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Puigdemont pierde la inmunidad europea pero Madrid tiene difícil su ofensiva jurídica

Como se esperaba, el Tribunal General de la Unión Europea ha retirado la inmunidad a los dirigentes independentistas catalanes Puigdemont, Comín y Ponsatí, lo que no cambia sustancialmente su situación a la espera de otro recurso posible y tras la derogación del delito de sedición.

Un cartel reclama la libertad de Puigdemont. (Kenzo TRIBOUILLARD/AFP)

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha confirmado este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña y eurodiputado Carles Puigdemont, en una sentencia que afecta también a los exconsellers y eurodiputados de JxCat Clara Ponsatí y Toni Comín.

De esta forma, desestima el recurso del president en el exilio contra la decisión de la Eurocámara de suspender su inmunidad europarlamentaria, siguiendo la petición del Tribunal Supremo español para intentar condenarle por el «procés».

Teóricamente ello abre la puerta a que el juez Llarena vuelva a presentar euroórdenes en su contra, aunque su recorrido cada vez parece menos viable, toda vez que en el Estado español se ha procedido a la reforma del delito de sedición.

Llarena ya adaptó esta modificación del Código Penal en el pasado mes de enero dejando los delitos para los tres en malversación y desobediencia, castigados con penas mucho menores. En concreto, en ese auto del 12 de enero el magistrado español retiró la sedición para Puigdemont, aunque lo mantuvo en búsqueda y captura.

Recurso ante el TJUE

Para empezar, frente a esta decisión del TGUE cabe recurso de casación, que debe presentarse en dos meses, algo que la defensa del president en el exilio ya ha adelantado que hará. «Nos desestiman ambas demandas, estudiaremos los argumentos del Tribunal General y esto nos obliga a recurrir en casación como hemos hecho en todas las ocasiones anteriores», ha apuntado el abogado Gonzalo Boye en redes sociales.

En la misma línea se ha pronunciado el propio Puigdemont, que ha advertido de que «nada no se acaba, todo lo contrario. Todo continúa. Presentaremos recurso al TJUE, y defenderemos hasta el final nuestros derechos fundamentales, que son también los derechos fundamentales de los catalanes y los europeos».

Llarena tendrá que esperar

La ofensiva española, de producirse, tampoco será urgente ni quizás tenga viabilidad. Fuentes jurídicas españolas citadas por Europa Press han recordado que la ley marca que Llarena pida opinión al Ministerio Público y a la acusación particular antes de emitir nuevas euroórdenes. Así las cosas, los ojos están puestos ahora en la Fiscalía y en la Abogacía del Estado, a quiénes corresponde, en su caso, interesar las OEDEs para que el juez pueda lanzarlas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, una vez dictadas las euroórdenes, son los jueces belgas quienes tienen que acordar la detención y entrega de Puigdemont y sus antiguos consejeros. Desde el Supremo no se descarta la posibilidad de que vuelvan a aducir lo que califican como «razones banales» para no enviarlos a España, lo que podría obligar a Llarena a plantear una nueva cuestión prejudicial, con las dilaciones consecuentes.

Junto a ello, apuntan que el caso de Ponsatí dista de los de sus dos compañeros en el Parlamento Europeo puesto que se se quedó únicamente con acusación de desobediencia, un delito que no está castigado con pena de cárcel -solo inhabilitación y multa-.

Reacciones y muestras de apoyo

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. La exconsellera Dolors Bassa, condenada por la consulta del 1-O, ha remarcado que «ahora queda el recurso al TJUE para defender los derechos fundamentales de las personas catalanas y en especial del movimiento independentista catalán».

El secretario general de Junts, Jordi Turull, que también sufrió la represión del Estado español, ha mostrado su apoyo a los exiliados en un mensaje publicado en Twitter.