La UE acuerda con Túnez su papel de policía migratoria a cambio de mil millones de euros

La UE ha firmado con Túnez un acuerdo para que el país africano ejerza la labor de «policía de fronteras» y frene los flujos migratorios hacia Europa, a cambio de una ayuda de 1.000 millones de euros en una situación de grave crisis económica y deriva autoritaria y racista de su presidente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Van der Leyen, y los primeros ministros de Italia y Países Bajos, Giorgia Meloni y Marc Rutte, han firmado este domingo en Túnez un memorando de entendimiento para un acuerdo en materia migratoria, del que no han trascendido detalles y sin mencionar la ayuda macrofinanciera de más de 1.000 millones de euros ofrecida hace un mes por la Comisión, aunque sus firmantes sí han hecho luego referencia a estos fondos.

«Se ha acordado que Túnez protegerá mejor sus fronteras y abordará el tráfico de personas, a cambio de inversiones de la UE. Ese dinero está destinado a mejorar la economía tunecina», ha adelantado un portavoz del primer ministro neerlandés saliente, Rutte, sin que en la rueda de prensa desde Túnez los tres responsables europeos aportaran más detalles.

El pacto firmado hoy hace hincapié en la labor de agente de fronteras que se subcontrata a Túnez, siguiendo el modelo de Turquía o Marruecos, y con la habitual referencia a «mafias» y devoluciones, más que a la seguridad de los migrantes.

Así, contiene acuerdos «para interrumpir el modelo de negocio de los traficantes de personas, para fortalecer el control fronterizo y para mejorar los procesos de registro y retorno», según ha informado el primer ministro neerlandés.

El autodenominado ‘Equipo Europa’ ofreció en la visita del 11 de junio cinco pilares de financiación en el sector de la digitalización, la energía, la migración, el intercambio humano y el desarrollo.

Sin embargo, hoy no se ha hecho mención alguna a este último, destinado a aliviar la grave crisis financiera que atraviesa el país, que contemplaba 900 millones de euros además de 150 millones en apoyo presupuestario, pero condicionado a la concesión del préstamo de 1.900 millones dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante esa visita, Von der Leyen indicó que la UE proporcionaría a Túnez 105 millones de euros para el año 2023 para frenar la migración irregular, casi tres veces el promedio anual de fondos de migración de la UE para Túnez de los últimos dos años.

Deriva autoritaria

Túnez está viviendo una galopante crisis económica, migratoria y política, con una oposición que lleva meses discutiendo la legitimidad del preisdente, Kais Saied, que desde julio de 2021 diera en julio de 2021 un golpe de Estado por el que gobierna con plenos poderes y aprobara una nueva Constitución hiperpresidencialista.

Eurodiputados exigieron esta semana a la Comisiónvolver a poner «la Democracia y los Derechos Humanos en el centro de cualquier acuerdo con Túnez».

Las detenciones desde marzo de más de una treintena de opositores de todo el espectro político ha hecho saltar también las alarmas. Dos de ellos, Chaima Issa y Lazhar Akremi, fueron liberados el jueves lo que fue interpretado como un guiño para maquillar el acuerdo con la UE, aunque decenas de críticos permanecen en prisión provisional por supuestamente conspirar contra el Estado.

La situación de los derechos humanos en Túnez también ha sido una de las preocupaciones de los donantes en las negociaciones para el préstamos del FMI, cuyo programa de reformas se está redefiniendo tras el rechazo de Said a aplicar los amplios recortes de gasto público que contemplaba el acuerdo inicial.

Deriva racista

En paralelo, Túnez afronta una crisis interna desde que el presidente tunecino alertara en febrero de «hordas de inmigrantes ilegales» y un plan para desdibujar el carácter «árabe-musulmán» del país. Esta agitación fomentada el racismo institucional ha provocado enfrentamientos entre residentes de Sfax, ciudad costera y principal punto de salida en la ruta mediterránea, y migrantes subsaharianos.

Según organizaciones humanitarias, cientos de personas habrían sido expulsadas a zonas desérticas fronterizas, y han denunciado agresiones físicas, el robo de su dinero y el destrozo de sus teléfonos móviles por parte de la Guardia Nacional y el Ejército.

La Media Luna Roja tunecina confirmó esta semana la evacuación de 600 personas en una operación humanitaria en la zona tapón de Ben Guerdane (sur), controlada por el Ejército, en la que los migrantes no tenía acceso a comida ni agua.

Diversas organizaciones de Derechos Humanos consideran que Túnez ha dejado de ser un «país seguro» para la devolución de migrantes y solicitantes de asilo en las intercepciones del Mediterráneo Central.