La carga de la prueba y preguntas con copia a Olatz Garamendi

Tras la comparecencia de la consejera de Gobernanza Pública, quedan muchas preguntas. Este medio ha ofrecido información documentada sobre altos cargos que han escapado al control de la Administración sobre su paso a actividades privadas. Garamendi tiene una oportunidad para dar explicaciones.

En su comparecencia del lunes en el Parlamento, la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, afirmó que «no cabe caza de brujas alguna. La carga de la prueba corresponde a quien acusa. Si no fuera así, estaríamos en una situación de indefensión permanente».

Resulta llamativo, a la vez que ventajista, que miembros del Gobierno y parlamentarios que lo apoyan utilicen para criticar a medios de comunicación –como se hizo anteayer– un foro en el que la prensa no tiene posibilidad de respuesta, mientras ellos tienen siempre abiertas nuestras puertas.

Al no ser licenciados en Derecho y para sortear en lo posible el riesgo de incurrir en una «falta de rigor jurídico» también atribuida por Garamendi a los medios, hemos consultado en la Enciclopedia Jurídica qué es exactamente la «carga de la prueba». Y la definición es la siguiente: «Principio del Derecho procesal en virtud del cual se obliga a una de las partes a probar determinados hechos y circunstancias cuya falta de acreditación conllevaría una decisión adversa a sus pretensiones».

Y esto nos ha tranquilizado. En relación al Departamento de Olatz Garamendi, desde el pasado 27 de febrero hemos publicado estas informaciones: «De la dirección general de SPRI a una privada relacionada en 24 horas». «Lakua no logra explicar la puerta giratoria exprés de Alexander Arriola». «Alexander Arriola, Alias Robotics y Accenture no se atuvieron a la ley». «Los agraciados con las puertas giratorias no están en sus anteriores empresas». «Arriola debió pedir permiso para presidir el PNV de Eibar y no lo hizo». «Amenazas a un denunciante de la CEP con copia a Olatz Garamendi». «Altos cargos pasaron al sector privado sin el permiso de Lakua». Evidentemente, este medio está en condiciones de probar los hechos que avalan cada una de estas informaciones.

Preguntas a la consejera

Como una de las obligaciones de los periodistas es preguntar, estaría bien que la ciudadanía pudiera saber qué va a hacer el Departamento de Gobernanza Pública ahora que sabe que al menos una docena de cargos públicos han pasado a la actividad privada sin cumplir la ley, ya que a la consejería de Olatz Garamendi le corresponde «gestionar el catálogo de cargos públicos y su régimen de incompatibilidades, así como encargarse de la llevanza del Registro de Actividades y de Bienes y Derechos Patrimoniales, por medio de su Servicio de Registro de Personal».

Si no se fían de nuestra deontología profesional, con este enlace podrán acceder a sus propios documentos. Basta comparar los cargos cesados con dónde están ahora, quiénes cumplieron con la obligación de presentar una declaración de las actividades que iban a realizar en los dos años posteriores al cese y quiénes obtuvieron la «declaración expresa de compatibilidad o incompatibilidad».

Ahora que el Departamento tiene los datos ante sí, ¿va a hacer algo o seguirá mirando a otro lado y denunciando una supuesta caza de brujas?

Hasta ahora, los medios habían informado de que Juan Diego, hombre que pasó por EiTB y la coordinación del Gobierno, fue cesado el 25 de octubre de 2020 como director de Osakidetza y en tres meses, el 28 de enero, fue nombrado consejero delegado de Edinor, una filial de Petronor. A la consejera le preguntó EH Bildu sobre el caso y evitó dar explicaciones. ¿Va a seguir inactiva o va a revisar la documentación?

A Alex Etxeberria lo anunciaron como director general de Atlantic Data Infrastructure (ADI) antes de que se hiciera público el cese en EJIE. Arantxa Tapia, cuando EP-IU le preguntó si no había conflicto de intereses, respondió que como había sido nombrado en 2013, antes de la ley del Código Ético, no estaba afectado por él. ¿Piensa lo mismo Olatz Garamendi, de la que depende el Registro encargado de realizar «el seguimiento del cumplimiento por los cargos públicos» de lo exigido por ley?

En cuanto al exdirector de la SPRI Alexander Arriola, quedó en el aire por qué «la persona responsable del servicio de Registro de Personal, ejerciendo su autonomía, decidió no elevar propuesta de resolución del expediente, decisión que habilitaba a la persona solicitante a desempeñar sus nuevas labores en el sector privado». Vistos los antecedentes de ayudas y contratos con Eurocybcar, ¿era compatible? ¿Informó del fichaje por Alias Robotic, que se publicó en el Borme? ¿Y por Accenture?

Esto no es una caza de brujas, es periodismo y tiene estas páginas abiertas a todas sus respuestas y explicaciones.