«Ninguna causa de inelegibilidad», dictamen tajante de Fiscalía sobre las listas de EH Bildu
Dignidad y Justicia intentó llevar a la vía penal la persecución mediática y política a candidatos de EH Bildu, pero la Fiscalía ha dado carpetazo al asunto este miércoles y de modo contundente.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto y cerrado al mismo tiempo su investigación previa sobre la denuncia de Dignidad y Justicia sobre las 44 personas condenadas por la Audiencia Nacional que han sido incluidas en las listas electorales de EH Bildu, al determinar que no hay delito ni causa de inelegibilidad.
En un texto de cuatro páginas, recogido por Europa Press, la Fiscalía señala que para «un riguroso análisis de la denuncia, se han recabado las hojas histórico-penales de las personas condenadas a las que se hace expresa referencia». Y concluye que tras estudiarlo «no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos hallemos ante un supuesto de inelegibilidad de los previstos en el art. 6.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General».
Apunta que los hechos tampoco tienen «trascendencia penal o constituyen un ilícito de esta naturaleza». «Por consiguiente, a la vista de los antecedentes penales de las personas reseñadas, se considera que los hechos denunciados no resultan penalmente típicos», añade.
El carpetazo se conoce un día después de que siete de estos candidatos especialmente señalados al aparecer en sumarios con víctimas mortales anunciaran que no tomarán los cargos, tras defender su legitimidad pero considerar que ello favorece a la paz y la convivencia.
Dignidad y Justicia amplió esa denuncia este mismo lunes pidiendo a la Fiscalía que iniciase el proceso de ilegalización de EH Bildu y ampliando la investigación a todos los candidatos de la coalición, solicitando que se certificase «cuáles están vinculados a organizaciones o entidades vinculadas a la organización terrorista ETA».
El decreto de archivo de la Fiscalía señala que tras el estudio de la denuncia «procede dictar decreto de incoación y archivo de las presentes diligencias» al entender que no hay infracción penal alguna. Asimismo, advierte a la asociación de que las juntas electorales son quienes tienen la competencia del control de la legalidad de las candidaturas.
El PP se desmarca de Ayuso
En este contexto, la agencia Efe ha difundido un teletipo que apunta que el PP ha estudiado la Ley de Partidos y ha llegado a la conclusión de que no es posible ilegalizar a EH Bildu por llevar a 44 condenados por «terrorismo» en sus listas porque esta normativa, de 2002, está pensada para un contexto en el que ETA existía y estaba en activo.
Con la normativa vigente las listas de EH Bildu, admiten, son legales. El partido de Alberto Núñez Feijóo no plantea por ello ilegalizar a EH Bildu. La dirección nacional se aparta así de la postura adoptada por Vox, pero también por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que lo planteó como una posibilidad.
Fuentes de la dirección nacional explican que el PP se sitúa en posiciones serias y «brindis, los justos».
Cosa distinta, apunta siempre esta información, es un cambio legislativo, no para impedir que EH Bildu se presente a las elecciones, sino para exigir un plus de eligibilidad que garantice «candidaturas éticas», un debate que en todo caso el PP ve complejo y que se debe estudiar en profundidad porque afecta a la constitución y al derecho de sufragio y sería necesario tocar además la Ley Electoral.
En la cúpula del PP admiten que, como este miércoles les ha recordado Pedro Sánchez, no es la primera vez que EH Bildu presenta a condenados por la Audiencia Nacional, pero subrayan que hasta ahora ni el PSOE ni el PP pactaban con esta formación, ni esta jugaba un rol en la gobernabilidad.
Por eso ponen en el foco en el PSOE, pues creen que Pedro Sánchez ha confirmado por «omisión» que pactará tanto a nivel estatal como en Euskal Herria con esta formación si llegan a acuerdos. El PP se centrará en evitar esos pactos. Y ha presentado una proposición en el Congreso exigiendo al Gobierno romper de forma definitiva con EH Bildu.