorado que «plantea muy claramente las recomendaciones», de tal manera que ha apuntado que va a ser «el libro rojo de la futura pandemia en el ámbito de la discapacidad».