«La detención se instrumentaliza para reprimir la protesta contra la reforma de las pensiones»
Esa es la principal conclusión del informe presentado por la dirección general encargada de velar por el respeto de los derechos fundamentales en cárceles y comisarías del Estado francés. Un diagnóstico grave dirigido a un Gobierno que amenaza ya con reforzar el arsenal represivo.
La primera ley antidisturbios fue promulgada en 1970. Esto es dos años después de que las calles de París se inflamaran con protestas en el episodio hoy icónico de Mayo del 68.
Nacía así, de la mano del Gobierno del primer ministro Jacques Chaban-Delmas, la primigenia «loi anti casseurs», una norma destinada a castigar la participación en «actos vandálicos» en lo que la izquierda hexagonal interpretaría como una normativa liberticida que, de hecho, decayó tras la llegada a la Presidencia de François Mitterrand en 1982.
El Gobierno de Emmanuel Macron, y más en concreto su ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, aspira a rescatar esa ley que ya inspiró en buena medida la norma del 10 de abril de 2019 relativa a orden público por la que se castigaban, entre otros comportamientos, el acudir a manifestaciones a rostro cubierto con penas de un año de cárcel y 15.000 euros de multa.
En otro contexto caliente, el de la revuelta de los llamados Chalecos Amarillos, la Ley de Seguridad Global se abría paso con medidas, similares a la Ley Mordaza, para evitar, sin ir más lejos las grabaciones en vídeo de las actuaciones policiales en las calles.
El artículo que sembró mayor polémica estipulaba que la difusión de fotos de los agentes en acción con el objetivo de «perjudicar el bienestar físico o mental» de los mismos podría ser penado con hasta un año de cárcel y una multa de 45.000 euros.
Cómo castigar más sin sufrir la amonestación del Constitucional
«Quiero hacer todo lo que esté en mi mano para evitar que alguien venga a una manifestación para matar a un policía», expresaba, este pasado 3 de mayo, en los micrófonos de France Info, el titular de Justicia francés evocando las imágenes televisivas de agentes noqueados en el suelo y en algunos casos con el uniforme en llamas que marcaron las horas posteriores a la multitudinaria movilización social del Primero de Mayo celebrada en París.
Dupond-Moretti anunciaba que abrirá desde este viernes un proceso de reflexión junto al ministro de Interior, Gérald Darmanin, sobre la eventual reforma aunque, guiado quizás por su larga trayectoria como abogado, recordaba que el Consejo Constitucional censuró la norma securitaria de 2019.
Ese «cónclave de sabios» que ha desestimado, este 4 de mayo, la demanda de que se pueda dirimir la reforma de las pensiones mediante un referéndum de iniciativa ciudadana, tal como proponía la oposición de izquierda, se pronunció, efectivamente, contra la intención del primer Gobierno de Emmanuel Macron de dar a los prefectos la potestad de prohibir manifestaciones que se incluía en esa ley que, con retoques, es la que está en vigor en el Hexágono desde 2021.
Una tentación de legislar ahora, una vez más en caliente, podría volverse, sin embargo, contra el Gobierno, máxime cuando desde organismos cuyo nombramiento depende del propio Ejecutivo se cuestiona la gestión policial de las movilizaciones contra la reforma de las pensiones.
Visita a nueve comisarías parisinas
Efectivamente, la responsable de la dirección general encargada de velar por el respeto de los derechos fundamentales en comisarías y prisiones en el Estado francés ha hecho público un duro informe en el que denosta que «se instrumentalice la detención como mecanismo para reprimir» las protestas ciudadanas que jalonan desde enero el trámite de la reforma de las pensiones.
En un correo enviado al Ministerio de Interior, con fecha de 17 de abril, Dominique Simonnot solicita así a Gérald Darmanin que «vele especialmente por el respeto a lo que dice la ley y a las ordenanzas relativas al periodo de detención».
El largo movimiento social pilotado por la mayoría de los sindicatos del Estado francés ha dado lugar a imágenes chocantes como la habilitación de autobuses a modo de comisarías rodantes en las que retener a personas que, según señalan sus abogados, no son objeto de acusaciones concretas y, de hecho, son liberadas, normalmente sin cargo, tras permanecer horas detenidas, en ocasiones en condiciones que la «controladora» define como indignas.
Tras el arresto de medio millar de personas en una de esas jornadas de movilización social, Dominique Simonnot y sus colaboradores se personaron en la noche del 24 al 25 de abril en nueve comisarías de Policía de la capital gala.
Detenciones violentas y cacheos injustificados
En el informe elaborado a raíz de esa ronda por las comisarías, Simmonot describe detenciones violentas, cacheos injustificados, condiciones de higiene deplorables e irregularidades en los expedientes de detención.
Todo ello para que, en el 80% de los casos, esas personas salgan libres y en el 20% en que sus casos llegan a un juez, queden también en libertad, normalmente sin cargos, al no aportarse pruebas que justifiquen el trato de que fueron objeto por el hecho de protestar en las calles.
La «controladora» concluye que desde la Prefectura y la Policía se ha optado por el uso masivo de la detención preventiva lo que le lleva a alertar sobre su uso con fines meramente represivos.
El informe, que ha tenido un amplio eco en los medios de comunicación franceses, coincide con algún traspiés en tribunales para el Gobierno, ya que desde la Justicia se ha parado los pies a prefecfuras que, en base al cuadro global de gestión del orden público en vigor, han tratado de impedir las caceroladas que acompañan a cada desplazamiento de Emmanuel Macron o cualquier otro miembro de su Gobierno, a los que espera sistemáticamente un ruidoso cortejo de ciudadanos opuestos a la idea de trabajar dos años más antes de acogerse a la jubilación.