Un documento destapa el intento de Escrivá para la mayor privatización de la Sanidad en décadas

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha remitido un borrador a las Comunidades para que los servicios sanitarios públicos cedan a las mutuas la atención de las contingencias comunes de los trabajadores. LAB ha hecho público el documento que pone en evidencia la maniobra.

Son 27 páginas. En ellas aparece una suerte de convenio tipo, donde los consejeros de las comunidades autónomas y los responsables de cada mutua tan solo tienen que rellenar los huecos indicando el nombre concreto de la consejería y la ley que les otorga el poder para ceder lo que hasta la fecha eran «competencias exclusivas» de la sanidad pública» a las mutuas privadas. El documento tendría una validez de cuatro años, prorrogable. 

Los responsables de LAB han descrito cómo este convenio, en la práctica, tiene el potencial para descapitalizar la sanidad pública y ceder a las mutuas, unas entidades privadas, la atención no solo ya de las enfermedades laborales, sino de cualquier patología que afecte a más del 80% de la población activa. Dicho de otro modo, con la firma de este convenio se podrá establecer una suerte de doble circuito sanitario. Uno para la población con capacidad para trabjar y el otro para aquellos que ya no son útiles para el sistema.

El pretexto del acuerdo es «mejorar la eficacia en la gestión y el control de la Incapacidad Temporal de las contingencias comunes», esto es, de cualquier enfermedad por la que el trabajador curse baja. De este modo, se habilita al médico de la mutua a tratar –«cooperar», textualmente– en «cualquier tipo de patología» para así aliviar la carga asistencial de la Sanidad Pública. 

De un plumazo, este «Convenio de Cooperación y Coordinación para la mejora en la gestión de la incapacidad Temporal y de Asistencia Sanitaria» cedería el tratamiento de las enfermedades del 90% de la población activa a las mutuas, provocando de esta manera la mayor privatización de la sanidad pública que se ha dado en el Estado español. 

La primera de las cláusulas del acuerdo supone, además, un giro copernicano en cómo se entiende la sanidad. Expone que su objetivo es «la más pronta recuperación laboral del trabajador» y no, como hasta ahora, su recuperación completa. 

Serán los servicios médicos de la mutua quienes emitan las propuestas de alta y los plazos que fija el acuerdo para que el Sistema Público pueda responder a la propuesta para recomendar un mayor reposo son terriblemente cortos, en atención al nivel de saturación de los servicios públicos. Solo dispondrán de cinco días para presentar una contrapropuesta motivada. 

Lo mismo para iniciar los tratamientos. Si desde lo público no se responde a una propuesta terapéutica lanzada desde la mutua en esos cinco días, la entidad lo pondrá en marcha al entenderse que existe un silencio positivo. Tal cambio resulta trascendente, en tanto que la Sanidad Pública no entiende de criterios economicistas –aplica tratamientos independientemente de su coste– no así las mutuas que operan bajo criterios de rentabilidad de los mismos. 

Otro de los puntos más llamativos que se vende como «experiencia piloto» permite trasladar la atención integral de un paciente hasta la fecha del alta médica. 

El nivel de privatización que prevé el acuerdo es enormemente profundo. Incluso permitiría a estas mutuas a concertar citas, pruebas diagnósticas y tratamientos con la sanidad privada «para aquellos pacientes (...) que se encuentren en listas de espera». 

Otras partes del acuerdo muestran cuán avanzado está esta negociación por la que Escrivá pretende entregar gran parte de la sanidad pública a estas empresas y, a través de ellas, a toda la sanidad privada. En su cláusula decimocuarta se establece ya el sistema de pagos, cómo habrán de facturarse y que las Comunidades deberán abonar cada mes las facturas que se les emitan, sin tiempo siquiera para verificar y controlar el gasto. 

Asimismo, el documento supone un traspaso de información confidencial de los trabajadores, como es su historia clínica, hacia estas entidades privadas. El asunto es de tal trascendencia que ocupa buena parte del articulado más técnico del informe. Que las mutuas y, en consecuencia, las empresas tengan acceso a esta información puede ser objeto de mala praxis, pues podrán emplearlo para apoyar que las enfermedades laborales tienen origen en enfermedades ya superadas por el trabajador.  

Doble sistema sanitario, para productivos y no productivos

El secretario de Salud Laboral de LAB, Inko Iriarte, ha resumido que el documento, consensuado entre el ministerio y AMAT, refleja que el Sistema Público de Salud y, con ello, la mayor parte del servicio de salud de los trabajadores y trabajadoras y de la población pasaría a manos de las empresas. «Es, en consecuencia, el proceso de privatización más duro que hemos conocido».

Iriarte ha denunciado que al dar la mutua la propuesta de alta, el acuerdo le otorgaría poder para fiscalizar al médico de Osakidetza o de Osasunbidea y exigir en el corto plazo de cinco días los informes técnicos necesarios, teniendo que ofrecer amplias explicaciones ante la mutua: «Esto cambia la lógica actual, y pone al médico del Sistema Público de Salud a las órdenes del médico de una empresa privada».

El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, considera que el documento evidencia un gran salto en los intentos de parasitación de las mutuas hacia el sistema público sanitario: «Desde 1995 se ha dado cada vez más poder a las mutuas en el Estado español, con la ayuda de PNV y UPN. Esta vez la idea es que la Mutua Patronal se haga con el servicio de salud de la población activa, vaciando el Sistema Público de Salud. De ese modo, siguiendo la doctrina neoliberal, el planteamiento de los autores del documento es el siguiente: atención a través de mutuas patronales para aquellas personas productivas para el sistema, con el fin de conseguir su reincorporación lo antes posible; y para aquellas que no se consideran productivas, el sistema público de salud vaciado de recursos».

Arroyo niega que el convenio pueda resolver la situación actual y, es más, aboga por trabajar justo en la dirección contraria: «El camino para ello no es la privatización, sino todo lo contrario: invertir en el sector público. Las mutuas patronales viven a expensas de las cotizaciones de estos trabajadores y trabajadoras. Pues bien, destinemos esas cotizaciones al sistema público, publifiquemos las mutuas y completemos un sistema público sólido. Hay vías legales para ello, sólo hace falta voluntad política».

Hora de plantar cara

Este documento, pese a no haberse revelado hasta la fecha, lleva tiempo sobre la mesa de las consejerías de Nafaroa y la CAV. Arroyo ha planteado que basta de callar y que hace falta que Iñigo Urkullu y María Chivite salgan públicamente «a dar un no rotundo a este intento privatizador».

«Pedimos que asuman un compromiso claro de que la atención de las enfermedades comunes de estos trabajadores y trabajadorás no será encomendada a las mutuas patronales», ha manifestado.

Para LAB, es el momento de empezar a caminar en el sentido conrtrario. Las empresas no tienen por qué concertar con las mutuas las enfermedades profesionales. Se puede hacer también con la sanidad pública directamente. Por ello, el sindicato promoverá «que las empresas concierten la atención de las enfermedades profesionales con la Seguridad Social y, en consecuencia, la gestión se lleve desde el sistema sanitario público».

«La mejor garantía para la salud de los trabajadores y trabajadoras es un sistema público potente», ha proclamado Arroyo.