La inflación ocasiona una mayor desigualdad en la CAV, según el CES

La inflación ha ocasionado una mayor desigualdad en la distribución de las rentas en 2022 en la CAV, según recoge la memoria del Consejo Económico y Social correspondiente al pasado año.

El Consejo Económico y Social (CES) ha presentado esta mañana en Bilbo la Memoria Socioeconómica de la CAPV de 2022, en un acto presidido por la presidenta del Consejo, Emilia Málaga, y el presidente de la comisión encargada de realizar el informe, Jon Barrutia.

Han sido los encargados de exponer los retos socioeconómicos identificados durante 2022, así como las consideraciones y recomendaciones incorporadas en el informe. Para ello, han realizado un repaso de los principales indicadores, constatando los avances y retrocesos, y las posibles evoluciones de los mismos.

Barrutia ha señalado que el efecto de la reforma laboral ha supuesto en la CAV el aumento del empleo y de la calidad del mismo, al tiempo que ha expresado su «preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios debido a la inflación y por la pérdida de empleo del sector industrial», sobre todo, del femenino.

La presidenta del CES ha destacado que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa lograron mantener un crecimiento significativo el año pasado, cifrado en el 4,4 por ciento del PIB, inferior al de 2021, si bien 2023 «se complica» y los datos apuntan a «una ralentización del crecimiento».

Según ha señalado, el último trimestre del año pasado ya mostró cierta «debilidad» ligada a la alta inflación y al alza de los precios energéticos, lo que está afectando a la parte más vulnerable de la sociedad y ocasiona una pérdida en la calidad de vida.

A pesar de los buenos datos macro del pasado ejercicio, el CES ha constatado «un incremento de la desigualdad de las rentas». La CAV tiene una Tasa Arope (población en riesgo de pobreza o exclusión) del 16%, frente a casi el 28% en el Estado español y casi el 22% en la Unión Europea, por lo que resulta «favorable» en esa comparación. Sin embargo, los datos revelan un aumento de la población vasca en riesgo de pobreza y exclusión, y un empeoramiento en términos de renta.

Las cifras muestran que 120.000 personas, un 5,6 % de la población, se encuentran en situación de pobreza real y la atención primaria del ámbito sanitario está «algo debilitada», el mercado de la vivienda «está muy impactado por la inflación» y se «mantienen muy altas las tasas de temporalidad en el sector público».

El informe evidencia «las fortalezas» de la realidad socioeconómica vasca, «que es resistente» y se sustenta gracias a «su competitividad» ligada a la innovación y a la protección social «muy consolidada», además de una cualificación profesional muy elevada entre la población joven.

Aun así, han alertado de la baja tasa de actividad, tanto en hombres como en mujeres, por cuestiones «multifactoriales y sociológicas», como la pérdida de interés y el desánimo de acceder al mercado laboral de las personas de más edad que han sido expulsadas del mismo. Barrutia ha incidido en la necesidad de buscar un equilibrio entre la productividad y los salarios para mejorar esa tasa.

Competitividad

Además, en 2022 creció la demanda externa, ya que la economía de la CAV «tiene un alto componente de tecnología media», con casi un 32% de las ventas en el ámbito de productos tecnológicos de nivel medio y alto, mientras un 32% del empleo está en ámbitos de tecnología media y alta.

«Estamos siendo competitivos respecto al mercado exterior», situación que tiene que ver con los indicadores de innovación, que sitúan a la CAV «a la cabeza del Estado y muy arriba en el ámbito europeo», ha añadido.

Al CES le «preocupa» que esa economía digital puede «dejar atrás a personas que estén sufriendo esa transición» y ha abogado por un «planteamiento de la innovación como una estrategia global en la que hay que tener en cuenta la digitalización y las tecnologías, el capital humano y el liderazgo con el objetivo de no dejar a nadie atrás».

Además, le preocupa la distribución de los fondos europeos Next Generation y ha apuntado que «los mecanismos burocráticos no deberían dificultar su acceso a la población y al tejido productivo». Por lo tanto, alerta de la falta de optimización de estos fondos.

Finalmente, estima que hay una crisis demográfica, entendida como un cambio profundo que requiere herramientas, como la estrategia 2030, y que sigue siendo un reto para la CAV. En 2022, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa perdieron población y «ni siquiera el saldo migratorio ha podido compensar el descenso vegetativo», ha avisado.