Singapur ejecuta por primera vez en 20 años a una mujer condenada por tráfico de drogas

En un contexto de endurecimiento del control de tráfico de drogas y de incremento de las ejecuciones en Singapur, este viernes ha sido ejecutada por primera vez en 20 años una mujer, a pesar de las protestas y peticiones de organismos como la ONU para que no se llevara a cabo.

Singapur ha ejecutado este viernes a Saridewi Djamani, ciudadana condenada a muerte por traficar con alrededor de 30 gramos de heroína, la primera mujer ejecutada en casi dos décadas, en medio de un nuevo repunte de los ajusticiamientos vinculados a delitos de drogas en la ciudad-Estado asiática.

Djamani, de 45 años, fue condenada a la pena capital en junio de 2018, según ha confirmado este viernes en un comunicado la Oficina de Narcóticos de Singapur (CNB, por sus siglas en inglés).

A pesar de las protestas de grupos defensores de los derechos humanos como la Comisión Global de Políticas de Drogas, la Federación Internacional por los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, Singapur ha anunciado la ejecución de la acusada por haber violado la Ley sobre Uso Indebido de Drogas.

Esta ley prevé la pena de muerte si la cantidad traficada es superior a 15 gramos, por lo que a pesar de que la acusada apeló su sentencia, el tribunal de apelación desestimó el recurso.

La CNB ha argumentado en un comunicado que Djamani ha traficado con más del doble de la cantidad permitida, «suficiente para alimentar la adicción de unos 370 abusadores durante una semana». Así, ha remarcado que la pena capital se utiliza «únicamente» para los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas que causan daños muy graves, no solo a los toxicómanos individuales.

«La pena capital es parte de la estrategia integral de prevención de daños de Singapur que se dirige tanto a la demanda como a la oferta de drogas», indica la misiva del organismo.

Por su parte, Djamani argumentó que no podía hacer declaraciones ante la Policía con claridad porque padecía de síndrome de abstinencia. Este razonamiento fue rechazado por un juez del Tribunal Supremo, según el cual la mujer «a lo sumo había estado sufriendo abstinencia leve a moderada de anfetamina durante el período de toma de declaración», por lo que según el tribunal no habría afectado a su capacidad para testificar.

La segunda esta semana

Según grupos locales de derechos humanos, Djamani es la primera mujer ejecutada en Singapur desde 2004. Sin embargo, es la segunda persona ejecutada esta semana y la decimoquinta desde que el Gobierno reanudó esta práctica a principios de 2022.

Según ha explicado el diario ‘The Guardian’, las ejecuciones se pararon durante dos años a causa de la pandemia y desde que las retomaron, la ciudad-Estado ha llevado a cabo una media de una ejecución al mes.

La primera ejecución del año, en abril, despertó críticas especialmente por tratarse de un intento de tráfico de marihuana –cuyo consumo es legal en países vecinos como Tailandia– y las dudas acerca del proceso judicial, pues el ejecutado y su entorno afirmaban que este nunca había visto ni tocado la droga.

El último en ser ajusticiado fue Mohd Aziz bin Hussain, el miércoles, un hombre singapurense y malayo de 56 años, que también estaba condenado por cuestiones relacionadas con las drogas.

Reacciones

Tal y como recoge el medio citado anteriormente de declaraciones de Chiara Sangiorgio, experta en pena de muerte del movimiento Amnistía Internacional, «esta semana se ha puesto el foco, de manera oscura y trágica en la falta total de reforma de la pena de muerte en Singapur».

«No hay evidencia que la pena de muerte tenga un efecto disuasivo singular o que tenga algún impacto sobre el uso y disponibilidad de las drogas», ha añadido Sangiorgio. «El único mensaje que envían estas ejecuciones es que el Gobierno de Singapur está dispuesto una vez más a desafiar las salvaguardas internacionales sobre el uso de la pena de muerte».

Amistía Internacional ha pedido a los gobiernos, a la Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas y la Junta Internacional de Estupefacientes que «aumenten la presión sobre Singapur para que ponga fin a su enfoque altamente punitivo de las políticas de control de drogas».

La organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) también ha denunciado la «inhumanidad sin límites» de Singapur.

Phil Robertson, subdirector en Asia de HRW, ha afirmado mediante un comunicado que desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia de covid-19, «el Gobierno y los tribunales se han movido como una máquina, cada vez más rápido, para recuperar el tiempo perdido, aparentemente decididos a vaciar el corredor de la muerte lo más rápido posible».

«La ejecución de Saridewi Djamani, la primera mujer en décadas que va al patíbulo, muestra que nadie quedará a salvo del esfuerzo galopante para mostrar que el gobierno es duro contra las drogas», ha añadido Robertson.