EH Bildu registra una ley para regular la influencia de los «lobbies» en la CAV

EH Bildu ha registrado una proposición de ley en el Parlamento de Gasteiz para regular la relación entre la Administración, el Parlamento y los «lobbies» o grupos de interés con el objeto de garantizar la transparencia y el control público de estas actividades.

EH Bildu ha presentado en el Parlamento de Gasteiz una proposición de ley para regular la relación de la Administración, del «personal empleado público con capacidad de influencia en el ámbito de su sector» y del Parlamento, con los lobbies o grupos de interés, con el objeto de garantizar la transparencia y el control público de estas actividades.

Los grupos de interés, también denominados grupos de presión o lobbies, son aquellos que pretenden influir en la formulación de las políticas públicas y en las decisiones de los gobiernos e instituciones. La ley recoge que dichos grupos pueden representar intereses de sectores como empresas, sindicatos, grupos de consumidores u organizaciones no gubernamentales, entre otros.

Se explica en la proposición que «tradicionalmente, tales grupos de interés se han asociado con empresas del sector energético, farmacéutico, financiero, agrario y tecnológico, que han solido ejercer una presión más profesionalizada para influir como lobbies en las políticas públicas; pero son asimismo las que más han recurrido al tráfico de influencias, al uso de información confidencial, al abuso de poder, a las redes clientelares, a las puertas giratorias, a la corrupción».

En opinión de EH Bildu, se trata «de uno de los temas más corrosivos de nuestro tiempo, porque dilapida recursos públicos, aumenta la desigualdad económica y social, alimenta el descontento y la polarización política y reduce la confianza en las instituciones. Por ello es necesario su control».

Vacío legal y una «visión positiva»

El autor de la iniciativa, Josu Estarrona, ha explicado a NAIZ que esta ley es necesaria porque en la CAV existe un «vacío legal» sobre esta materia. Recuerda que en las dos pasadas legislaturas se anunciaron leyes de transparencia, que podía recoger algo parecido al respecto, pero que no llegaron nunca al final de su tramitación y tampoco parece que en esta legislatura vaya a aprobarse, puesto que el Gobierno prevé mandarla al Parlamento en el segundo semestre.

Señala Estarrona que lo que propone su grupo «es una ley que establece los criterios de identificación de los grupos de interés, crea un registro y facilita la inscripción en el mismo. Además establece cauces para quienes pretendan ejercer una legítima actividad de influencia basada en la integridad pública».

De hecho, destaca que «frente a la concepción tradicional y más extendida hasta la fecha», la propuesta de EH Bildu se plantea «alineada con la legislación más actual al respecto». Por ello, Estarrona afirma que la ley está redactada «desde la visión positiva del propósito de influir», para lo que «establece cauces de participación de forma reglada del conjunto de la sociedad para el diseño y adopción de decisiones en las políticas públicas». Recoge que, por ejemplo, «el gobierno podrá abrir a los grupos de interés un proceso participativo previo a la elaboración de las normas».

Porque EH Bildu tiene la visión de que ante la Administración puedan influir no solo las grandes empresas, que la ciudadanía sospecha que ya lo vienen haciendo de forma descontrolada, sino también deberían poder hacerlo los movimientos sociales. Todos los grupos que pretendan influir en cargos del gobierno, funcionarios con capacidad de decisión o parlamentarios, deberán estar inscritos en un registro. Y el cargo público con el que se entrevisten tendrá la obligación de dejar constancia del encuentro en su agenda pública, incluso aunque la cita sea una comida fuera del lugar de trabajo.

«Huella legislativa»

La ley prevé establecer una «huella legislativa» de la actuación de estos lobbies. Estarrona apunta que «cuando las actuaciones de los grupos de interés previstos en la ley tengan por objeto influir en la elaboración y adopción de anteproyectos de ley y de proyectos de decreto, el departamento competente para su tramitación emitirá un informe de memoria donde se recogerá toda la información al respecto». Y pone el ejemplo de que si se tramita una ley de cambio climático y ha habido reuniones con Iberdrola o Petronor, deberá quedar constancia de ello.

Añade que «igualmente el Parlamento garantizará la publicidad de los contactos mantenidos con grupos de interés en el marco de la tramitación de las iniciativas legislativas».

La ley fijará también garantías para su cumplimiento, establecerá cauces para alertadores de infracciones con la garantía de anonimato de la persona denunciante, y desarrollará un régimen sancionador específico y detallado.

Sobre si la CAV tiene competencias para la redacción de una ley de este tipo, el parlamentario de EH Bildu sostiene que sí. Recuerda que Madrid, Castilla-La Mancha y Catalunya tienen un registro de los grupos de interés, que en el caso catalán está vigente desde 2014 y que ahora se encuentra en proceso de renovación. También señala que la alcaldía de Ada Colau fue pionera al ponerla en marcha también en el Ayuntamiento de Barcelona. Añade que otras comunidades están también tramitando leyes similares.