Familiares de los masacrados en Pasaia remarcan que «nunca es demasiado tarde» para la verdad

Finalmente será el 28 de marzo cuando se celebre en los juzgados de Donostia la rueda de reconocimiento en la que tomarán parte siete policías, con el objetivo de tratar de identificar a alguno de los participantes en la emboscada que acabó con la vida de cuatro militantes vascos. 

«Para nosotros es tarde, pero nunca será demasiado tarde si se investiga y se aclara». Palabras de Pello Aizpuru, hermano de Dionisio Aizpuru, uno de los cuatro integrantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas que fueron acribillados a balazos en la bahía de Pasaia en marzo de 1984. Junto a él murieron José María Izura, Pedro María Isart y Rafael Delas.

Han transcurrido casi 39 años, y el caso vuelve a primera línea porque se ha hecho cargo de él un nuevo juez que ha decretado que se celebre una rueda de reconocimiento, en la que se ha citado a siete agentes de la Policía española. En principio estaba fijada para el 17 de febrero, pero finalmente será el próximo 28 de marzo en los juzgados de Donostia, a cuyas puertas se convocará una concentración para pedir que se esclarezca la verdad. Los testigos serán Joseba Merino, único superviviente de la masacre, y Rosa Jimeno, detenida, torturada y usada como cebo.

Este martes, en el Ayuntamiento de Azpeitia –dos de los cuatro fallecidos eran naturales de esta localidad– han comparecido familiares, letrados y la alcaldesa, Nagore Alkorta.

Santi González, abogado de las familias, ha repasado la trayectoria jurídica de este caso, que incluso llevaron hasta Estrasburgo, con poco éxito. Ha sido una carrera de obstáculos, pero la causa volvió a abrirse hace año y medio, después de que Merino identificara a varios agentes en un reportaje televisivo que vio en internet. «Con eso fuimos al juzgado otra vez, hay un nuevo juez y parece que tiene interés en esclarecer el caso», ha indicado González.

«Dijeron que les tomarían declaración como testigos, pero entonces no podrían declarar luego como investigados. Recurrimos y al final aceptaron nuestra demanda, y comparecerán como investigados», ha añadido.  

«Será difícil identificar a alguien»

A pesar de este hilo de esperanza, son realistas. «Estamos hablando de un asunto de hace casi 39 años, con lo cual será difícil identificar a alguien», ha reconocido. Durante estas casi cuatro décadas se han topado con un muro a la hora de reclamar listados de nombres, registros de armas, material audiovisual… todo desaparecido como por arte de magia. «Reclamamos una verdadera memoria de lo ocurrido, que se sepa la verdad. Este expediente está agujereado, y eso se debe a que ha habido una voluntad política para ocultar esto», ha defendido el letrado.

Aiert Larrarte es el abogado de la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Azpeitia, tomando el relevo al ya retirado Miguel Castells, al que todos los presentes han agradecido su labor. «Un juez tiene que ver dos cosas. Si hay indicios de delito, y si lo puede imputar a alguien. Lo primero está hecho, hay autopsias, testigos… faltan cosas como imágenes, pero los indicios de delito están ahí. Ahora la dificultad es a quién imputárselos. Faltan documentos, hablan de registros que se perdieron en una inundación… ¿Cuántos policías había en la operación? ¿100, 150, 200…?  ¿Nadie sabe el nombre de ninguno? Hay instituciones que lo tuvieron que saber, pedimos ayuda para aclarar esto», ha señalado Larrarte.

En la misma línea, la alcaldesa, Nagore Alkorta, en nombre del Ayuntamiento de Azpeitia, ha reclamado «que se investigue, se llegue a la verdad y se repare a estas familias, a las que mostramos nuestra solidaridad y nuestro respaldo».