Filmar a la Policía que vuelve a matar; el «caso Nahel»

La muerte filmada de un chaval de 17 años coloca al Gobierno francés ante la imposibilidad de negar lo evidente. Una realidad lacerante que tras las llamas nocturnas ha mutado el jueves en «marcha blanca», mientras el presidente del «orden, trabajo, progreso» busca un improbable punto de equilibrio.

La realidad lacerante a la que señala la muerte de un chico del extrarradio parisino en un banal control de tráfico ha puesto bajo el foco una doctrina de seguridad que, ciñéndonos a la presidencia macronista, traza una línea desde los manifestantes mutilados con flash-ball (granadas) durante el alzamiento del Movimiento de Chalecos Amarillos (2018), hasta el señalamiento de un nuevo enemigo interno, el «ecoterrorismo», con la ilegalización del movimiento Soulevements de la Terre (2023).

De Nanterre, a Lyon, de Lille a Toulouse, y hasta en la propia capital francesa, o en la prisión de Fresnes, las cámaras ha filmado durante la pasada noche un sinfín de edificios oficiales, autobuses y todo tipo de mobiliario urbano en llamas.

Desde que, en el marco de la lucha contra el yihadismo, se ampliaran, en el año 2017, las condiciones de uso de las armas por los agentes franceses, los muertos en el contexto de controles de carretera se han multiplicado por cinco.

Interior revictimiza a los a lo sumo infractores de tráfico, endosándoles antecedentes o perfiles insostenibles

Por citar solo algunos antecedentes. En la noche electoral del 24 de abril de 2022, dos ocupantes de un vehículo fallecieron y un tercero resultó herido por los disparos de un policía en el parisino Pont Neuf.

Como en el caso del joven Nahel M., a quien se ha rendido homenaje esta tarde Nanterre con una «marcha blanca» convocada por la madre del chico, que ha hecho el recorrido sobre una furgoneta abierta, ataviada con una camiseta que pide justicia para su hijo, el ministerio con sede en la Plaza Beauvau se escudó en la «legítima defensa» invocando el riesgo de que la patrulla fuera embestida por el automóvil a la fuga.

La Justicia desbarató la versión oficial e imputó por «homicidio voluntario» al pistolero sentando un cierto precedente.

El 14 de junio murió otro joven, Alhoussein Camara

La misma acusación ha oficializado el Tribunal de Nanterre, que ha decidido enviar a la prisión de La Santé al policía que disparó en el pecho a Nahel. Lo ha hecho este 29 de junio en el que también se ha conocido que el tribunal de Angulema ha solicitado el procesamiento por esa misma acusación del policía de disparó y mató a Alhoussein Camara (19 años), el 14 de junio pasado en Saint-Yrieix (Charante), igualmente tras «saltarse un control».

La muerte de Nahel, que ha adquirido más relevancia porquer ha inflamado los barrios populares -tras la «marcha blanca» han vuelto a reproducirse los enfrentamientos con la Policía y los destrozos de servicios y locales- ha hecho que se ponga el foco en la norma de 2017 sobre el uso de armas, pero cabe recordar que sobre ese suelo normativo se han abonado otras doctrinas sin las que no se entiende la proliferación de «incidentes».

Ni tampoco la diversidad de la paleta de víctimas.

Sin obviar los elementos diferenciadores del caso de Nanterre -es obvio que el escenario del crimen cuenta, y mucho, al darse en uno de esos barrios populares que incluso desde antes de ese estallido de 2005, se inflaman cada vez que matan a «uno de los suyos»- conviene abrir un poco el campo de visión.

Máxime cuando el humo de las barricadas de la ira se utiliza ya para nublar la vista. Y el análisis.

De 2005 a 2023, inercias y cambios

Entre otras razones porque el tiempo y los espacios no son estáticos. Y hay que preguntarse por los factores que cambian, prestando atención a los mensajes que emanan de acciones hasta hace poco relativamente poco frecuentes.

Es obligada así la referencia a recientes ataques contra instituciones de proximidad. En el contexto de esta muerte en Nanterre, se ha prendido fuego en varios ayuntamientos, caso del de Nantes-la-Jolie.

Otra barriada popular donde, en diciembre de 2019, policías encañonaron a estudiantes de un liceo tras obligarles a arrodillarse ante una pared con las manos en la nuca, en un acto de humillación colectiva del que se supo gracias a las cámaras y las redes sociales.

Sin embargo, a centenares de kilómetros de ese arrabal, en Burdeos, el 23 de marzo pasado se registró un incendio provocado del porche de la Casa Consistorial, al margen de una manifestación contra la reforma de las pensiones.

Unas acciones que dan cuenta de hasta qué punto al compás de la deriva autoritaria que desde hace años denuncian organismos como la Liga de Derechos Humanos (LDH) ha tenido el efecto indeseable para los proponentes de esa cadena de reformas, a cada cual más liberticida, de dejar a la intemperie a la propia legitimidad republicana.

Fue en 2020 cuando se adoptó, al calor de la mayoría absoluta de un entonces novel Emmanuel Macron, el llamado libro blanco de la seguridad.

Sobre sus renglones torcidos se escribió la más conocida Ley de Seguridad Global, sobre la que lanzaron advertencias hasta tres relatores de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que motivó una fuerte contestación ciudadana.

La versión gala de la Ley Mordaza incluyó inicialmente la prohibición de filmar las intervenciones policiales.

Las asociaciones de periodistas dieron la batalla y consiguieron que de la versión definitiva desapareciera tal capítulo.

¿De no mediar las imágenes de un video que explicita la violencia policial se habría referido Macron en términos de acto inexplicable e inaceptable a la muerte del joven de Nanterre? La respuesta es obvia.

Aquel borrado parcial, por saludable que fuera, no exime de dejar patente que las limitaciones de derechos propias de la norma siguen siendo una espada de Damocles.

A estas horas lo es ya para los habitantes de unas zonas periurbanas en las que la presencia de fuerzas policiales se ha convertido prácticamente en la única, y poco apreciada, referencia del Estado. Tras dos noches de revuelta, Interior anuncia el despliegue de 40.000 agentes, en  un intento de atajar -¿a cualquier precio?- la ira.

En base a esa norma, la Policía ha obtenido la autorización legal para vigilar con drones los puntos más calientes de las periferias urbanas en las que se extienden las llamas.

De la extensión de la videovigilancia al reconocimiento facial, las gentes que sobreviven en los ángulos opacos de la República, son objeto de un fichado en masa.

La Policía no filma sistemáticamente, aunque dispone de marco legal y material para hacerlo, sus intervenciones, pero, en pleno luto ahora lanza un barrido generalizado sobre unas calles doloridas por la muerte de un joven de 17 años, jugador de rugby, inscrito en un programa para promover la «inserción social», criado por una madre que, no es 2005 es 2023, también graba su dolor y difunde su homenaje al hijo perdido en redes.

Imagen fuerte. Assa Traioré, hermana de Adama, muerto en julio de 2016, ha estado en Nanterre, acompañando en el dolor, y en la reclamación de justicia a la madre de Nahel.

Imágenes y más imágenes

Hay ya demasiados precedentes de muertes que se filman y se difunden por las redes en la antesala de una respuesta violenta. Los suficientes para saber lo que eso cambia y lo que no.

Los vídeos muestran parte de la verdad, pero no siempre ayudan a hacer justicia y, de momento, no impiden la repetición.

Por romper esquemas, hasta el patrón de edad se derrumba en ese reguero de muertes que, a priori, solo se sostienen en infracciones al código de tráfico, pero cuyas causas no se pueden entender sin incorporar al análisis, no ya sólo las normas que han amparado la política de gatillo fácil, sino la variable más flagrante, esa que lleva a interpretar a los guardianes del orden público a interpretar, casi a primera vista, al «otro» como un enemigo, ya en razón de sus rasgos faciales, de su código postal, o de la causa por la que acude a protestar a la calle.

Lemas racistas, incluso en la Asamblea Nacional

Las cámaras graban el sonido y de las bocas de los agentes salen frases inasumibles, como ese «vuélvete a África» que se hizo viral en boca de un electo lepenista en la Asamblea Nacional y que los agentes, y sus sindicatos abiertamente porosos a las consignas de la ultraderecha, incorporan a su manual de conducta.

Las versiones misóginas y homófobas de esa consigna se han prodigado en las últimas fechas, incluso en movilizaciones sociales como las llevadas a cabo en el contexto de la reforma de las pensiones.

El joven Nahel se sacaba unas perras como repartidor, el mismo oficio precario que ejercía otra víctima, Cédric (42 años).

Cédric Chouviat, un repartidor de 42 años de edad, falleció en el hospital un 5 de enero de 2020, horas después de ser detenido por cometer una infracción de tráfico en la capital francesa.

Imagen de una agonía

Mediapart difundió un vídeo que reveló el carácter violento de la detención del padre de familia.

La Fiscalía reconoció que Chouviat murió por asfixia por fractura de laringe, ello como consecuencia de una maniobra de inmovilización que, como ocurre con los proyectiles que se siguen empleando en las manifestaciones, aparece en numerosos informes como una práctica que causa muertes.

Muertes que es más sencillo condenar cuando son filmadas a ese otro lado del Atlántico hacia el que miran los analistas franceses que, en sesión continua en platós de televisión, tratan de demostrarse a sí mismos que, por más que las cámaras digan lo contrario, esto no puede estar pasando en la «patria de los derechos humanos».