Las ayudas de los países del G20 a los fósiles rompen todos los récords

Las ayudas a los consumidores para paliar el precio de la energía tuvo en 2022 un efecto perverso: duplicó sobradamente las subvenciones que reciben, directa o indirectamente, los combustibles fósiles. Las subvenciones a los productores también crecieron.

Los países del G20 apoyaron los combustibles fósiles con 1,4 billones de dólares durante el año 2022. Es más que el doble que los años anteriores, con pandemia o sin ella, ya que fueron 0,6 billones en 2019 y 2021, y 0,5 en el año del coronavirus. Son datos de un informe con un nombre elocuente: «Avivando las llamas: el G20 proporciona un apoyo financiero récord a los combustibles fósiles».

El trabajo, que alerta duramente sobre los peligros de seguir subvencionando la producción y el consumo de los combustibles responsables del calentamiento climático, está elaborado por el International Institute for Sustainable Development (IISD) y la global Subsidies Initiative, y se enmarca en una iniciativa para rastrear la evolución de las políticas energéticas del cual también forma parte, como socio, el Basque Centre for Climate Change (BC3).

Buena parte del incremento fue responsabilidad de las ayudas a los consumidores, pero el informe subraya que también la producción de combustibles creció respecto a los dos años anteriores.

Recuerda, además, que ya en 2009 los gobiernos miembros del G20 se comprometieron a «eliminar gradualmente y racionalizar a medio plazo los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, al tiempo que se proporciona apoyo específico a los más pobres».

Del mismo modo, como firmantes del Acuerdo de París, se comprometieron a «situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero».

En este sentido, los autores del informe subrayan que «los flujos financieros públicos deberían ser los primeros en moverse en esa dirección», por ser responsabilidad de los gobiernos y por el potencial que tienen para influir sobre los flujos financieros privados. Nada de esto, sino todo lo contrario, ocurrió el año pasado.

La importancia de diseñar bien las ayudas

Con los precios de la energía desbocados, en buena parte por la guerra de Ucrania, los países del G20 acudieron al auxilio de empresas y familias, con ayudas directas al consumo de combustibles fósiles, ya fuese para mantener la máquina en marcha, ya fuese para poder calentar la casa o arrancar el coche. Esto, sin embargo, tiene el efecto perverso de subvencionar el petróleo, el gas y el carbón, principales causantes de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Solo Berlín, París y Roma dedicaron 213.000 millones a subsidios para paliar la factura de los combustibles.

«Ayudar a los hogares y a las empresas durante una crisis energética es comprensible y necesario, pero hay mejores maneras de hacerlo que subsidiando los combustibles fósiles, que mantienen a los consumidores atrapados en fuentes de energía con alto nivel de emisiones y de precios volátiles», puede leerse en el informe, en el que se considera que «transferir el apoyo de los combustibles a las personas es fundamental para la implementación sostenible de los compromisos de eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles».

Es decir, esos 20 céntimos por litro que estableció el Gobierno de Pedro Sánchez no deberían haberse vinculado al consumo directo de diésel o gasolina, sino transferido a los ciudadanos, según los autores.

En cuanto a las ayudas directas a la producción, el informe advierte en primer lugar de que es difícil rastrearlas, debido a la falta de transparencia y a la propia metodología conservadora de la OCDE, de la cual se extraen los datos. Con todo, el informe las critica abiertamente, al señalar que la financiación pública de la producción de combustibles fósiles suele ir acompañada de volúmenes de financiación privada muy superiores. Apuntan que esos subsidios públicos son, a menudo, la manera de movilizar mayores inversiones privadas en la producción de nuevos combustibles fósiles, lo que a la postre no hace sino desembocar en mayores emisiones.

En cifras contantes y sonantes, las inversiones de las empresas estatales en combustibles fósiles se mantuvieron en 2022 por encima de la media, y el informe alerta que prevén un aumento para 2023.

Dos ejemplos que llegan desde la India

El informe cita en dos ocasiones a la India con sendos ejemplos concretos –también menciona el papel del Banco de Desarrollo de Brasil en el impulso de las renovables–. En el primero menciona a la empresa pública india NTPC, responsable de la electricidad que consume el 24% de la población –hablamos de un país de 1,4 mil millones de habitantes–. Esa electricidad se produce sobre todo mediante 65 GW de potencia instalados en centrales de carbón y gas. Solo cuenta con 3,3 GW de renovables, pero bajo el impulso del Gobierno, tiene otros 17 GW de potencia en construcción y ha detallado un plan para llegar a los 60 GW renovables para 2032. Esto contrasta con la mayoría de empresas estatales del G20, cuyas inversiones en renovables son irrisorias.

En segundo lugar, aunque advierte de que tiene sus riesgos y sus efectos no deseados, el informe dedica un apartado a la política fiscal india sobre los fósiles. Destaca su flexibilidad, capaz de subir los impuestos cuando los precios están bajos, y de bajarlos cuando suben, como ha ocurrido los dos últimos años. Del mismo modo, aplauden el impuesto sobre los beneficios caídos del cielo aprobado por el Gobierno, que ha permitido recaudar 3.000 millones de dólares este año, los cuales serán directamente dedicados a acelerar la transición energética.

Además de los contraproducentes subsidios, el informe también señala que los impuestos son insuficientes, ya que no sirven para cubrir los costes que el empleo de fósiles tiene para la sociedad.

Sobre los impuestos y tasas a los combustibles fósiles, el informe advierte crudamente de que estos «no reflejan los costes» que estas fuentes de energía tienen para la sociedad. Se trata de unos costes que tienen que ver sobre todo con la polución del aire y las emisiones de GEI que causan la emergencia climática, y que el propio FMI cuantifica en unos cinco billones de dólares al año. Los autores recuerdan que los impuestos podrían ser una forma de compensar, en cierta medida, estos costes, pero lamentan que estamos lejos. El precio que pagamos por la energía fósil no es consecuente con el daño causado.

¿Y las renovables?

El informe también dedica varios apartados a analizar el impulso a las renovables y, sobre todo, a comparar el apoyo que reciben respecto a los fósiles. En resumen, la tendencia no es mala, pero la velocidad de tortuga no está a la altura de lo que se necesita.

Las ayudas a las renovables han aumentado considerablemente, hasta situarse en 265.000 millones de dólares en los últimos tres años. Los subsidios a los combustibles fósiles, sin embargo, aumentaron a mayor velocidad, y solo en 2022 fueron cinco veces mayores.

Por ejemplo, el informe apunta como dato positivo que la financiación internacional a la producción de combustibles fósiles ha caído en los últimos años, pero señala, acto seguido, que esta sigue siendo cuatro veces mayor a la que reciben los proyectos de energías renovables.

En el caso de los subsidios de los países del G20 a la producción y el consumo de energías renovables ocurre algo parecido, pero todavía más acentuado. En los últimos tres años, apuntan, las ayudas han subido a los 265.000 millones de dólares, lo que supone un aumento considerable respecto a años anteriores. Sin embargo, apenas queda en nada si recordamos que, solo en 2023, los subsidios a los fósiles fueron cinco veces mayores.