A 70 euros la consulta, así han tasado la entrega de la sanidad a las mutuas

El borrador de convenio para que las mutuas pasen a gestionar también las enfermedades comunes hecho público por LAB incluye los precios que debería abonar el Estado para un abanico concreto de intervenciones quirúrgicas (lo más caro) así como consultas y pruebas diagnósticas.

Las páginas 14 a 19 del acuerdo revelado por LAB por el que las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social pretenden asumir las enfermedades comunes están dedicadas a las tarifas que cobrarían estas «asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro» por cada una de las intervenciones que están dispuestas a asumir ya para este año. Así, en el Anexo 1 se indica que la primera consulta por una contingencia común (una enfermedad no laboral) costaría a la seguridad social 70,98 euros. Las siguientes, casi a mitad de precio.

El abanico que ofertan es muy similar al que la AMAT (la asociación que engloba las principales mutuas) empleaba para las enfermedades laborales. Hay desde «forfaits quirúrgicos» en clínicas privadas hasta distintas operaciones hospitalarias catalogadas del 1 al 8 según su complejidad y los días de ingreso que requieren, cuyos costes pueden superar ampliamente los 5.000 euros en algunos de los supuestos.

Este catálogo se amplía a radiodiagnósticos y TAC, alergología, tratamiento del dolor, cardiología, dermatología, neurofisiología clínica, oftalmología, otorrinolaringología, neurología, pruebas de laboratorio y rehabilitación, además de las lógicas valoraciones de capacidades del trabajador para volver al escenario laboral.

El nivel de detalle de estas tarificaciones (que un ecocardiograma más un dopler color cueste 102,97 euros o que un perfil preoperatorio se haya tasado en 34,23) muestra, sobre todo, lo avanzado de las negociaciones. Además de esto, algunas de las cifras llaman la atención. Por ejemplo, una PCR covid se ha tasado en 136,5 euros, cuando este tipo de pruebas se pueden contratar a título personal por un coste inferior y se presupone que las mutuas, al negociar contratos más amplios, podrían obtener descuentos.

Segunda copia del convenio

La semana pasada, coincidiendo con el llamamiento a la prensa de LAB, apareció una segunda copia del convenio tipo que NAIZ difundió el jueves pasado. Tras más de un mes de espera, y tras reiterar la petición, el Gobierno de Nafarroa entregó a EH Bildu la copia de la propuesta que les había llegado y que no han firmado. Es idéntico, solo que en formato digital, lo que añade la ventaja de contar con metadatos, que lo identifican como: «1er Borrador Preliminar Propuesta Convenio Tipo colaboración IT Mutuas-SPS», donde presumiblemente IT hace referencia a las siglas Incapacidad Temporal y SPS, al Servicio Público de Salud.

Esta denominación sirve para entender la importancia del acuerdo. Las mutuas ya no distinguen entre los dos tipos de incapacidades existentes, la contingencia común y el accidente o lesión derivada de la actividad laboral. Si una Comunidad Autónoma firma el convenio, la acción de la mutua deja de estar acotada a la actividad laboral y pasa a ocuparse de todo, con la excusa de la saturación del sistema público. En caso de que no tenga medios para acometer esa asistencia, tiene vía libre para concertar con la clínica privada que lo que desee.

Según explica Inko Iriarte, responsable de Salud Laboral LAB, lo más preocupante es el control en la gestión de todas las bajas: «Desde el primer día, la atención sanitaria de toda la población activa puede quedar en las mutuas. El acuerdo les habilita a ello».

La gestión del origen de todas estas patologías no es tampoco una cuestión menor. La mutua podría iniciar un proceso por una enfermedad laboral y luego modificarlo a contingencia común, lo que tiene trascendencia de cara a las indemnizaciones. Basta recordar los juicios recurrentes de los afectados por la asbestosis para que se les reconozca como origen la exposición laboral al amianto.

Otro ejemplo, según Iriarte, es que hoy resulta prácticamente imposible que la mutua reconozca una patología mental, pese a las situaciones de estrés laboral que se dan en numerosas empresas.

Ausencia de control

Desde un punto de vista formal, las mutuas están catalogadas como asociaciones sin ánimo de lucro. En caso de que consiguieran beneficios, deberían revertir este dinero a la Seguridad Social, salvo que lo reinviertan. Lo que sucede es que reinvierten siempre. Todas estas mutuas han ido haciéndose con un patrimonio enorme, con inversiones que difícilmente pueden justificarse desde una perspectiva sanitaria. Mutualia, por ejemplo, se hizo con el edificio Pakea de Donostia.

La fiscalización que se hace de las mutuas es escasísima, por lo que se disponen de pocos datos. Hay escándalos puntuales, como el de Mutua Universal o la Mutua de las Canarias. El documento de referencia sería el informe del Tribunal de Cuentas de 2017 (aprobado en firme en 2020) donde se investigó a cuatro mutuas aleatorizadas, una por cada categoría.

Encontraron irregularidades en todas. Cuentas mantiene abiertos seis expedientes. Detectaron ventas de sociedades de una mutua a directivos, que en meses revendieron la sociedad por cuatro veces más, ganando 22 millones.

Afloraron facturaciones que no cuadraron y hasta cargos de matrículas universitarias de familiares de los responsables, cestas de navidad, complementos para la jubilación ilegales, pagos de alquileres a personas concretas, atención sanitaria en clínicas privadas para directivos, etc.